Con la visita a Comonfort, la senadora por Guanajuato, Virginia Magaña, concluyó las jornadas del programa “Cómo Ves Guanajuato”, una estrategia social que durante 2025 recorrió 20 municipios del estado, brindando exámenes de la vista y entregando casi 3 mil lentes a personas mayores de 40 años que más lo necesitan.
En total, se entregaron 2,939 lentes, resultado del trabajo cercano con las comunidades y del compromiso de llevar servicios de salud visual a quienes, por diversas razones, no tienen acceso a este beneficio.
“Cerramos el año agradecidas y agradecidos con las y los guanajuatenses que nos abrieron las puertas de sus municipios. La salud visual cambia vidas y seguiremos trabajando para que llegue a quienes más lo necesitan”, expresó la senadora.
Virginia Magaña adelantó que en 2026 el programa continuará recorriendo Guanajuato, reafirmando su compromiso de atender de manera directa las necesidades de la población.
Durante este año, la senadora impulsó además otros programas sociales y ambientales como:
“Seguiremos construyendo un Guanajuato más solidario y con oportunidades para todas y todos, porque cuando cuidamos la salud, el entorno y a las mujeres, transformamos comunidades completas”, concluyó.
Para atender la cada vez más frecuente situación en la que las y los hijos abandonan a un adulto mayor, ya sea en su hogar o en la vía pública, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, para establecer que quien abandone a una persona adulta mayor teniendo la obligación de cuidarlo, sea castigado con un mes a cuatro años de prisión, además de que sea considerado un delito que se persiga de oficio.
Lamentó que los adultos mayores sean un sector de la población que se ha quedado rezagado e incluso, hasta olvidado tanto por la sociedad, los gobiernos, e incluso, por la familia misma. Agregó que históricamente ha sido un sector objeto de una serie de delitos menores o graves, sin la menor protección social ni institucional requerida.
Destacó que incluso en la legislación mexicana, este grupo de la población está muy rezagado, ya que "nuestro único ordenamiento específico para los adultos mayores en nuestro país fue promulgado hace poco más de 23 años", es decir, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Señaló que según cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO 2025), en nuestro país hay 17 millones 121 mil 580 personas de 60 años o más, y se prevé que para el año 2030 haya un 14.96 por ciento más de adultos mayores que de jóvenes en nuestro territorio.
Resaltó que desde principios de esta década, al menos a 1 millón 746 mil 125 adultos mayores estaban viviendo solos, además de que, del total de adultos mayores en nuestro país, solo 4 de cada 10 son económicamente activos, y 7 de cada 10, padecen o presentan algún tipo de discapacidad, además de que a menudo los aquejan padecimientos como hipertensión, diabetes y artritis, lo que potencializa su vulnerabilidad.
Destacó que además, los adultos mayores en nuestro país a menudo son víctimas de violencia, fraude, extorsión, despojo patrimonial, entre otros delitos, como el abandono y la omisión de cuidados.
La senadora lamentó que poco o nada se ha hecho para castigar el abandono, por lo que afirmó que "tenemos sin duda alguna grandes pendientes y retos en todo nuestro país en materia de atención, procuración, protección y cuidado de nuestros adultos mayores".
Aseguró que su iniciativa es un acto de justicia hacia ellos y de protección a su vida y a su integridad, y que busca que el abandono a un adulto mayor no sea un acto recurrente, impune y sin una sanción ejemplar, que deje de ser una práctica invisible ante las leyes y que se le investigue y castigue.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado celebró la aprobación del dictamen por el que se reforman los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, estableciendo con claridad y precisión el tipo penal de abuso sexual, incorporando una definición más amplia, reconociendo como abuso sexual todo acto que implique tocamientos físicos, roces corporales o representaciones sexuales explícitas, con independencia de que exista o no cópula, y sin importar si ocurre en un ámbito público o privado.
La senadora Jasmine María Bugarin afirmó que se trata de una reforma de enorme trascendencia social, jurídica y humana, “que modifica uno de los delitos más recurrentes lamentablemente en nuestro país, que ha sido normalizado y minimizado por la cultura machista que regía a México”, apuntó.
Aseguró que reconfigurar el delito de abuso sexual en el Código Penal Federal, responde a una deuda histórica hacia las mujeres, que han sido las principales víctimas de estos delitos, además de niñas, niños y adolescentes que también han sido víctimas, y que merecen justicia y seguridad.
Aclaró que la redefinición del delito busca otorgar mayor certeza tanto a las víctimas como a las autoridades encargadas de investigar y sancionar estas conductas, estableciendo además una penalidad que va de tres a siete años de prisión.
Subrayó que las y los senadores del Partido Verde apoyan esta reforma "porque representa un avance profundo en la protección de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y de todas las personas que han sido víctimas de estas conductas", recalcó.
Por su parte, la senadora Rocío Corona Nakamura detalló que en nuestro país se cometen 243 abusos sexuales en contra de las mujeres por día, y aseguró que no sólo se trata de números, sino de "vidas marcadas, proyectos interrumpidos y cuerpos sobre los que se ejerció poder".
Aplaudió que este dictamen reconozca que "el consentimiento es el eje central de la libertad sexual"; además de que "por primera vez en el Código Penal se establece que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia no son consentimiento y que una víctima bajo amenaza, intimidación, engaño, abuso de autoridad o vulnerabilidad jamás puede considerarse como alguien que otorgó su voluntad".
Finalmente, enfatizó que con esta reforma "decimos con claridad que el cuerpo de las mujeres no es territorio de conquista, no es propiedad ajena ni está en negociación y quienes violenten este principio enfrentarán a un Estado que sí actúa, que sí investiga y que sí sanciona".