El derecho penal no es suficiente para solucionar los problemas de corrupción, ya que la acción punitiva se ejerce cuando el daño ya está hecho, por ello deben contemplarse acciones en el ámbito preventivo; por ejemplo, la configuración de mecanismos para incentivar las denuncias por parte de los ciudadanos.
La corrupción desincentiva la inversión del sector privado, afecta la economía de las familias mexicanas, distorsiona la distribución del ingreso y genera desigualdad y discriminación en el disfrute de los derechos humanos. Por lo tanto, la corrupción representa un fuerte obstáculo para el desarrollo nacional.
De acuerdo a datos de Forbes, que es un reconocido organismo financiero, que se dieron a conocer en mayo de 2014, a México le cuesta los temas de corrupción al menos 100 mil millones de dólares por año.
Aunado a lo anterior, y de acuerdo al índice de percepción sobre corrupción que realiza Transparencia Internacional, nuestro país se encuentra en el lugar 103 de 175 naciones evaluadas, con una calificación reprobatoria de 35 sobre el 100 por ciento. Así mismo, cabe señalar que entre los 34 países que conforma la OCDE, nos encontramos como el peor evaluado.
Por este motivo, se requiere combatir a la corrupción mediante políticas adecuadas que fortalezcan las acciones en contra de este tipo de conductas cometidas por servidores públicos en detrimento del interés nacional, pero esas acciones deben alcanzar también a los particulares que incurren en prácticas indebidas.
El Estado mexicano ha suscrito y ratificado instrumentos internacionales encaminados a garantizar la existencia de un órgano especializado en la lucha contra la corrupción, así como a promover y fortalecer el desarrollo de las instituciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos indebidos en el ejercicio de las funciones públicas.
A manera de anécdota les quiero comentar que en Baja California, nosotros fundamos junto con otro grupo de políticos, empresarios y académicos de diversas corrientes políticas y algunos de ellos apartidistas, un observatorio ciudadano que pugna por la transparencia y rendición de cuentas.
Es por ello, que yo como legislador estoy comprometido porque este Sistema Nacional de Anticorrupción sea sometido a consideración en las próximas semanas y logre el consenso adecuado de las diversas fuerzas políticas nacionales porque es necesario dotar al Estado de las herramientas jurídicas y administrativas necesarias para que nuestro país supere las malas prácticas tanto de los servidores públicos como de los particulares que obran en contra del interés general de la nación.
En este sentido, y ya para terminar diputado presidente, en el grupo parlamentario del Partido Verde estamos de acuerdo con la urgencia de discutir cuanto antes estos dictámenes que darán pie a la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que quedó pendiente el periodo pasado.
El mensaje enviado por el Congreso de la Unión tiene que ser firme y claro: en México no se van a tolerar más las prácticas de corrupción, en ningún nivel de gobierno y para ello se necesita reformar esta Ley.
Es cuanto, diputado presidente.
Por su atención, muchas gracias.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
