Debido a que Guanajuato enfrenta una preocupante problemática de impartición de justicia y de aumento de incidencia delictiva, la diputada del Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero, presentó una iniciativa para fortalecer la Fiscalía del Estado.

El pasado 14 de junio de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la reforma constitucional, para dotar de autonomía al Ministerio Público y transformar a la Procuraduría General de Justicia del Estado en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

“El Ministerio Público a cargo de un Procurador, ha seguido siendo el eje central en la procuración de justicia, pero si observamos, la forma de operación que se ha venido dando ya tiene algunos años sin ser renovada de acuerdo con las necesidades que la ciudadanía demanda”.

“Hoy se vive con los índices más altos de delincuencia de la historia por falta de herramientas que colaboren eficientemente con la impartición de justicia, por ende, la creación de un nuevo ordenamiento jurídico que dé vida a adecuaciones de fondo en la conformación de la estructura que estará a cargo de la procuración de justicia”, resaltó.

Sánchez Cordero refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la cifra negra, es decir, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 93.7% a nivel nacional durante 2015, mientras que en 2014 fue de 92.8 por ciento.

El objetivo de la propuesta Verde, de acuerdo a su Legisladora, es sentar las bases para la designación, reelección y remoción, así como la temporalidad de 4 años en el cargo del Fiscal General, contar con un Ministerio Público eficaz en beneficio de la ciudadanía, de forma dinámica y fluida.

La finalidad es que se brinde una procuración de justicia eficaz, efectiva y apegada a derecho; se cuide la protección de los derechos de las víctimas y testigos, y el respeto a los derechos humanos de todas las personas; contribuir a combatir y disminuir la inseguridad en el Estado; contar con un Fiscal General Autónomo; y que la Fiscalía cuente con un órgano Interno de Control.

Proponen contar con un Coordinador General, el cual tendrá las atribuciones de representar al Fiscal General en sus ausencias, atender quejas relativas a las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Así mismo, en esta iniciativa sugieren formular un programa con metas a corto, mediano y largo plazo en relación con la procuración de justicia.

También propone un procedimiento para la remoción del Fiscal General por parte de una tercera parte de los integrantes del Congreso del Estado de Guanajuato, un procedimiento para la objeción por parte de una tercera parte de los integrantes del Congreso cuando el Gobernador del Estado haga la remoción del fiscal general; y contar con un órgano interno de control que lleve a cabo los procedimientos en los casos donde existan posibles responsabilidades administrativas por parte de los Servidores Públicos.