Con la venia de la Presidencia;
Compañeras Diputadas, Compañeros Diputados,
El Derecho Penal fue creado para estructurar en un solo marco jurídico aquellas conductas nocivas contra la armonía de la sociedad. Por tanto, le corresponde al Estado su aplicación mediante la prohibición y sanción a quienes no lo cumplan.
Desafortunadamente, hemos tenido que pasar de la prevención al incremento de las sanciones, debido a que cada vez son más las muestras de actos antisociales merecedores de castigos.
En el caso que nos ocupa, datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México señalan que la extorsión es el segundo delito más recurrente en México.
Adicionalmente, de enero de 2019 a febrero de 2020, alrededor de 111 mil personas denunciaron algún tipo de extorsión, convirtiéndose en el segundo delito más recurrente en el país, después de los delitos de robo o asalto en la vía o transporte públicos.
Estos son datos alarmantes, pero, sin duda, reales. Atendiendo a ello, la tarea legislativa se ha tenido que transformar para generar leyes más robustas y cuya finalidad sea sancionar ejemplarmente para evitar se continúe cometiendo el delito que tanto aqueja a la sociedad.
En el dictamen que nos ocupa, la intención es aumentar las penas existentes para el delito de extorsión; actualmente se impone una pena de 2 a 8 años de prisión y de 40 a 160 días multa a quien lo cometa.
Con esta reforma se busca aumentar dicha sanción hasta en una tercera parte, si quien extorsiona tiene alguna relación laboral o un parentesco hasta cuarto grado con la víctima. De igual manera, si la víctima es menor de 18 años o mayor de 60 o padece de alguna discapacidad.
Adicionalmente, se consideró necesario aumentar la sanción hasta en una mitad, cuando el delito de extorsión sea cometido con violencia ya sea física, psicológica o moral; así como el incremento de 5 a 10 años el tope máximo de inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión al servidor o ex servidor público, miembro activo o retirado de las Fuerzas Armadas, y el incremento de hasta las dos terceras partes adicionales para el servidor o autoridad penitenciaria que faciliten los medios o condiciones para la comisión de este delito.
Estamos convencidos de que dichas reformas constituyen una vía eficaz para poner un alto al creciente número de hechos relacionados con el delito de extorsión. Consideramos que sanciones ejemplares deberán responder sí o sí a las necesidades de una sociedad que hoy en día exigen justicia y seguridad.
Por todo ello, y como representante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, anuncio nuestro voto a favor del dictamen de la Comisión de Justicia por el que se adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal en materia extorsión.
Somos unos convencidos de que, como legisladores, no existe mayor responsabilidad en nuestro encargo que la de contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos, a través de la creación de leyes que garanticen nuestros derechos.
Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
