- En México, el 70 por ciento de los niños indígenas menores de 5 años, no habla su lengua materna.
La diputada del Partido Verde, Ciria Yamile Salomón Durán, propuso reformar la Ley General de Educación, para que las entidades y localidades urbanas y rurales con población mayoritaria de comunidades indígenas o afromexicanas, fomenten en sus planes y programas educativos el conocimiento, aprendizaje, reconocimiento y valoración de las culturas ancestrales, a fin de preservar y difundir su riqueza e importancia entre los educandos.
La diputada Salomón Durán en su propuesta señaló que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 70 por ciento de los niños indígenas menores de 5 años, de nuestro país, no habla su lengua materna y la transmisión intergeneracional de éstas ha disminuido drásticamente.
“Esta situación es un indicador claro de la pérdida de conocimientos culturales, ya que la lengua es un vehículo fundamental para la transmisión de la cosmovisión, las tradiciones y los valores ancestrales”, añadió la legisladora.
Asimismo, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 revela que los niños indígenas enfrentan altos niveles de discriminación y marginación, tanto en el ámbito escolar como social, lo que contribuye a la desvalorización de su cultura.
Por lo cual la legisladora señaló que, “el entorno educativo, predominantemente castellano y orientado hacia una cultura homogénea, ha invisibilizado las culturas indígenas, desmotivando a los niños a aprender y practicar su cultura originaria, lo cual combinado con la globalización y la influencia de medios de comunicación que promueven valores ajenos a las tradiciones indígenas, aceleran la pérdida del conocimiento ancestral”.
Por lo cual, la legisladora ecologista, resaltó la necesidad de implementar estrategias que aseguren que la educación sea bilingüe e intercultural, por ejemplo, que los maestros sean hablantes nativos de las lenguas indígenas y estén capacitados en pedagogía intercultural, teniendo como principal objetivo la promoción de la enseñanza de la historia, cosmovisión y valores de los pueblos indígenas.
Asimismo, destacó la importancia de elaborar material didáctico y capacitación de grupos para que las propias comunidades desarrollen programas de enseñanza de su lengua y cultura a las nuevas generaciones. “Esto incluye la creación de espacios culturales y educativos dentro de las comunidades, donde los niños puedan aprender de los mayores y participar en actividades tradicionales”, añadió Salomón Durán.
De igual forma, en la propuesta planteó el desarrollo de aplicaciones móviles, plataformas digitales y materiales educativos en lenguas indígenas para facilitar la enseñanza y aprendizaje de estas lenguas. Además de la creación de archivos digitales de historias orales, canciones y otras expresiones culturales para su preservación y difusión.
Finalmente, Salomón Durán, mencionó que la pérdida del conocimiento de las culturas ancestrales entre la niñez mexicana es una problemática de urgente atención que requiere la implementación de acciones legislativas y políticas públicas integrales y efectivas que permitan la preservación del conocimiento ancestral y, sobre todo, su difusión, aprendizaje y valoración.
- La propuesta busca terminar con la exploración y plagio de sus artesanías, mismas que constituyen un patrimonio invaluable para México y la humanidad.
Con el fin de proteger la riqueza cultural de los pueblos originarios y evitar la explotación y plagio de sus creaciones, la diputada federal por el Partido Verde, Maricela Silva Andraca propuso reformar la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), en materia de protección y promoción de las artesanías de la comunidad wixárika como patrimonio cultural inmaterial.
La legisladora explicó que actualmente, dicha ley reconoce las creaciones originales como propiedad del autor, otorgando protección a obras literarias, artísticas, científicas y técnicas, incluyendo las artesanías, sin embargo, las artesanías de los pueblos originarios quedan en un limbo legal al no ser registradas formalmente, lo que las hace vulnerables al plagio y explotación por parte de terceros.
Ante ello, señaló que es imperativo reformar la LFDA para incluir mecanismos específicos que salvaguarden las expresiones culturales de las comunidades indígenas.
En su iniciativa, Silva Andraca expone que la riqueza cultural de los pueblos originarios, como la comunidad wixárika, constituye un patrimonio invaluable no solo para México, sino para la humanidad. Este patrimonio se manifiesta de manera destacada en sus artesanías, que son expresión tangible de su cosmovisión, espiritualidad y tradiciones milenarias.
Sin embargo, indicó, estas creaciones, cargadas de simbolismo y tradición, han sido objeto de plagio y explotación indebida por parte de terceros que lucran con ellas sin respeto por su origen y sin reconocimiento de los derechos de sus creadores, lo que representa no solo una pérdida económica para los artesanos, sino también una agresión directa a su identidad cultural y espiritual.
Destacó que año con año, los casos detectados de apropiación indebida de sus diseños muestran un patrón alarmante, evidenciando la necesidad urgente de implementar políticas de protección y reconocimiento a nivel nacional e internacional.
En este contexto, subrayó que es necesario adecuar el marco legal vigente para que proteja estas creaciones, reconociendo y garantizando los derechos de autor y propiedad intelectual de los pueblos originarios sobre sus expresiones culturales.
Por todo ello, propuso reformar diversas disposiciones de la LFDA para incluir entre las ramas de obras que deberán ser protegidas con el derecho de autor, las artesanías, creaciones, diseños y demás manifestaciones culturales realizadas por comunidades indígenas, las cuales reflejan su identidad, tradiciones y patrimonio cultural.
Asimismo se establece que las comunidades indígenas serán reconocidas como titulares colectivas de los derechos morales de sus obras y tienen derecho a oponerse a cualquier uso, exploración o modificación de sus creaciones, entre otras facultades.
- Se busca que las partes puedan suscribir acuerdos reparatorios en casos de delitos culposos, delitos perseguibles por querella o delitos patrimoniales no violentos.
La diputada Ruth Maricela Silva Andraca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, propuso reformar los artículos 140 y 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de hacer cumplir la reparación integral del daño a las víctimas de delito.
La legisladora ecologista explicó que, aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las víctimas y ofendidos de un delito tienen derecho a recibir la reparación del daño, en la práctica, el ejercicio de este derecho enfrenta importantes desafíos, especialmente cuando el sentenciado manifiesta que no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con ello o evade la acción de la justicia.
Añadió que esta situación coloca a la víctima en un estado de vulnerabilidad e indefensión, además de que resalta las dificultades del sistema penal para garantizar efectivamente este derecho.
En su propuesta, destaca que entre las limitaciones recurrentes para cumplir con la reparación del daño está la insolvencia del sentenciado, quien a menudo carece de bienes o recursos para cumplir con la obligación y montos elevados de reparación, que en ciertos delitos económicos y patrimoniales superan ampliamente la capacidad del sentenciado.
Asimismo, la imposibilidad de generar ingresos durante el cumplimiento de la condena, que limita aún más la capacidad del sentenciado para cumplir con la reparación y, la ejecución de las autoridades para localizar y asegurar bienes o recursos del responsable.
Silva Andraca resaltó que en México diversos autores consideran que la reparación del daño a las víctimas no se cumple plenamente, ya que dicha responsabilidad, en la práctica, se ha burocratizado, limitándose a un trámite administrativo posterior a un fallo judicial para otorgar una mera indemnización económica, o representada en dinero en caso de existir daños materiales e inmateriales, lo cual evidencia, por un lado, un desdén hacia las víctimas y las violaciones a derechos humanos y, por el otro, existe una violación sistemática al derecho de acceso a la justicia, lo cual incrementa gravemente la impunidad.
Resaltó que, por ello, don la reforma a los artículos 140 y 153 se amplían las oportunidades para que las partes puedan suscribir salidas alternas ante el ministerio público, permitiendo el acceso a acuerdos reparatorios en casos de delitos culposos, delitos perseguibles por querella o delitos patrimoniales no violentos. “Esta medida contribuye, además, a reducir la carga de trabajo en los juzgados, especialmente en audiencias iniciales”, señaló la diputada.
Añadió que con una adición al Código Nacional de Procedimientos Penales se podrá asegurar una verdadera igualdad de condiciones entre las partes, sin que ello implique vulneración de algún derecho humano.
De acuerdo con la reforma, tanto en el artículo 140 como en el 153, se añade que “se deberá solicitar al inculpado la reparación del daño a la víctima u ofendido”.