A petición de la diputada del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero, el gobernador de Guanajuato deberá proporcionar a los diputados locales la suficiente información sobre la creación y operación de la Unidad de Inteligencia Financiera, con la que se pretende combatir las operaciones financieras de las organizaciones criminales.
“Es necesario tener claridad por parte del Gobernador, respecto a la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Dónde va a estar adscrita dicha Unidad? ¿Va a depender de la Secretaría de Finanzas o de la Fiscalía General del Estado? ¿Los especialistas que conformarán dicha Unidad, serán de áreas específicas de la Secretaría de Finanzas y de la Fiscalía General? ¿Cómo se va a llevar a cabo la operación de la Unidad para que realmente cumpla con su objetivo?”, solicitó la diputada.
Además, Vanessa Sánchez pidió desde la Tribuna del Congreso que el Gobernador envíe a los diputados un diagnóstico del impacto que han tenido las operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Estado, “con la finalidad de conocer el poder real de las finanzas de los delincuentes que operan en esta entidad, así como las orientaciones económicas que están financiando estos criminales y que siguen alimentando al crimen organizado”.
Sánchez Cordero consideró como una incongruencia del Gobernador, que inicialmente estableciera en el Presupuesto de Egresos como una de las metas de su gobierno, el consolidar la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de la Secretaría de Finanzas.
Pero, posteriormente el 27 de marzo presentó una iniciativa que no especifica la creación de la Unidad pero abre la posibilidad de que esta dependa de la Fiscalía General del Estado.
“Los Diputados del Partido Verde, consideramos que, ante esta posibilidad de la creación de un área de vital importancia para combatir la delincuencia, los legisladores debemos tener conocimiento y certeza sobre la ruta a seguir para la creación de dicha Unidad, ya que, por lo manifestado en párrafos anteriores, se interpreta la posibilidad de que pudiera depender de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, o pudiera estar adscrita a la Fiscalía General del Estado”, dijo.
Aclaró que no hay justificación para que en Guanajuato esta Unidad de Inteligencia Financiera sea forzosamente operada en la Fiscalía General del Estado, “si bien esta Unidad, tanto en la federación como en la Ciudad de México, forman parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Finanzas, respectivamente, su función es coadyuvante con sus fiscalías, de aquí la importancia de que en nuestro Estado se dote de información suficiente que permita conocer realmente en qué área estará adscrita y qué funciones tendrá”.
Finalmente, la Legisladora resaltó la importancia de que se cuente previamente con las opiniones del Poder Judicial del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, y de los diputados locales antes de la creación de esta Unidad de Inteligencia, “ya que se debe prever no violar las garantías previstas en la Constitución para proteger los derechos humanos de las personas, sobre todo en cuestiones de índole penal, porque no solo estamos hablando de quienes cometen delitos, sino de cualquier persona que pudiera ser señalada como probable responsable”.
“El fin no justifica los medios y no debemos permitirnos correr el riesgo de que se creen organismos que el día de mañana sean utilizados para venganzas contra enemigos políticos o con fines partidistas. Más aún cuando las autoridades relacionadas con el tema de seguridad han dado claras muestras de que no tienen pudor en utilizar sus atribuciones con claros tintes políticos y en contra de los adversarios o rivales del ejecutivo en turno y que muestran un total desinterés al respeto de los derechos humanos y las garantías individuales”, concluyó.