Con el permiso de la presidencia
Buenos días compañeras y compañeros, Diputados
En enero de 1976, México firmó y ratificó el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, que en su artículo 11 se refiere específicamente al derecho a la alimentación y a la necesidad de que los países legislen localmente sobre éste.
Dos décadas más tarde, en 1996, durante la Cumbre Mundial sobre Alimentación, México signó la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial, en donde se reafirmó el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre.
Algunos de los compromisos adquiridos por México para garantizar la seguridad alimentaria fueron: generar condiciones para erradicar la pobreza y la desigualdad; así como mejorar el acceso físico y económico de todos, en todo momento a alimentos suficientes.
Lo anterior generó un amplio debate sobre la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria de los mexicanos mediante la inclusión de ese derecho en nuestro marco legal. Ese proceso culminó en 2011 con el reconocimiento en nuestro texto constitucional del derecho de toda persona a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, lo cual debe ser garantizado por el Estado.
Indudablemente, el derecho a la alimentación es fundamental para todas las personas, ya que sin el alimento los seres humanos no podemos vivir. Desgraciadamente, el hambre y la desnutrición siguen siendo grandes obstáculos para el desarrollo de muchos países y México no es la excepción, por este motivo, desde el Partido Verde hemos impulsado y apoyado diversas iniciativas con la finalidad de evitar que las personas sufran por carencia alimentaria.
En México, hoy nos encontramos en una nueva etapa de la vida pública, lo cual brinda la oportunidad de reconstruir un Estado solidario con quienes menos tienen o con quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad por alguna circunstancia, principalmente después de que la pandemia por COVID-19 ha dejado expuesta la profunda desigualdad persistente entre los diversos sectores de la población y la forma en que ésta se ha convertido en un impedimento para el ejercicio de otros derechos fundamentales, por ejemplo, el de acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
La pandemia generó millones de empleos perdidos y también la disminución en el ingreso de millones de familias en México, a las cuales, lamentablemente, en muchos casos ya no les alcanza para alimentarse adecuadamente, ya sea porque la cabeza de la familia está desempleada o porque perdió su fuente de ingresos.
Diversas instituciones en nuestro país han manifestado su preocupación respecto a que la pandemia podría derivar en el incremento de la inseguridad alimentaria, principalmente en los hogares de menor nivel socioeconómico.
Una prueba de que la pandemia y su impacto negativo sobre el ingreso y el empleo de las y los mexicanos se han convertido en un obstáculo para el acceso a una alimentación suficiente y de calidad en muchos hogares es el aumento registrado en la demanda de atención en los comedores públicos gratuitos de la Ciudad de México en un 30%, el cual se ha visto no solo entre las personas en situación de calle, sino en diferentes grupos de la población que antes de la emergencia sanitaria no acudían a este servicio.
Frente a esta situación, se vuelve fundamental el diseño e instrumentación de medidas contingentes para garantizar a las personas desempleadas y a sus familias un ingreso temporal que les permita llevar alimentos a sus mesas.
Se trata de contar con un mecanismo para atender a personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y requieran de la asistencia social para contribuir a salvaguardar el bienestar y cumplimiento de sus derechos sociales.
En este sentido, buscamos promover, través de una reforma a la Ley de Asistencia Social, la creación de un mecanismo que constituya un apoyo temporal para que las personas que pierdan su empleo o su fuente de ingresos a consecuencia de contingencias como la pandemia por COVID- 19 puedan adquirir una canasta básica alimentaria.
Ojalá que la que actualmente enfrentamos fuera la última gran emergencia sanitaria que viva nuestra generación, lamentablemente, el riesgo de ser afectados por otro evento de esta naturaleza en el futuro está latente y debemos estar preparados como sociedad para ello.
Es cuanto, muchas gracias.
