Las personas que trabajan por los derechos humanos de los guanajuatenses, así como los niños y jóvenes que se encuentran en situación vulnerable, no son prioridad para el Gobierno del PAN en Guanajuato, reprochó la diputada del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero.
Aun cuando se han creado leyes para protegerlos, el gobierno panista ha retrasado el cumplimiento a la Ley.
“Los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como el de las niñas y niños, son temas que no pueden postergarse, el Congreso del Estado trabajó para expedir estas leyes y plasmar las obligaciones que tiene el Gobierno del Estado para instalar los Consejos Estatales, tomarles protesta a sus integrantes y que empezaran a trabajar. Lo que es claro, es que en estos temas tan vitales y de los que hacen decenas de discursos en pro de los derechos humanos, así como de las niñas y niños, ¡simplemente dejaron de avanzar! y los recursos y acciones que se pudieron haber emprendido no existieron”.
“Lo que es real, es que existen funcionarios públicos responsables del incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos transitorios, que provocaron por más de un año el estancamiento y esto no puede quedarse así”, denunció Vanessa Sánchez.
Reprochó que mientras en Guanajuato se registraron 25 agresiones a periodistas durante el 2018, el gobierno de Guanajuato tardó en operar el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato.
Las agresiones a periodistas consistentes en amenazas, ataques físicos y bloqueo de información, significó un aumento del 47% con relación al 2017.
El 26 de octubre del año 2017, se expidió la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, con la que se contemplaba la creación de este consejo como un órgano de deliberación, vinculación, coordinación y consulta.
El reglamento del consejo estatal debió haberse expedido por el gobierno estatal a más tardar el 26 de abril del año 2018, sin embargo, acaba de publicarse el 11 de marzo de 2019, estando desfasado casi un año.
Cabe destacar que los integrantes de este Consejo tomaron protesta el 10 de abril del año en curso, cuando debió ser a más tardar el 26 de mayo del año 2018 si se hubiera expedido el reglamento de la Ley en tiempo.
Al igual que el caso anterior, el Gobierno del Estado también fue omiso y no cumplió con los compromisos asumidos en la Ley para Regular la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Guanajuato, la cual entró en vigor el primero de enero del año 2017.
Esto mientras que en Guanajuato del año 2012 al 2018 fueron asesinados 400 menores de edad, de los cuales, el 83.75 por ciento de los homicidios se cometieron con armas de fuego y cuchillos; el 10.40 por ciento, fueron a golpes; el 3.55 por ciento, fueron asfixiados y en el 2.30 por ciento se usó otro tipo de medios, según datos que fueron proporcionados por la Fiscalía General del Estado.
Por otra parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), destacó que el mes más violento en México para la población de 0 a 17 años fue en junio del año 2018 donde 222 menores de edad murieron de forma violenta y Guanajuato se encuentra entre las primeras 4 entidades del país en donde se acumulan más víctimas de ese sector de la población del 2015 y lo que va del 2019.
Pero esto no le importó al gobierno del PAN en Guanajuato, porque mientras la Ley establece que el Gobierno Estatal debía actualizar los reglamentos y demás disposiciones a más tardar seis meses posteriores a su entrada en vigor, es decir, el primero de julio de 2017, el reglamento Estatal de la materia fue expedido por el Ejecutivo y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado hasta el 7 de junio de 2018. Es decir, un año desfasado.
Ante estas omisiones o irregularidades, los diputados del Partido Verde solicitaron a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, que lleve a cabo una investigación, permitiendo clarificar y transparentar si el incumplimiento de los artículos transitorios de las citadas leyes debe ser sancionado, y, en su caso, se lleven a cabo los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes.
“NO debemos permitir que las leyes emanadas de este Poder Legislativo sean desatendidas por los responsables de su ejecución, pues al final los guanajuatenses son los afectados”, expresó.