El presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, lamentó profundamente el presunto feminicidio de Edith Guadalupe, un hecho que genera indignación y dolor en la sociedad. De igual manera, expresó su consternación por los lamentables sucesos registrados el pasado 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México.
Las y los legisladores manifestaron su solidaridad y acompañamiento a las familias, amistades y seres queridos de las víctimas, ante pérdidas irreparables que no debieron ocurrir señaló.
Sesma Suárez dijo que el Congreso confía en que las autoridades competentes llevarán a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales y oportunas que permitan esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia, sancionando a quien o quienes resulten responsables.
Asimismo, reiteró con firmeza que la violencia, en cualquiera de sus formas, no puede ni debe normalizarse. En este sentido, se hizo un llamado a todas las instancias de gobierno a redoblar esfuerzos para fortalecer las acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia.
Durante la sesión, se solicitó a las y los presentes guardar un minuto de silencio en memoria de Edith Guadalupe y de las personas que perdieron la vida en la zona arqueológica de Teotihuacán.
- PVEM alerta por riesgos del gas LP y pide reforzar prevención, supervisión y mantenimiento en instalaciones
Urge reforzar acciones de prevención, supervisión y mantenimiento en instalaciones de gas LP ante los riesgos que representa su uso en la CDMX dijo la diputada del PVEM en el Congreso, Claudia Neli Morales Cervantes.
Advirtió que “el gas LP es indispensable en la vida diaria, ya que se utiliza en hogares, negocios, mercados e incluso hospitales; sin embargo, también representa un peligro constante para millones de familias” pues muchos de los cilindros carecen de mantenimiento lo que hace que aumenten los riesgos de fugas, incendios y explosiones.
Morales Cervantes, recordó que incidentes registrados últimamente en distintas alcaldías, como Benito Juárez, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, han dejado personas lesionadas, pérdidas materiales y, en algunos casos hasta víctimas mortales.
La diputada ecologista reconoció que existen esfuerzos institucionales, “pero estos no han sido suficientes, ya que los accidentes persisten”. Entre las principales causas que ocasionan graves problemas se encuentran además de los cilindros en mal estado, instalaciones deficientes, prácticas irregulares en la distribución y falta de supervisión.
Por ello, planteó la necesidad de la prevención, a través de una mayor coordinación entre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las 16 alcaldías, con el objetivo de proteger a la población y evitar desastres.
La legisladora destacó que urge corregir instalaciones, retirar cilindros en mal estado y atender a tiempo posibles fugas tanto en casas, negocios, mercados y hospitales y con ello evitar tragedias.
- Se busca poner fin a este abuso desde la raíz
Hay una realidad que indigna y que pocas veces se dice, en México miles de personas indígenasaceptan trabajos sin entender lo que firman.
En un país con más de 7 millones de personas hablantes de lenguas indígenas, casi 866 mil no hablan español. Esto las deja prácticamente indefensas al momento de conseguir empleo, porque los contratos laborales están escritos en un idioma que no comprenden.
Y aunque algunas personas sí hablan español, eso no significa que entiendan los términos legales de un contrato. Palabras técnicas, condiciones complejas y letras pequeñas terminan por convertirse en una trampa.
Ante esta situación, la diputada Paula Pérez Córdova impulsa una iniciativa que busca poner fin a este abuso desde la raíz y que las personas empleadoras estén obligadas a entregar los contratos laborales en la lengua indígena de cada trabajador.
Con esta medida se busca algo básico pero poderoso, que todas las personas entiendan sus derechos antes de aceptar un empleo.
Esta propuesta pone sobre la mesa una deuda histórica con los pueblos indígenas y lanza un mensaje claro, ya no más simulación, ya no más discursos vacíos. Es momento de garantizar justicia laboral para todas y todos, sin importar el idioma que hablen.