Con la venia de la presidencia.
Buenos días, compañeras y compañeros diputados.
Desde hace varios años el sistema de pensiones mexicano enfrenta desafíos muy importantes, esto motivado por el rápido envejecimiento demográfico, por las características del mercado laboral y por las deficiencias del diseño institucional de los sistemas de pensiones que coexisten hoy en día.
En cuanto al movimiento demográfico, el porcentaje de población mayor de 65 años pasará del 10% al 20% entre 2030 y 2050. Indudablemente, este factor refleja que será necesario acumular recursos para hacer frente a la demanda de pensiones en el futuro.
Durante los últimos años ha sido común que menos de la mitad de los trabajadores activos coticen a algún sistema de pensiones. Las consecuencias derivadas de este gran problema ya nos alcanzaron, de los trabajadores que cotizan, solo el 34% cumple con los requisitos vigentes para alcanzar una pensión garantizada.
Con la Ley del Seguro Social vigente, únicamente el 56% de los trabajadores alcanzaría una pensión vitalicia, mientras que el 44% restante recibirá su ahorro al momento del retiro en una sola exhibición.
En suma, la mayoría de la población que se incorporó al mercado laboral a partir de 1998 no tendrá los recursos necesarios para hacer frente a su retiro, y es muy factible que puedan caer en situación de pobreza si no cuentan con otra fuente de ingresos.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal precisamente busca resolver la problemática que actualmente representa el tema de las pensiones en el país.
Los puntos de la iniciativa principalmente consisten en aumentar las aportaciones para el retiro, la disminución del requisito de las semanas de cotización para alcanzar el derecho a una pensión y en el incremento de los ingresos al momento de la jubilación respecto al último ingreso obtenido, cuando se estaba activo a través del incremento en el valor de la pensión mínima garantizada.
De la propuesta es de destacarse la reducción del número de semanas de cotización que se requieren para gozar de las prestaciones de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, de 1,250 a 1,000 semanas de cotización.
Dicha disminución será paulatina y se plantea que iniciará el primero de enero de 2021 con un requisito de 750 semanas de cotización para obtener derechos. El número de semanas de cotización se irá incrementando gradualmente hasta alcanzar un total de 1,000 semanas en el año 2031.
Se incrementa la aportación para el retiro de 6.5% a 15% del salario, sin que las remuneraciones de los trabajadores se vean afectadas.
Resulta importante mencionar que el incremento a la aportación patronal se realizará gradualmente a partir de 2023 hasta 2030 y la recomposición de la aportación del Estado estará en vigor igualmente en 2023.
Es conveniente señalar que el cambio en la determinación y pago de la pensión garantizada también será gradual entre 2021 y 2030.
Debido a que actualmente la Ley del Seguro Social solamente incluye dos opciones para que el trabajador elija entre contratar un seguro de renta vitalicia o mantener los recursos en una Administradora de Fondos para el Retiro y con el saldo efectuar retiros programados, la reforma que se plantea permitiría a los asegurados elegir entre ambas opciones.
En el Partido Verde consideramos que este dictamen representa un paso hacia adelante para comenzar a dar solución, en el corto y mediano plazos, a un problema que desde hace varios años venimos arrastrando.
Quizá los cambios propuestos no dejen a todos satisfechos, sin embargo, es el mejor esquema que se pudo lograr por el momento y el debate quedará abierto para futuras reformas con el propósito de impulsar una mayor justicia social.
Por las razones anteriormente expuestas, nuestro voto será a favor del presente dictamen, ya que, con su aprobación, estaremos contribuyendo a mejorar el bienestar de la población en la etapa de retiro.
Es cuanto, muchas gracias.
