El Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebra el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para dar declaratoria de publicidad en la sesión ordinaria del Pleno del próximo miércoles 6 de noviembre al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que reforma los artículos 3o., 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección y cuidado animal, con el propósito de ser abordado en las sesiones de la siguiente semana.
Reconocemos la voluntad política de la Presidencia de la JUCOPO y de las Coordinaciones de los demás grupos parlamentarios para aprobar la solicitud del Partido Verde para que este importante asunto sea enlistado y votado por el Pleno.
El dictamen propone establecer en el texto constitucional la prohibición del maltrato a los animales y el deber del Estado de garantizar su protección, trato adecuado, conservación y cuidado, así como facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley general en la materia.
La publicidad, discusión y votación de este dictamen refuerza la convicción del Partido Verde de seguir luchando para poner un alto definitivo a los abusos y malos tratos en contra de los animales, lo cual incluye no solo lastimarlos y causarles la muerte, sino utilizar animales silvestres para espectáculos.
- Se busca castigar con mayor fuerza los delitos ambientales con el objetivo de disuadir y prevenir la comisión de conductas contra el entorno ecológico
Con el fin de adoptar medidas que fortalezcan la protección del medio ambiente, si como disuadir y prevenir actividades que dañen o destruyan el medio ambiente, el Grupo Parlamentario del Partido Verde, propuso reformar las leyes penales y ambientales para tipificar como delitos graves estas conductas y sancionar hasta con diez años de prisión, cuando el perjuicio al entorno ecológico se realice con dolo, es decir, con el pleno conocimiento de que se está cometiendo un delito.
Para ello, la bancada del Partido Verde, plantea reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, el Código de Nacional de Procedimientos Penales, y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a fin de incluir como delitos graves diversas conductas que dañan el entorno ecológico y elevar las penas vigentes para contemplar hasta diez años de prisión y multas, hasta el doble de severas, para quienes cometan ilícitos como el desmonte y la destrucción de áreas forestales, el transporte y comercio ilegal de maderas, las peleas de perros, la caza ilegal y la comercialización de especies de flora y fauna silvestre.
Asimismo, el daño a ecosistemas críticos como los manglares y humedales, así como la introducción de recursos forestales o de vida silvestre a nuestro país que porten enfermedad contagiosa, y que propaguen la enfermedad en nuestros ecosistemas. También la descarga inapropiada de aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, y la disposición de desechos contaminantes en suelos y cuerpos de agua, prácticas que comprometen la salud ambiental y la sostenibilidad de los recursos naturales.
De acuerdo con la iniciativa, se propone castigar con mayor fuerza los delitos ambientales con el objetivo de disuadir la comisión de conductas contra el medio ambiente por las penas a las que pueden hacerse acreedores quienes las ejecuten. Con esto se busca proteger los recursos naturales de cualquier ilícito y garantizar el derecho al medio ambiente sano como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", resalta la propuesta.
Al presentar la propuesta ante el pleno legislativo, la diputada ecologista, Gabriela Benavides Cobos, destacó que es alarmante ver cómo los delitos ambientales son cada vez más frecuentes en nuestro país. Señaló que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 2016 estos crímenes ambientales generaron entre 91 mil millones y 259 mil millones de dólares a nivel global, situándolos como el cuarto crimen más lucrativo a nivel internacional, solo por detrás del narcotráfico, la falsificación y la trata de personas.
Añadió que, además, cada año, perdemos aproximadamente 500 mil hectáreas de bosques debido a la tala ilegal, mientras que la caza furtiva y el tráfico de especies en peligro de extinción no solo están diezmando nuestra fauna, sino también debilitando la capacidad de nuestros ecosistemas para sostener la vida.
Es por ello que propuesta del Partido Verde, dijo, se centra en tres pilares fundamentales: Aumentar las sanciones para quienes atenten contra los recursos naturales, como la contaminación de suelos y cuerpos de agua, la caza y el tráfico ilegal de especies; clasificar los delitos ambientales como graves, para asegurar su plena persecución y, por último, fortalecer la reparación del daño ambiental, exigiendo no solo la compensación económica, sino la restauración de los ecosistemas dañados a través de sanciones y multas adecuadas.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y Medio Ambiente para su discusión y dictamen.
- México debe ser un ejemplo de respeto y protección de los derechos humanos, y con esta iniciativa avanzamos hacia una política migratoria más humana y eficiente.
El Partido Verde en el Senado de la República presentó una iniciativa que reforma la Ley de Migración con el objetivo de proteger los derechos humanos en las estaciones migratorias del país, con especial atención a niñas, niños, adolescentes y mujeres migrantes.
La senadora Juanita Guerra Mena dijo que su propuesta busca dignificar el trato hacia los migrantes y transformar las estaciones migratorias en espacios donde se respeten los derechos humanos. "Nuestro país debe ser un ejemplo de respeto y protección de los derechos humanos, y con esta reforma avanzamos hacia una política migratoria más humana y eficiente", añadió. “Nuestro país debe ser un ejemplo de respeto y protección de los derechos humanos, y con esta reforma avanzamos hacia una política migratoria más humana y eficiente”, añadió.
Además, propone la creación de la Comisión de Registro, Control y Supervisión de las Estaciones Migratorias, la cual será responsable de verificar el cumplimiento de la ley en estas instalaciones, y operará bajo los lineamientos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes y reducir las condiciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan durante su retención.
Según datos de la organización "Sin Fronteras", los períodos de detención pueden extenderse hasta 60 días o más, generando un grave impacto en la salud mental de los migrantes. "Estas cifras evidencian la situación crítica que enfrentan las personas desplazadas y la violación de sus derechos fundamentales, por lo que es necesaria una intervención inmediata", comentó la senadora Guerra Mena.
Ante esta situación, la legisladora por Morelos destacó la urgencia de mejorar las condiciones en estos centros, asegurando un trato digno y justo para todos los migrantes, especialmente para los menores de edad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, quienes son los más vulnerables a la violencia y la discriminación.
"Con esta iniciativa, el Partido Verde reafirma su compromiso con los derechos humanos y la justicia social, garantizando la dignidad de todas las personas, sin importar su origen o situación migratoria," subrayó la senadora Juanita Guerra.