INICIATIVA DEL SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO Y LAS FRACCIONES V Y VII DEL ARTÍCULO 3° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS EST

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el contexto internacional y, en particular, en el caso de América Latina, la ampliación de la brecha de los ingresos y de la generación de riqueza respecto al resto del mundo,en términos generales no ha radicado en la falta de inversión en capital humano ni en infraestructura ―sin menoscabo de la necesidad de continuar incrementando en México la inversión en dichos rubros―, así como tampoco en un crecimiento deficitario de la fuerza laboral, sino más bien en “un déficit crónico de crecimiento de la productividad”. Por ello su incremento es un tema que hoy gravita en el centro del análisis y del debate de la instrumentación de políticas públicas y de las estrategias de desarrollo de las economías del subcontinente. De ahí la importancia capital de plantear una visión y unasestrategias y políticas para incrementar la productividad y de tal manera generar mayor riqueza y hacer frente eficaz a la pobreza para mejorar sensiblemente los niveles de bienestar de la población.

En el mismo sentido, uno de los grandes desafíos que México debe enfrentar con la mayor prontitud y eficacia radica en incrementar la productividad de susregiones ysectores económicos, así como de las empresas y de las personas, mediante el mayor y mejor aprovechamiento de los factores de la producción, con el propósito de aumentar su competitividad y,de esta manera,elevar el nivel de vida de los mexicanos y de sus familias. Ello, mediante la generación de mayor riqueza, más empleos y empleos mejor pagados.Este propósito fundamental está consignado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, uno de cuyos ejes transversales, el de Democratizar la Productividad―junto con los correspondientes a un Gobierno Cercano y Moderno y a Perspectiva de Género―se ha traducido en el Programa para Democratizar la Productividad (PDP).

Una de las formas de cumplir con dicha meta radica en establecer una mayor y más eficaz y eficiente correspondencia y sintonía entre los sectores productivo y educativo, mediante el impulso de diversas estrategias, como lo establece el propio PDP; entre ellas, la de incrementar las inversiones en el capital humano de la población; fortalecer las actividades de capacitación y formación para el trabajo que eleven la productividad de los trabajadores; promover el emprendimiento y el escalamiento productivo y tecnológico de las empresas, con especial atención en las micro, pequeñas y medianas; y aumentar la inversión pública y promover la inversión privada en actividades de ciencia, tecnología e innovación.

A su vez, a tales estrategias corresponden líneas de acción diversas, como alentar la revisión permanente de la oferta educativa,precisamente para profundizar la vinculación entre los sectores educativo y productivo; diseñar e implementar modelos educativos de formación para el trabajo y desde el trabajo; coordinar esfuerzos entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados, a fin de lograr sinergias en el ámbito de la formación de capital humano; impulsar desde los niveles básicos del sistema educativo una cultura emprendedora y empresarial basada en la innovación; fortalecer la vinculación entre instituciones de educación superior, centros de investigación y sectores productivos, para impulsar el desarrollo y la transferencia de tecnología; y, mediante la formación y capacitación adecuadas, impulsar la participación laboral de mujeres, jóvenes, adultos mayores y discapacitados, sobre todo en sectores con mayor potencial productivo.

Así pues, México debe enfrentar de manera vigorosa y decidida un conjunto de desafíos vinculados estrechamente a las desigualdades e inequidades que a lo largo de su historia han venido arraigando hasta nuestros días. Disparidades persistentes en el ámbito económico entre grupos sociales, entre sectores industriales e industrias y, asimismo, entre las diversas regiones y estados del país. Fenómeno que se refleja en el hecho inaceptable de que alrededor del 40por ciento de la población vive en la pobreza y en la pobreza extrema, lo que sin duda vulnera señaladamente la cohesión social y los principios de igualdad y de justicia, comprometiendo la consolidación de nuestra democracia.

Al mismo tiempo, por una parte es manifiesto el hecho de que sin duda hay sectores de la industria y empresas nacionales que compiten exitosamente dentro y fuera del país en el contexto de la globalización y de una intensa competencia con empresas foráneas, mientras que, por otra, también es cierto que una gran parte de las industrias y empresas se desempeñan con grandes dificultades; industrias y empresas que deben enfrentar obstáculos que les impiden crecer y aun sobrevivir debido a su escala insuficiente y a impedimentos diversos,como su condición informal y su escaso acceso al financiamiento. A ello se suma el hecho de que la brecha entre las regiones más desarrolladas y las que presentan mayores rezagos pareciera haberse profundizado en las últimas décadas, en un contexto marcado por la globalización, la economía de libre mercado y una competencia creciente entre países y conjuntos de países.

Un bajo e insuficiente crecimiento económico es una de las principales razones que explican las referidas desigualdades y una insuficiente generación de empleos, de empleos de calidad y de empleos bien remunerados, así como la incapacidad de reducir la pobreza y de hacerlo de manera contundente y efectiva. En tal sentido, el reto consiste en romper inercias y en acelerar el crecimiento económico a tasas suficientes para reducir de manera sensible las desigualdades señaladas y la pobreza, con el propósito fundamental de que los beneficios del crecimiento económico se vuelvan palpables en el seno de las familias del país, pero sobre todo en el de aquellas que viven en las condiciones más precarias.

Si se toma en consideración el periodo comprendido entre 1960 y 2011 se observa que el crecimiento económico de México sin duda ha sido modesto, ya que el ingreso per cápita creció a lo largo de dicho periodo a una tasa promedio de 1.8 por ciento anual. Dicha tasa se situó por debajo de la alcanzada por países con economías semejantes a la de nuestro país y con grados de desarrollo comparables. El fenómeno cobra un cariz aún más preocupante en la medida en que los estados del sur ―que históricamente presentan el menor crecimiento y desarrollo― crecieron en promedio un 6.8 por ciento durante el periodo 1990-2010, mientras que el promedio nacional de crecimiento fue de 20.9 por ciento del PIB per cápita, es decir, prácticamente tres veces más.El desafío radica, por tanto, en impulsar un crecimiento que se traduzcaen un desarrollo regional más equilibrado, al tiempo de beneficiar al conjunto de los mexicanos, pero sobre todo a los menos favorecidos y a sus familias.

En este punto es preciso recordar que el crecimiento y el desarrollo del país se vieron profundamente vulnerados por recurrentes crisis económicas y periodos de inestabilidad macroeconómica en los años setenta y ochenta. Asimismo que, luego de la crisis económica y financiera de 1994-1995, se adoptaron e impulsaroncon éxito un conjunto de medidas para fortalecerel desempeño macroeconómico del país, mediante las cuales se consolidó un clima de estabilidad que ha venido propiciando una fundada certidumbre entre los diversos actores económicos, lo que a su vez afianzó a México como destino de inversiones nacionales y foráneas. Con todo, el crecimiento de la economía del país continúa siendo modesto e insuficiente, de suerte que ha sido necesario impulsar un conjunto de estrategias y políticas para impulsar el desarrollo de las actividades económicas y disminuir así la diferencia entre las regiones y los estados más y menos avanzados.Precisamente a ello corresponde el impulso a los cambios que hicieron posible las recientes reformas estructurales planteadas por el conjunto de los partidos políticos, el Poder Legislativo y el Gobierno de la República al amparo del Pacto por México, luego de más de tres lustros de inercias.

A propósito del insuficiente crecimiento de la economía nacional existe un amplio consenso en el sentido de que ello se debe a una serie de fenómenos: la insuficiente competencia en diversos sectores de la economía y la presencia de prácticas monopólicas;sobrerregulación, principalmente en estados y municipios; un Estado de Derecho sin duda muy vulnerado e insuficientemente consolidado;distorsiones y una insuficiente flexibilidad en el mercado laboral, que además provocan informalidad; un crecimiento urbano desordenado; una baja calidad educativa, una inadecuada capacitación para el trabajo y una insuficiente inversión en el capital humano del país; la muy escasa inversión en ciencia, tecnología e innovación; obstáculos al crecimiento y al escalonamiento productivo de las PYMES y a la participación de las MIPYMES en las cadenas globales de valor; obstáculos al cambio estructural y a la transformación productiva de sectores tradicionales; un escaso acceso al capital y al financiamiento, a tasas competitivas;y una insuficiente inversión en infraestructura, entre otras,como lo consignan el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa para Democratizar la Productividad y diversos organismos internacionales.

Al mismo tiempo y contra lo que desde cierta perspectiva pudiera postularse, el lento e insuficiente crecimiento de la economía mexicana no se explica suficientemente por una posible inadecuada acumulación de factores de la producción ―esto es, trabajo, capital, tierra y otros elementos― como se deduce de un ejercicio de comparación con otros países en desarrollo y desarrollados, sino, más bien, por una baja productividad. De suerte que el mayor obstáculo que propicia la reducción de la productividad y que asimismo impide su incremento es el uso y la asignación inadecuados de los factores de la producción.

A mayor ilustración, se calcula que la productividad del país se vería incrementada hasta en un 200 por ciento si entre sectores y empresas se asignaran de manera altamente eficiente dichos factores.De manera que incrementar la productividad y alcanzar los altos niveles posibles en dicha materia supone producir más con la misma o con una menor cantidad de recursos productivos. En tal sentido, además de estrategias y condiciones adecuadas de orden macroeconómico, varias son las maneras de lograrlo: desde la ya señalada eficiente asignación de recursos, utilizándolos en actividades en que sean más productivos, hasta el diseño y la adopción de procesos de gestión más eficientes y eficaces en las empresas, así como la adopción de continuas innovaciones tecnológicas.

Con relación al factor trabajo destaca el hecho de que el 60 por ciento de la población económicamente activa en el país trabaja en el sector informal de la economía. Una de las razones determinantes de ello radica en el bajo nivel de instrucción de una gran parte de los mexicanos en edad de trabajar, esto es, en su precario nivel de conocimientos y, asimismo y por tanto, en conocimientos insuficientes y no pertinentes, así como aun gran déficit en materia de adecuadas competencias, habilidades y destrezas con relación a las que requiere el sector formal; insuficiencias sobre todo presentes en el caso de los trabajadores que viven en el ámbito rural y en el menos urbanizado.A ello es necesario agregar que también obstaculiza la generación de empresas y de empleos en el sector formal un ambiente de negocios que no es propicio en el caso de muchas unidades productivas, en la medida en que las ganancias obtenidas no compensan los costos de operación y, por lo tanto, las convierten en difícilmente viables como parte del sector formal.

En el contexto del imperativo de incrementar la productividad del país y por lo tanto la de los diversos sectores de la economía, lo mismo que la de regiones, empresas y trabajadores en un mundo cada vez más competido, cobra señalada importancia el hecho de que, en correspondencia a su tamaño, el sector informal utiliza valiosos recursos que deben ser usados en las empresas formales, de manera más eficiente, pues de otra manera continuarán reduciendo la productividad agregada de la economía nacional. Tal objetivo plantea su propia temporalidad y una oportunidad que ha de ser aprovechada sin demora, pues el llamado bono demográfico sólo persistirá hasta finales de la próxima década, al mismo tiempo que van menguando las posibilidades de su aprovechamiento.En otros términos, es urgente aprovechar las ventajas que ofrece la tendencia demográfica imperante, en la medida en que durante los siguientes añosalrededor del 65 por ciento de la población se encontrará en edad productiva y tendrá una mayor capacidad de ahorrar y de invertir, entre otros rubros, en su propia preparación y en la de sus hijos, menos numerosos que en anteriores generaciones.

Por otra parte, así como el uso adecuado o inadecuado de factores de la producción como el capital, la tierra ―tanto urbana como rural―, y el del medio ambiente, el agua y los energéticos, alientan e impulsan o desalientan y obstaculizan la productividad de las personas y de las empresas, es preciso señalar que, en última instancia y en el largo plazo, el comportamiento de la economía responde al comportamiento de la mayor riqueza con la que cuenta el país, que no es otra que la que encarna cotidianamente su capital humano; es decir, la que suponen los conocimientos, las competencias, las habilidades y las destrezas de su población y, por tanto, su capacidad de aplicar lo aprendido en el adecuado desempeño de las actividades productivas; asimismo, su capacidad de aprendizaje continuo y permanente y la de aprehender nuevos conocimientos para llevarlos a la práctica; la capacidad de sus trabajadores para asimilar los conocimientos requeridosa fin de utilizar nuevas tecnologías y de aportar sus conocimientos para incrementar la eficiencia de los procesos de producción; y la capacidad de la comunidad académica, científica y tecnológica para generar nuevos conocimientos e innovar con base en ello.

Como señala el propio Programa para Democratizar la Productividad, para impulsar esta última es necesario invertir en el capital humano del país, por una parte con el fin de satisfacer necesidades de salud y de protección social, entre otras; y, por otra y desde luego, las correspondientes a la provisión de servicios educativos y de capacitación de calidad para el trabajo, al tiempo de fomentar una temprana cultura empresarial y de emprendeduría desde los niveles básicos del sistema educativo. De suerte que en el ámbito de la educación es preciso desarrollar las capacidades y potencialidades de los educandos para que el tránsito entre el proceso de formación en la escuela y el de su incorporación al ámbito laboral sea adecuado y exitoso.

Los desafíos de la educación en México sin duda son de señalada magnitud, de suerte que si bien es cierto que por un parte asiste a la escuela el 95 por ciento de los niños y jóvenes del país entre los 3 y 15 años de edad, por otraes imperativo incrementar sustantivamente la calidad de la educación ofrecida, así como su aprovechamiento por parte de los educandos. Como diagnóstico y precedente, al respecto es preciso recordar que alrededor de la mitad de los alumnos en el país no cuentan con el mínimo de los conocimientos y las habilidades necesarios para insertarse de manera eficaz y productiva en la sociedad, en un porcentaje que por mucho rebasa el promedio de los países miembros de la OCDE.El hecho es sumamente preocupante, pues el incremento de la productividad depende de una educación de calidad que posibilite y garantice a los trabajadores el manejo y la adopción de nuevas tecnologías y nuevos métodos de producción. De manera complementaria, es fundamental que los trabajadores estén adecuadamente capacitados para utilizar instrumentos de trabajo cuyo manejo implica habilidades técnicas especializadas, sobre todo en el caso de sectores muy productivos que entrañan la adopción de tecnologías nuevas y sujetas a periódica renovación, lo que en su caso se traduce en mayor productividad y competitividad.

Al respecto cabe mencionar que los recursos destinados a la capacitación del trabajo en México representan alrededor de la vigésima parte de lo que en promedio se invierte en los países miembros de la OCDE, es decir, apenas un 0.01 por ciento del PIB; asimismo, que sólo algo más de un tercio de los trabajadores del país ―37 por ciento― ha sido capacitado o ha sido beneficiado con algún tipo de capacitación,sin que necesariamente ésta corresponda de manera efectiva a los requerimientos del sector productivo; y que, al respecto, uno de los problemas principales en materia de capacitación consiste en el hecho de que no se imparte en el lugar del trabajo, sino en aulas y durante periodos cortos que no garantizan el adecuado aprendizaje y la adquisición plena de nuevas habilidades y destrezas.

Como de suyo es evidente, las relaciones entre productividad, competencias técnicas y profesionales ―adquiridas por medio de la educación y la capacitación―, el empleo, el crecimiento económico y el desarrollo social son innegables y abarcan aspectos diversos que pueden ser comprendidos de manera evidente a la luz de la vinculación de los sectores productivo y educativo, así como de su mutua influencia en términos del desempeño económico y de los niveles sociales de bienestar de un país.En el mismo sentido, de acuerdo a la experiencia internacional las naciones que han protagonizado procesos exitosos de crecimiento económico han logrado vincular de manera coordinada y eficaz las capacidades técnicas y profesionales de su capital humano con la productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo, mediante estrategias y políticas para para satisfacer las demandas de los sistemas productivos, en términos de pertinencia y de calidad, lo que en el caso de México implica un énfasis señalado en un necesario incremento de la productividad.En igual forma, dichos países han logrado vincular el desarrollo de competencias y capacidades adecuadas con la reducción de los costos de ajuste que experimentan continuamente empresas y trabajadores,generados por las dinámicas del mercado; y, en igual forma, con relación a un crecimiento económico y un desarrollo social sustentables.

Así pues, los sistemas educativos y de capacitación deben impulsar el desarrollo y la transmisión de competencias, conocimientos, habilidades y destrezas profesionales y técnicas que sean verdaderamente útiles y que,por tanto,guarden consonancia con las demandas del sistema productivo, precisamente bajo una perspectiva de incremento de la productividad, vía aprovechamiento adecuado de los factores de la producción; yen consecuencia, dichos sistemas deben promover el aprendizaje continuo y la generación de un número suficiente de trabajadores calificados para satisfacer a los distintos sectores de la economía. De esta manera, las políticas y los programas educativos y de capacitación concebidos e implementados para satisfacer las competencias que requiere el sistema productivo nacional en sintonía con el internacional, deben contribuir al incremento de la productividad, a la empleabilidad del capital humano y a lo que se ha designado trabajo decente, una de cuyas características es la justa y adecuada remuneración, acompañada de los beneficios de la seguridad social, que precisamente caracterizan al sector formal de la economía.

Ello posibilitaque las empresas puedan aprovechar con eficacia los desarrollos tecnológicos y los consecuentes incrementos potenciales de productividad; que los trabajadores mejoren sus competencias y capacidades laborales y progresen por medio del aprendizaje permanente; que los jóvenesadquieran una formación y un perfil laboral caracterizados por competencias que garanticen su empleabilidad y que impulsen su incorporación al mercado laboral desde la propia escuela, de manera efectiva; y que los grupos de condición más precaria y menos favorecidos puedan acceder al sistema educativo, a la formación técnica y profesional, y al ámbito del trabajo verdaderamente productivo.

Otro de los retos que han de enfrentar los sistemas educativos y de capacitación mediante el desarrollo de competencias útiles radica en reducir los costos de ajuste que empresas y trabajadores deben enfrentar con frecuencia en razón de los constantes cambios tecnológicos, de las cambiantes tendencias del mercado y de las crisis económicas que, en un contexto como el actual ―de una crisis sistémica financiera global que aún no ha podido ser superada― suelen desembocar en cierres de empresas y en la reducción y pérdida de empleos.Así, en la medida en que los trabajadores actualizan sus competencias y conocimientos constantemente, reducen las posibilidades de caer en el desempleo e incrementan las de su pronta reinserción laboral en caso de perder sus puestos de trabajo, debido a que mayor será su empleabilidad, entre mayor sea su renovada capacitación laboral.

Por último, de manera extraordinariamente importante, las políticas educativas y de capacitación para la productividad por medio del desarrollo de competencias pertinentes y necesarias asimismo deben orientarse a impulsar y mantener procesos sustentables de crecimiento económico y desarrollo social, en un contexto de continuo incremento de la productividad y la competitividad. De esta manera, además de articular la oferta y la demanda de competencias y de reducir los costes de ajuste económicos ―objetivos de corto y de mediano plazos―, el crecimiento y el desarrollo deben centrarse en el estímulo constante del cambio tecnológico, de la diversificación económica, de la productividad y competitividad, así como de la inversión nacional y extranjera.

En suma, en un panorama de mundialización de la economía y de intensificación creciente de los intercambios financieros, económicos y comerciales, el fortalecimiento de la capacidad del país para responder a los retos externos, en una buena parte debe sustentarse en estrategias basadas a su vez en el desarrollo de competencias técnicas y profesionales que formen parte sustantiva de las estrategias y las políticas de desarrollo nacional.En igual forma, con el fin de fortalecer esta capacidad de adecuada correspondencia entre los sistemas educativo y productivo, es preciso identificar de manera continua ―en el presente y en prospectiva― las competencias que tendencialmente son y serán más valoradas por ser más necesarias, de acuerdo a los cambios de la economía y del mercado―de los tempranamente percibidos y de los futuros probables―, de suerte que ello se traduzca en inversiones como resultado de una productividad y competitividad suficientemente garantizadas y en la generación de más empleos y empleos mejor pagados. De ahí el carácter fundamental de una vinculación estrecha y adecuada entre los sistemas productivo y educativo, a fin de impulsar la productividad y competitividad delos sectores económicos e industriales, de las regiones y estados, y de las empresas y personas. Junto con los diversos actores sociales y productivos, esa es la tarea que el Estado debe impulsar con una visión estratégica, en virtud de una aproximación sistémica que comprenda el conjunto de los elementos involucrados en materia de educación, capacitación y, asimismo, de investigación y desarrollo tecnológicos.

Por los argumentos expuestos, me permito someter a consideración de ésta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma el párrafo tercero y a las fracciones V y VII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3º…

…

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

El Estado con el propósito de elevar su productividad y competitividad garantizará la vinculación estrecha y adecuada entre los sistemas educativos y productivos.

I. a IV…

V.        Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo,productividad y competitividad de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

VI…

VII.     Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programasconsiderando lo necesario para el desarrollo, productividad y competitividad de la nación; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;

VIII. a IX…

Transitorio

ÚNICO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 19 días del mes de Febrero de 2015.

Suscribe

Senador Luis Armando Melgar Bravo