Con su venia presidenta,
Compañeras y compañeros legisladores,
Subo a esta tribuna para hablar de un tema que no admite ambigüedades, ni silencios, ni medias tintas. Un tema que interpela directamente a nuestra conciencia como legisladoras y legisladores y que nos obliga a recordar para quienes legislamos, para las personas y en especial para quienes más protección necesitan.
La violencia sexual infantil, lamentablemente sucede en un 90% con personas de mayor confianza, entre ellas familiares, asociaciones deportivas, sociales, pero también las religiosas. Mucho se ha avanzado en diferentes leyes para proteger a nuestras niñas y niños, pero aún hay una deuda histórica con nuestra niñez. Por eso, hoy presento una reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, con un objeto claro y contundente, la protección de niñas, niños y adolescentes frente a cualquier delito cometido en su contra, sin importar el espacio donde ocurra, ni la investidura jerarquía o autoridad moral de quien lo cometa.
Porque cuando hablamos de la niñez, no estamos hablando de estadísticas ni de discursos abstractos, estamos hablando de vidas marcadas, de infancias interrumpidas y, en demasiados casos, de silencios impuestos por el miedo, la culpa o la manipulación.
Esta reforma parte de una premisa fundamental, ningún espacio está por encima de la ley y ningún derecho puede utilizarse como escudo para tolerar o encubrir violencia en contra y en toda la expresión de la niñez. Uno de los ejes centrales de esta reforma es establecer sin margen de interpretación que cuando se trate de delitos cometidos contra niñas, niños o adolescentes, será obligatoria la notificación inmediata a las autoridades competentes, tanto en materia de procuración de justicia como de protección de la niñez.
Las omisiones deben castigarse, así que no avisos tardíos, no decisiones discrecionales, no silencios disfrazados de prudencia, la ley debe ser clara ante un delito, la autoridad debe saberlo de inmediato.
Pero hay otro punto, quizá el más delicado y al mismo tiempo, el más urgente de esta reforma que aborda de manera frontal, el tema del consentimiento. Durante demasiado tiempo, el supuesto consentimiento de niñas, niños o adolescentes ha sido utilizado como narrativa perversa para minimizar el abuso, para desdibujar la responsabilidad del agresor y peor aún para revictimizar a quien ya ha sido violentado.
Esta reforma lo dice con toda claridad, en ningún caso, el consentimiento otorgado por niñas, niños o adolescentes exime de responsabilidad penal, administrativa o civil a quienes cometan un delito en su contra. Y lo digo porque el consentimiento de una persona menor de edad no es jurídicamente válido cuando existe una relación de poder, de autoridad, de influencia moral o espiritual. Porque ese consentimiento muchas veces no es libre, es inducido, manipulado, presionado o construido desde el miedo y además no tienen la madurez cognitiva para darse cuenta de que están siendo violentados por una persona mayor de edad.
Esta reforma no criminaliza creencias, protege personas, no persigue instituciones, fortalece la legalidad, no estigmatiza, establece responsabilidades claras.
Compañeras y compañeros legisladores, cuando una niña, niño o adolescente sufre el daño no es solo individual, es un daño social profundo y duradero. Cada caso que no se denuncia, cada agresor que no enfrenta la justicia es una herida abierta en nuestra responsabilidad colectiva.
Por la dignidad de nuestra función legislativa y por su atención, muchísimas gracias.
Es cuánto reconoce.
