• La extorsión no solo obliga a cerrar escuelas y comercios; también destruye empleos, frena proyectos de vida y afecta a cientos de familias.
• Morelos el primer lugar nacional en extorsión presencial, según el SESNSP.
Ante el incremento de los efectos de la inseguridad en Cuautla, la senadora Juanita Guerra Mena presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Morelos, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal y a la Mesa Estatal de Paz a fortalecer las acciones de investigación, prevención y combate a la extorsión, además de reforzar la seguridad en el municipio para garantizar el libre desarrollo de las actividades educativas, empresariales y productivas.
Señaló que, en diversas regiones de la entidad, la violencia y la presencia de organizaciones delictivas han generado un clima de inseguridad que limita el ejercicio de derechos fundamentales como la educación, el trabajo y la libertad de comercio y el desarrollo económico.
Como ejemplo de esta situación, destacó el anuncio del cierre definitivo del Colegio Stratford, en Cuautla, institución educativa que durante 36 años brindó servicios a cientos de niñas, niños y jóvenes de la región. Explicó que la rectora Ana Evangelina Rodríguez Ramos anunció la decisión durante la ceremonia de graduación del ciclo escolar 2025-2026, al señalar que el cierre obedeció, entre otros factores, a las complejas condiciones de seguridad que enfrenta el municipio.
Afirmó que este hecho evidencia que la violencia sigue afectando a sectores estratégicos para el desarrollo del país y recordó que diversos sectores económicos de Morelos han sido afectados por amenazas relacionadas con el delito de extorsión o "cobro de piso", práctica mediante la cual grupos delictivos exigen pagos ilegales bajo amenazas contra personas, familias, bienes o establecimientos.
Indicó que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta mayo de 2026 el estado de Morelos registró 307 casos de extorsión de los delitos que no son denunciados. Asimismo, la entidad ocupó el primer lugar nacional en extorsión presencial, así como en otros delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes durante el periodo de enero a mayo de este año.
La legisladora ecologista subrayó que el cierre de una escuela, una empresa o un comercio, por miedo o amenazas, se pierden empleos, se interrumpen proyectos de vida, se afectan cientos de familias y se debilita el tejido social.
La extorsión no solo afecta negocios: también obliga al cierre de escuelas y empresas, destruye empleos y golpea a cientos de familias.
En ese sentido, destacó que la seguridad pública es una función esencial del Estado y un derecho fundamental de todas las personas, indispensable para proteger la vida, la integridad, el patrimonio y las libertades de la población.
Finalmente, Guerra Mena solicitó a las autoridades competentes a fortalecer las estrategias de prevención, investigación y combate a la extorsión en Cuautla; reforzar la presencia operativa en zonas comerciales, educativas y de servicios; y consolidar los mecanismos de denuncia, protección a víctimas y atención especializada que contribuyan a garantizar condiciones de seguridad para toda la población.
