Con el permiso de la Presidencia;
Buenas tardes, señora Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Sea usted y todo su equipo nuevamente bienvenido a la Cámara de Diputados.
El segundo informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho hincapié en que
La ciudadanización del combate a la corrupción implica la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos y se relaciona principalmente con el involucramiento de ciudadanos y ciudadanas en la vigilancia del ejercicio gubernamental.
Creemos firmemente que el convencimiento de los beneficios del cumplimiento de la ley, y de la cooperación para satisfacer las mismas, es uno de los muchos cambios que se requieren para atacar de frente la corrupción y aspirar a volvernos un país de leyes y de estado de derecho. Reconocemos la gran responsabilidad y honor que tiene la Secretaría de la función pública para facilitar la participación ciudadana en la vigilancia y el combate a la corrupción.
No solo con infracciones, sanciones, investigaciones y verificaciones se logrará atacar el flagelo de la corrupción, bandera que hoy el gobierno ha tomado, para modificar de raíz, el desempeño público y por tanto, el régimen aplicable a los servidores públicos y a los particulares vinculados en los actos administrativos generados por los primeros.
Desde hace tiempo se ha venido fortaleciendo la importancia de la denuncia, con el fin de que las autoridades tengan mayores elementos para dar inicio al ejercicio de sus atribuciones tendentes a verificar el cumplimiento de diversas normas de gestión y fiscalización administrativa.
Sabemos que aún hay gran camino por recorrer, por eso celebremos que en este año, se haya creado la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción y que se haya modificado la estructura del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, para darle plena validez y alcance a esta Coordinación, con un objetivo tan primordial.
En ese sentido, le pregunto ¿cuáles son las principales políticas, estrategias y planes, de conformidad con el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la impunidad y de Mejora de Gestión Pública 2020-2024, para vincular a la ciudadanía en el combate a la corrupción?
Agradezco de antemano sus amables respuestas.
Réplica
Secretaria gracias por sus respuestas. Sin duda reconocemos que el gobierno ha hecho algo digno de reconocerse en estos dos años, aunque aún falta mucho por hacer.
Entendemos que el objetivo es, a través de nuevas políticas, hacer transversal la ciudadanización, mediante el involucramiento de nuevos mecanismos para fomentar la participación ciudadana.
Lo anterior, a través de esquemas innovadores de contraloría social, el impulso de la integridad en las empresas que interactúan con el gobierno, la defensoría de oficio, el acompañamiento de personas víctimas de la corrupción, así como el fomento de la denuncia y el alertamiento como parte de la nueva cultura del combate a la corrupción y la impunidad.
Queremos que estas políticas logren dos objetivos, uno, que el ciudadano sepa que puede denunciar sin temor a represalias, y por el contrario, se logre con tales actos de denuncia, el segundo fin, que la denuncia se vuelva la regla, porque lo que se protege mediante la misma, es el interés público, vía la fiscalización y auditoría de la gestión de recurso públicos y de la actuación de sus servidores.
Programas como el de Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, cuyo mandato es promover la denuncia ciudadana y proteger los derechos de las personas alertadoras de la corrupción, no deben entenderse como programas piloto, sino como las nuevas reglas a seguir en este cambio de régimen para atender las causas y consecuencias de la corrupción.
Sabemos que son programas novedosos, cuyo régimen normativo ha sido recientemente emitido, mediante los Lineamientos para la Promoción y Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, los cuales se centran en los derechos de los alertadores, y por ende garantizan la protección de los datos personales de los denunciantes.
Esfuerzos como estos, son capaces de apoyar a enderezar el rumbo de un país en el que las normas justas, como aquellas tendentes a cuidar el gasto público y a aquellos que lo ejercen, sean del sector público o privado, sean aplicadas con todo su peso y rigor, respetando en todo momento los derechos fundamentales tanto de servidores públicos investigados, como de los ciudadanos denunciantes.
Es cuánto.
