- A fin de reconocer el trabajo que desempeñan los asesores en el proceso legislativo
El diputado Mario Alberto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, propuso declarar el 18 de agosto de cada año como Día Nacional del Asesor Parlamentario, a fin de reconocer su trabajo en el proceso legislativo.
El diputado federal explicó que la propuesta busca instituir una fecha conmemorativa para destacar el papel fundamental de los asesores parlamentarios en la elaboración de proyectos de ley. Explicó que su compromiso con el análisis, la precisión y la excelencia en la producción legislativa es un pilar esencial para la convivencia democrática y el fortalecimiento institucional.
En el desarrollo de la propuesta, señaló que el trabajo de los asesores parlamentarios consiste en investigar, estudiar, analizar y redactar borradores de proyectos que serán debatidos por los legisladores. "Su labor nos permite comprender a fondo cada tema, nos ayuda a tomar decisiones informadas y a construir un debate sólido", apuntó el legislador.
Asimismo, López Hernández, expuso que la participación de los asesores parlamentarios enriquece el análisis técnico y jurídico de las propuestas, de igual forma contribuye a la viabilidad y efectividad de los proyectos de ley. "Su presencia en las reuniones de las comisiones legislativas les permite tomar nota de las opiniones de los legisladores y de expertos externos, lo que garantiza un análisis exhaustivo y sistemático de cada propuesta", explicó.
En conclusión, el diputado Mario Alberto López, mencionó que su propuesta de declarar este día en honor al asesor parlamentario es un merecido reconocimiento a su labor, la cual es esencial para la construcción de un marco normativo más justo y eficiente en nuestro país.
En los Centros de Atención Juvenil se deberán ofrecer programas educativos, capacitación en oficios, actividad física, atención psicológica y espacios artísticos y culturales
Con el objetivo de garantizar que los adolescentes detenidos en Centros de Atención Juvenil reciban una atención integral y humanizada durante su internamiento, así como herramientas clave para su desarrollo y reintegración en la sociedad, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) propuso una reforma al artículo 18 de la Constitución.
El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, autor de la iniciativa, subrayó que la propuesta establece como obligatoria la implementación de programas de educación formal, capacitación para el trabajo, actividad física, atención integral a la salud mental, y espacios que promuevan la participación en actividades artísticas y culturales. Estos elementos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los jóvenes y lograr una reinserción efectiva a la sociedad.
Asimismo, enfatizó que brindar formación académica y capacitación en oficios durante el internamiento permite a los jóvenes adquirir herramientas esenciales para su autonomía y productividad en la vida adulta.
Cuanalo Araujo afirmó que esta reforma representa un paso firme hacia un sistema de justicia juvenil más humano, incluyente y enfocado en la verdadera reinserción social, reafirmando el compromiso del Estado mexicano con los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, sostuvo que fortalecer el sistema de justicia juvenil no solo impacta positivamente a los adolescentes involucrados, sino que también contribuye al bienestar general de la sociedad al reducir la reincidencia delictiva y fomentar comunidades más seguras y cohesionadas.
“Esta reforma es una inversión en el futuro del país y en la construcción de un México más justo, seguro e incluyente”, concluyó.
Con el firme compromiso de fortalecer el marco legal en temas fundamentales para el país, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron ante la Cámara de Diputados una iniciativa con la cual se busca incrementar las penas a quienes cometan delitos relacionados con hechos de corrupción en el sector salud.
La iniciativa propone modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. con la finalidad de castigar con más severidad los delitos relacionados con actos de corrupción en el sector salud.
Las y los legisladores del Verde estamos convencidos de que la corrupción en el sector salud no solo representa un delito con un alto impacto económico y un daño al patrimonio del Estado, sino que constituye una amenaza directa a la vida y al bienestar de millones de mexicanas y mexicanos.
Desde el Partido Verde subrayamos que el tráfico de medicamentos, la alteración de cadenas de suministro y el uso indebido de recursos públicos en el sector salud son crímenes que deben ser castigados con todo el peso de la ley por tratarse de actos que afectan directamente a las familias mexicanas en situaciones de vulnerabilidad.
La reforma busca imponer penas de hasta 70 años de prisión a quienes participen en el robo, acaparamiento, tráfico, aplazamiento de la distribución sin causa justificada o comercialización sin autorización de medicamentos, vacunas e insumos del sector salud. Asimismo, se establece la destitución o inhabilitación para ocupar cargos públicos a los funcionarios que incurran en actos de corrupción relacionados con el sistema de salud.
Esta propuesta se encuentra alineada con la visión del Segundo Piso de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado su compromiso de fortalecer las medidas anticorrupción y garantizar el acceso pleno a la salud para todas y todos los mexicanos.
En el Verde seguiremos promoviendo reformas que fortalezcan la confianza ciudadana, el combate a la corrupción y aquellas que contribuyan a construir un país que garantice a sus ciudadanos acceso pleno a la salud.