Con su venia, presidente;
El origen eminentemente popular de nuestra Carta Magna y su trascendencia como garante de la democracia y la justicia social compromete al Estado mexicano a procurar bienestar para la población en lo general, y para nuestros campesinos en lo particular, grupo que desempeñó un papel protagónico en la lucha armada que tuvo lugar en nuestro país en los albores del siglo pasado.
En este sentido, resulta fundamental atender aquella que ha sido una de las principales reivindicaciones de nuestros campesinos del México postrevolucionario. Me refiero a la aspiración de miles de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, de obtener por parte de las instituciones estatales seguridad en la tenencia de la tierra.
Para enfrentar de mejor manera el problema de la pobreza que aqueja a nuestro país y que se recrudece en el ámbito rural, es necesario impulsar políticas destinadas a captar nuevas inversiones, así como fomentar la creación de empleos en el campo y elevar su productividad con la intención de abonar al mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes.
Para lograr lo anterior es imprescindible contar con un marco jurídico que dé certeza a todas las formas de propiedad de la tierra, de manera tal que desde el ámbito legislativo se contribuya en la tarea de inyectar dinamismo al agro mexicano y éste sea capaz de ofrecer un futuro más atractivo para las generaciones venideras de campesinos; avanzando con ello en el objetivo de alcanzar en el largo plazo la deseada sustentabilidad alimentaria de nuestra nación.
Se trata de reformar la ley para detonar el desarrollo del campo, promoviendo normas que otorguen mejores condiciones para producir y mayores beneficios a los productores rurales, especialmente a quienes de forma tradicional han dependido de una agricultura de subsistencia.
Hoy tan vulnerable ante lo impredecible que han sido y vuelto nuestros fenómenos meteorológicos como consecuencia del cambio climático, cuya ocurrencia ha terminado por empobrecer hasta a niveles lacerantes a los campesinos mexicanos, a quienes el Estado no ha sido capaz de brindarles los apoyos suficientes para hacer frente a situaciones de este tipo.
Por otra parte, el fenómeno conocido como latifundismo ha sido desde la época colonial uno de los problemas más grandes con los cuales ha lidiado nuestro país a lo largo de su historia, y que es casi todos los científicos sociales de las más diversas tendencias, coinciden en que la excesiva concentración de riqueza territorial en unas cuantas manos, tiene efectos nocivos que obran en detrimento de la gran mayoría de la población.
El latifundio representa un obstáculo para el óptimo aprovechamiento de la tierra, que se le asocia con un bajo nivel de productividad de la misma.
A pesar de que la Constitución de 1917 estableció en su artículo 72 que en nuestro país están prohibidos los latifundios, el sistema de tenencia de la tierra sigue estando altamente polarizado entre un pequeño grupo de grandes unidades de producción, las cuales generan la mayor parte de producto agrícola y las miles de parcelas cuya explotación en ocasiones no alcanza ni siquiera para satisfacer las necesidades más básicas de una familia.
Motivo por el cual actualmente sigue siendo necesario impulsar la realización de acciones en contra de la concentración de la propiedad rural.
Si bien la Ley Agraria vigente planteó en su exposición de motivos como uno de los principales objetivos dejar debidamente establecidos y documentados los legítimos derechos de toda forma de tenencia de la tierra en nuestro país para quedar como definitivos, 22 años después de su publicación siguen existiendo rezagos en materia, uno de los cuales pretende subsanarse a través de la presente reforma, la cual responde a la necesidad de dar plenitud y coherencia a los ordenamientos jurídicos relacionados con la materia agraria.
De manera tal que la ley que se pretende modificar refleje aquello que establece nuestra Carta Magna respecto a los latifundios. Es decir, la prohibición expresa de los mismos.
Lo anterior, como ya lo expresamos, tiene la finalidad de dar mayor seguridad y certeza al régimen de la propiedad agrícola en nuestro país y promueve con ello mejores condiciones de vida para los campesinos. Por ello, el Partido y el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista votarán a favor del decreto puesto a discusión.
Es cuanto, señor presidente.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
