Con la venia de la presidencia;
México demanda desde hace tiempo que la transparencia sea el eje rector en la realización de todos los actos gubernamentales, lo cual implica concretar cambios profundos en la forma en la que se concibe y ejerce el poder público.
La rendición de cuentas y el ejercicio del poder no pueden volver a ser concebidos de manera separada en nuestro país. Hoy, los ciudadanos tienen a su disposición diversos mecanismos, como la transparencia y la fiscalización, que obligan a los servidores y funcionarios públicos a actuar con responsabilidad, especialmente, en el manejo de los recursos del erario.
Remover, desde la norma suprema de este país, que es la, Constitución, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo disponga de una partida secreta que no es fiscalizable, resulta congruente con los discursos que señalan que el dinero público pertenece a los ciudadanos y no a quien lo administra y que, como dueños de esos recursos, los ciudadanos tenemos todo el derecho a saber cómo y en qué se gastan.
En la práctica, la existencia de las partidas secretas estuvo destinada a la realización de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y seguridad nacional, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales, cuya realización implicaba riesgo, urgencia o confidencialidad. Sin embargo, la "confidencialidad" que se señala no cabe en un Estado democrático, transparente y comprometido con el combate a la corrupción.
El concepto de partida secreta que actualmente existe en el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 constitucional pretendió legitimar una práctica por la cual, a voluntad del Presidente de la República, sin más trámite que expresarlo por escrito, los secretarios de Estado disponían de una parte del presupuesto sin estar obligados a rendir un informe de ello al Poder Legislativo.
La existencia de partidas secretas corresponde a un régimen presidencialista, en donde la concentración del poder en la figura del Presidente de la República le permitía imponer sus condiciones en la toma de decisiones para definir el rumbo, tanto político como económico, de la nación. Es evidente que esa forma de ejercicio del poder ya no es congruente con la realidad de un país que ha optado desde hace años por el pluralismo político.
La presente reforma fortalece las atribuciones constitucionales exclusivas de la Cámara de Diputados en materia presupuestaria, respetando así el principio de control y fiscalización de los recursos de la Federación, de tal manera que sea el Poder Legislativo el único facultado para decidir el objeto y monto del gasto público.
La administración de los fondos públicos debe ser razonable, equitativa y, sobre todo, apegada a derecho, de tal suerte que resulta inadmisible la existencia de las partidas secretas en el texto constitucional[U1] .
Votaremos a favor de la aprobación del presente dictamen porque estamos convencidos de que en un texto que tiene entre sus preceptos la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas no puede subsistir una disposición que abre la puerta a la opacidad y la discrecionalidad en el manejo del erario público.
Es cuanto.
