- La falta de infraestructura digital en viviendas amplía la desigualdad y limita el acceso de jóvenes a educación, tecnología y oportunidades de desarrollo.
- Más de 100 millones de mexicanos usan internet; 17% de la población aún permanece desconectada.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó una iniciativa para reformar la Ley de Vivienda e incorporar la infraestructura digital habitacional como parte de los elementos que debe contemplar una vivienda digna y decorosa en México, así como establecer adecuaciones legales para que las viviendas cuenten con condiciones que permitan el acceso efectivo a servicios de telecomunicaciones y conectividad digital.
Explicó que el modelo actual de vivienda ya no puede limitarse únicamente a condiciones materiales como agua, drenaje o electricidad, debido a que la conectividad se ha convertido en una herramienta indispensable para el ejercicio de derechos fundamentales, el acceso a la educación, al empleo y a los servicios públicos.
Señaló que, aunque más de 100 millones de personas utilizan internet en México y cerca del 73 por ciento de los hogares cuentan con este servicio, persisten importantes brechas de desigualdad entre zonas urbanas y rurales. Además, alrededor del 17 por ciento de la población aún no utiliza internet.
Ramírez Marín advirtió que el acceso a internet continúa siendo desigual en el país, ya que las zonas urbanas registran niveles de conectividad superiores al 85%, mientras que en las áreas rurales el acceso apenas ronda el 68%; además, los hogares en situación de pobreza presentan niveles inferiores al 35%.
Dijo que la falta de infraestructura digital en las viviendas amplía las brechas educativas y laborales, particularmente entre jóvenes y estudiantes que enfrentan limitaciones para acceder a contenidos educativos, herramientas tecnológicas y oportunidades de desarrollo.
El legislador ecologista advirtió que esta situación profundiza desigualdades regionales y limita la competitividad económica de distintas zonas del país.
En ese sentido, indicó que su propuesta incorpora el concepto de "infraestructura digital habitacional” dentro de la Ley de Vivienda y establece que la Política Nacional de Vivienda deberá promover acciones que integren infraestructura digital en los desarrollos habitacionales y faculta al Gobierno Federal para emitir normas oficiales mexicanas con criterios técnicos en la materia.
También establece que las normas oficiales mexicanas en materia de vivienda deberán considerar criterios técnicos de infraestructura digital, además de prever coordinación con entidades federativas y municipios para garantizar condiciones de conectividad en futuras construcciones.
- Buscan blindar ecosistemas clave que frenan inundaciones, limpian el agua, combaten el cambio climático y sostienen actividades como la pesca, la agricultura y el turismo.
En respuesta a la emergencia ambiental derivada del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, el Partido Verde presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para fortalecer la protección de los humedales en el país.
La propuesta plantea incluir a los Sitios Ramsar como una nueva categoría de áreas naturales protegidas de competencia federal, lo que permitirá establecer mecanismos más claros de regulación, administración y manejo para su conservación, aprovechamiento sustentable, inspección y vigilancia.
Los legisladores explicaron que estos espacios son esenciales porque proveen servicios ambientales fundamentales como el control de inundaciones, la depuración del agua, la protección contra tormentas y la mitigación del cambio climático. Además, son hábitat de numerosas especies, incluidas aves migratorias, y sostienen actividades productivas como la pesca, la agricultura y el turismo.
En México, conforme al Inventario Nacional de Humedales de 2012, existen 6 mil 331 complejos de humedales en más de 9 millones 924 mil 624 hectáreas, equivalentes aproximadamente al 5 por ciento del territorio nacional.
A nivel internacional, el país forma parte de la Convención Ramsar desde 1986 y cuenta con 144 sitios inscritos, siendo el segundo país con mayor número de humedales protegidos bajo este esquema.
No obstante, los legisladores advirtieron que, más de la mitad de estos sitios carecen de un plan de manejo, lo que limita su protección efectiva. Enfrentan amenazas constantes como la contaminación, la sobreexplotación de recursos, la expansión urbana y las modificaciones a su entorno natural.
Por ello, proponen que, al ser reconocidos como áreas naturales protegidas, cuenten con declaratorias formales, programas de manejo y una coordinación clara entre autoridades y sectores involucrados.
Asimismo, se plantea que, si los Sitios Ramsar coinciden con otras áreas naturales protegidas, se respetarán las medidas de manejo ya vigentes, y además se incorpora la definición de humedales contenida en la Ley de Aguas Nacionales para evitar discrepancias normativas.
Las y los legisladores ecologistas destacaron que esta reforma permitirá fortalecer la conservación, protección y aprovechamiento sustentable de los humedales, contribuyendo a garantizar el derecho a un medio ambiente sano y al acceso al agua, reconocidos en la Constitución.
- México se encuentra entre los primeros cinco países de América Latina con más llamadas no deseadas y fraudulentas.
- Se busca frenar el acoso telefónico y garantizar el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el fin de prohibir las llamadas masivas automatizadas o robotizadas —también conocidas como robocalls— que diariamente afectan a millones de usuarios en el país sin su consentimiento.
En tribuna, la legisladora advirtió que México se encuentra entre los primeros cinco países de América Latina con más llamadas no deseadas y fraudulentas, con un promedio de 17 llamadas de spam al mes por usuario, lo que representa una afectación directa a la privacidad de millones de personas.
De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en 2024 se contabilizaron 171 millones de llamadas no deseadas y 119 millones con fines fraudulentos, lo que refleja la necesidad urgente de reforzar el marco legal.
“La población está siendo acosada y su información personal utilizada sin control ni autorización, una práctica que invade la vida cotidiana y vulnera los derechos de los ciudadanos”, sostuvo.
Corona Nakamura indicó que su propuesta plantea adicionar una fracción XIX Bis al artículo 185 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para establecer como derecho de los usuarios a no recibir llamadas masivas automatizadas, con fines comerciales, publicitarios o propagandísticos sin su consentimiento expreso, estableciendo obligaciones claras para las empresas proveedoras de servicios telefónicos y las agencias de telemarketing.
La legisladora recordó que, a pesar de que desde el 2007 se instauró el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), implementado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dicho mecanismo ha resultado insuficiente. Entre 2007 y principios de 2024, se habían registrado un total de 3 millones 781 mil 105 números telefónicos para no recibir este tipo de llamadas.
Con esta iniciativa, el Partido Verde busca fortalecer la defensa de los derechos de los usuarios frente a prácticas invasivas que vulneran su bienestar. “Las llamadas robotizadas no solo representan una molestia constante, sino también un riesgo a la privacidad de las personas. Debemos garantizar que la tecnología se use para servir a la ciudadanía, no para invadirla”, afirmó Corona Nakamura.