• Es prioritario su protección ante amenazas crecientes como deforestación, contaminación, cambio climático y desarrollo urbano sin control.
En el marco del Día Internacional de la Conservación del Ecosistema de Manglares, que se celebra cada 26 de julio, senadoras y senadores del Partido Verde reafirmaron su compromiso con la protección de estos ecosistemas, fundamentales para la biodiversidad, la economía local y la mitigación del cambio climático.
Explicaron que los manglares son hábitats estratégicos que albergan más de 70 especies de plantas, así como peces, aves, moluscos y mamíferos. Actúan como barreras naturales ante tormentas, huracanes y tsunamis, protegiendo a las comunidades cercanas, además de que almacenan grandes cantidades de carbono. También, sostienen la actividad pesquera y turística de miles de familias en zonas costeras.
Los legisladores subrayaron la urgencia de implementar políticas integrales para salvaguardar estos ecosistemas, los cuales enfrentan amenazas crecientes como la deforestación, la contaminación, el cambio climático y el desarrollo urbano descontrolado, entre otras afectaciones.
En ese sentido, recordaron que, desde la publicación de la Ley General de Vida Silvestre en 2007, se ha trabajado para su protección, particularmente a través del artículo 60 TER, que prohíbe la remoción o relleno de manglares y otros elementos clave del hábitat natural.
“En el Partido Verde hemos sumado esfuerzos para su conservación, participando en jornadas de limpieza y reforestación en zonas costeras, apoyando proyectos comunitarios, promoviendo la educación ambiental y apoyando a organizaciones dedicadas a la protección de los ecosistemas costeros”, enfatizaron.
Por ello, reiteraron su exigencia de reforzar las acciones coordinadas entre autoridades, comunidades y organizaciones internacionales, a fin de garantizar la preservación de estos pulmones verdes costeros, fundamentales para la salud del planeta.
“Este 26 de julio no es solo una efeméride, es un llamado urgente a defender nuestros ecosistemas costeros con acciones concretas que garanticen un futuro sostenible”, enfatizaron los senadores.
- Dicha consulta se realizará respetando en todo momento sus usos y costumbres y en los términos que establecen los tratados internacionales firmados por México en la materia
Con el fin de evitar conflictos, actos de represión y garantizar que se respeten los derechos humanos de los pueblos indígenas, el diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley Agraria para regular y establecer que construcciones de carácter público o privado dentro de tierras en las que se asienten comunidades indígenas y afromexicanas pasen por consulta ciudadana previa, libre e informada.
La propuesta contempla adicionar el artículo 9º. Bis a la citada Ley para incluir la consulta a las comunidades indígenas y afromexicanas cuando sus tierras se encuentren contempladas en proyectos de infraestructura que afecten de alguna manera su sana convivencia.
El diputado ecologista explicó que como antecedente de cómo un proyecto de infraestructura puede afectar a las comunidades indígenas está la brutal represión que vivieron los habitantes de Atenco, en el Estado de México, quienes hace unos años no fueron consultados para la construcción de un aeropuerto en sus tierras y ante la expresión de su inconformidad por el Estado recibieron únicamente represión.
"Como diputado federal indígena, representante de Veracruz y estudioso de la historia, quiero presentar esta adición a la Ley Agraria, porque no quiero que mis hermanos indígenas de cualquier parte del país sufran represión o incluso los priven de la vida por oponerse a la creación de infraestructura pública o privada que afecte su sano desarrollo", resaltó.
De acuerdo con la iniciativa, "toda acción gubernamental o privada que implique la ejecución de obras, instalaciones o actividades dentro de tierras pertenecientes o colindantes con comunidades indígenas o afromexicanas deberá garantizarse el derecho de estas comunidades a ser consultadas de manera previa, libre e informada, respetando en todo momento sus usos y costumbres, en los términos que establecen los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y la legislación nacional en la materia".
Establece que dicha consulta deberá realizarse de forma oportuna, con la participación efectiva de las autoridades tradicionales, respetando su estructura organizativa, su identidad cultural y su vinculación con el territorio.
Asimismo, señala que su finalidad será conocer y, en su caso, obtener el consentimiento de la comunidad antes de autorizar cualquier proyecto que pueda afectar su integridad territorial, sus formas de vida, recursos naturales o desarrollo sostenible.
Precisa que el resultado de la consulta será vinculante y deberá formar parte del expediente administrativo del proyecto correspondiente. Añade que las autoridades competentes deberán abstenerse de otorgar permisos, licencias o concesiones si no se ha cumplido con este procedimiento de manera adecuada y documentada".
Jonathan Puertos indicó que su propuesta, también forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
- Se busca fortalecer el presupuesto del INAH y compensar el impacto del turismo en comunidades locales.
Senadoras y senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para reformar el artículo 288 de la Ley Federal de Derechos, con el fin de establecer cuotas diferenciadas de acceso a museos, monumentos, sitios y zonas arqueológicas propiedad de la Federación, incrementando las tarifas para turistas extranjeros y exentando del pago a habitantes de municipios donde se localicen estos sitios patrimoniales.
“Las cuotas actuales resultan insuficientes ante la enorme carga presupuestal que representa mantener y restaurar más de 194 zonas arqueológicas abiertas al público y más de 160 museos en el país”, indicaron.
Por ello, la propuesta de los legisladores plantea que los ingresos obtenidos por el acceso a estos espacios se dividan equitativamente entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y los gobiernos estatales donde se encuentren los sitios, con el fin de fortalecer su mantenimiento, conservación e infraestructura.
De aprobarse la reforma, los extranjeros pagarían hasta $1,012.02 pesos por visitas nocturnas, mientras que las tarifas diurnas serían entre $286.74, $236.13 o $219.27 pesos, según la categoría del sitio. Para los mexicanos, se mantendrían las tarifas actuales, que oscilan entre $73.09 y $95.58 pesos.
Asimismo, destacaron la importancia de fortalecer financieramente al INAH, que en 2025 recibió más de 5 mil 901 millones de pesos, de los cuales más del 80 por ciento se destina a gasto corriente, dejando escasos recursos para conservación e infraestructura.
“Un punto importante de nuestra propuesta es garantizar el acceso gratuito a los habitantes locales que acrediten su domicilio con una identificación oficial. Además, representa un paso hacia la equidad para las comunidades que enfrentan diariamente las consecuencias del turismo masivo”, señalaron.
La iniciativa también responde a las afectaciones que enfrentan las comunidades locales ante la llegada masiva de turistas, como el encarecimiento de servicios, la contaminación y la gentrificación. Asimismo, se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y refuerza el derecho a la cultura y la protección del patrimonio, al tiempo que promueve un turismo responsable y equitativo.
Finalmente, los legisladores ecologistas indicaron que entre 2018 y 2024, el INAH atendió a más de 90 millones de visitantes en zonas arqueológicas y museos; sin embargo, enfrenta una reducción real del 20 por ciento en su presupuesto debido a la inflación.