Con la venia de la presidencia;

La discapacidad es entendida como el resultado de la interacción entre las características de una persona que presenta un déficit, el cual puede ser físico, intelectual, sensorial o psíquico y las barreras, condiciones y actitudes del entorno y de la sociedad en donde vive. Las causas más frecuentes que originan la discapacidad son las enfermedades y los accidentes, lo cual significa que todos estamos expuestos a sufrir alguna a lo largo de nuestra vida.

Lamentablemente, las personas con discapacidad han sido excluidas de la participación en muchos ámbitos de la vida y de la posibilidad de ejercer algunos de sus derechos básicos como el de educación y trabajo. Ante estos hechos, es una realidad que son las personas con discapacidad quienes experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica en comparación con las demás personas.

De acuerdo a datos del CENSO 2020, existen 6.2 millones de personas que viven con alguna discapacidad en nuestro país y 10.9 millones de mexicanos tienen una limitación; aunado a lo anterior los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 muestran que hay una gran diferencia en la tasa de participación económica, pues entre quienes no tienen discapacidad la tasa alcanza 65.4%, mientras en la población con discapacidad este indicador llega al 38.5%. Además, se destaca que existe una brecha de ingresos considerable entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, existen diversos instrumentos nacionales e internacionales que resultan útiles para promover el reconocimiento, respeto y acceso efectivo al goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. En este contexto, nuestra Carta Magna en su artículo 1° establece que todas las personas en México gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y que está prohibida la discriminación motivada por las discapacidades.

Por otra parte, se han llevado a cabo diversas reformas en materia fiscal para estimular a las empresas a contratar personas con discapacidad. Gracias a lo anterior, el sector privado puede acceder a diversos beneficios tales como deducir el impuesto sobre la renta u obtener un descuento en el pago del impuesto sobre nóminas en algunas entidades si incluyen en su plantilla laboral a personas con discapacidad.

En este sentido, para lograr la empleabilidad de las personas con discapacidad algunos países como Alemania, Austria, Ecuador, Japón y Tailandia han optado por establecer en su legislación sistemas de cuotas que obligan al sector público y a las empresas a incluir en sus plantillas laborales a un número determinado de trabajadores con esta condición.

En lo que respecta a nuestro país sólo en la Ciudad de México, y aquí amigas, compañeras y compañeros pongamos mucha atención, sólo en la Ciudad de México se establece en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, que las entidades de la administración pública local están obligadas a destinar el 5% de las plazas de creación reciente y de las vacantes para la contratación de personas con discapacidad. Sin embargo, no todos los estados cuentan con un marco jurídico que contemple una cuota laboral que permita su inclusión.

Por lo anterior, y considerando que el Estado debe velar porque exista una legislación que garantice la incorporación laboral de las personas con discapacidad y, más aún, que se cumpla puntualmente, propongo adicionar una fracción a la Ley Federal del Trabajo con el propósito de establecer la obligación de los patrones el destinar, por cada 50 trabajadores, el cinco por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes a la contratación de personas con discapacidad, así como adicionar a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad la obligación de todas las autoridades de la Administración Pública Federal y de la Administración Pública de las entidades federativas a destinar el 5% de las plazas de creación reciente y de las vacantes a la contratación de personas con discapacidad.

Compañeros y compañeras, hagamos de esta Legislatura de la inclusión, demosle el verdadero valor trato y oportunidades que merecen las personas con discapacidad en nuestro país.

No hay mayor discapacidad en la sociedad que la incapacidad de ver una persona como más, por su atención muchas gracias.

Es cuanto.