Con el permiso de la presidencia;
Garantizar el cuidado del medio ambiente, tarifas justas para todos los mexicanos y la recuperación de la rectoría del Estado en el sistema eléctrico para asegurar que los hogares y empresas de México sigan teniendo acceso a la electricidad, fueron los ejes rectores que nos fijamos en el Partido Verde cuando comenzamos con el análisis de la reforma constitucional, propuesta por el Ejecutivo federal.
Lo primero que destacamos de la iniciativa del Presidente es que ésta eleva a rango constitucional la transición energética, es decir, el paso del manejo de combustibles fósiles para generar electricidad al uso de fuentes de energía limpia y renovable.
Incluir la transición energética en la Constitución nos obliga a establecer una política de Estado con objetivos claros y el financiamiento necesario para concretarla; nos obliga a implementar una estrategia para transitar con paso firme hacia una mayor participación de las energías limpias y renovables, lo cual es indispensable para cuidar el medio ambiente, combatir el cambio climático y cumplir con nuestros compromisos internacionales.
La discusión que se dio en los foros de Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, dejó claro que el Sistema Eléctrico Nacional requiere de una trasformación que corrija todos los abusos que hoy se dan en el mercado de energía creado a partir de 2013, no siempre por la vía legal, sino a través de la emisión de acuerdos que benefician de manera indebida a unos cuantos.
Tenemos la convicción de que corrigiendo los abusos hoy existentes es posible trasladar las ventajas de una generación más eficiente de la electricidad a los usuarios finales, es decir, lograr que los beneficios de utilizar tecnologías de menor costo, como las energías limpias y renovables, se reflejen en recibos de luz más baratos.
Uno de estos abusos ha sido el modelo de mercado a través del cual, para satisfacer la demanda de electricidad se despacha primero la producida por las tecnologías más baratas y al final las más caras, pero pagando a todas las centrales el precio más alto; esto resulta simplemente insostenible para las finanzas públicas.
Otro de los abusos que también se tiene que corregir, es la tarifa que hoy pagan los privados para hacer llegar la luz que generan en sus centrales hasta donde se consume, la cual está muy por debajo de la que se cobra en otros países. Ese también, es un subsidio del sector público hacia los privados que limita a la CFE para competir y que no puede seguirse manteniendo.
El otro subsidio que no se toma en cuenta cuando se calculan los costos de generación de las centrales renovables es el costo del respaldo, es decir, el apoyo para suministrar el faltante de energía cuando por alguna razón una central, principalmente solar o eólica, deja de producirla, esto a fin de mantener el equilibrio y confiabilidad del sistema eléctrico. Ese respaldo tiene un costo para la CFE, el cual no se cobra a los privados.
Todo lo anterior ha hecho que los beneficios de aumentar la participación de las energías renovables en la generación de electricidad se queden en manos de particulares, en perjuicio del interés público, evitando el acceso de la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas y de los hogares mexicanos a tarifas de luz más baratas.
Mantener la rectoría del Estado en el sector eléctrico no puede hacerse sin una empresa pública que garantice que los mexicanos tengamos electricidad a precios accesibles.
El objeto de los privados es generar ganancias y eso es válido, pero precisamente por ello, es necesario contar con una empresa pública fuerte, con sentido social, que siga haciendo llegar la luz a las comunidades más alejadas y marginadas del país, ahí donde no es rentable y por lo tanto tampoco atractivo para los privados.
Las y los Diputados del Partido Verde confiamos en que el esfuerzo realizado por atender e incorporar al decreto que está a discusión la mayoría de las propuestas realizadas por los legisladores de oposición rinda frutos y nos permita alcanzar los consensos necesarios para aprobar una reforma que busca:
· Reconocer que el acceso a la electricidad es una precondición básica para el ejercicio de otros derechos fundamentales.
· Bajar las tarifas de electricidad en el campo para que usar los pozos de riego sea más barato.
· Bajar las tarifas aplicables al alumbrado público y fortalecer la seguridad en nuestras calles, al tiempo de aliviar la pesada carga que hoy enfrentan más de dos mil municipios por este concepto;
· Bajar las tarifas aplicables al bombeo de agua potable y hacer efectivo el derecho de acceso de las personas al líquido vital; y
· Bajar las tarifas para centros de salud y escuelas públicas, a fin de garantizar a las y los mexicanos el acceso a la salud y a la educación.
Nadie que realmente quiera el bienestar de las y los mexicanos puede oponerse a lo anterior, salvo que pesen más los intereses particulares o de grupo. Por lo anterior las y los Diputados del Verde votaremos a favor de laReformaEléctrica.
Es cuanto, muchas gracias.
