Con su permiso, señor presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados.
La iniciativa que hoy proponemos y que suscriben los diputados del Partido Verde Ecologista de México y diputados del Partido Revolucionario Institucional, tiene una prioridad y responde a la necesidad de asegurar la tenencia de la tierra para las familias campesinas y con ello en un marco de legalidad ofrecerles la certeza jurídica y abatir el rezago notarial en beneficio a los sectores menos favorecidos.
Desde la Constitución de 1917 a la fecha, el reparto de tierras ha sido un mandato constitucional y para el Estado mexicano sigue siendo una prerrogativa, entiendo que la distribución de la propiedad no solo es una muestra de la evolución del derecho positivo mexicano, sino que desde hace décadas ha sido y sigue siendo un tema del debate nacional.
Queda claro que los núcleos indígenas son parte integrante de las comunidades que se rigen por el sistema de tenencia de la tierra que establece la Ley Agraria, así como las comunidades agrarias y los ejidos, es decir, hay comunidades agrarias y ejidos constituidos con población indígena, como también los hay sin ésta.
Las comunidades y ejidos con mayor población indígena que mestiza, así como también hay comunidades agrarios y ejidos con mayor población mestiza que indígena. Lo complejo de este sector de la sociedad rural requiere de la atención del gobierno federal a fin de que estos grupos se les ofrezcan garantías necesarias, a fin de tener certidumbre y seguridad en la tenencia de la tierra que poseen.
Para los diputados del Partido Verde Ecologista de México nos queda claro que es a través de la legislación como se deben atender y resolver los temas y demandas de interés colectivo. Es con propuestas claras y alternativas posibles como se pueden solucionar las cuestiones nacionales.
En este contexto, resulta obligatorio atender el sentido social que se establece en nuestra Constitución Política en relación sobre la seguridad y certeza de la posesión y el derecho sobre la propiedad de la tierra, señalando que el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de justicia con objeto de garantizar la seguridad jurídica de la pequeña propiedad, y con ello fortalecer el desarrollo rural sostenible que contribuya a abatir la pobreza y el atraso.
Con esta propuesta se busca dar certidumbre jurídica a los poseedores de las tierras no solo de las que se encuentran en transición o de asentamientos humanos irregulares, sino que se trata en esencia de fortalecer el régimen legal.
Para lograr este propósito es que se propone adicionar un artículo 68 Bis a la Ley Agraria con la finalidad de crear un programa notarial social. Subrayo. Un programa notarial social con cobertura total en las regiones rurales de nuestro país.
Muchas gracias, muy amables. Gracias, señor presidente.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
