- Busca castigar con mayor fuerza estas conductas, catalogándolas como delito grave a fin de disuadir la comisión de actos contra el medio ambiente.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) presentó una iniciativa para modificar diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para que las penas y multas por delitos ambientales se incrementen, sobre todo cuando éstos se cometan intencionalmente.
La propuesta del Partido Verde es que los delitos ambientales se clasifiquen como graves cuando la conducta se realice con dolo, es decir, con el pleno conocimiento de que dichas acciones constituyen un delito.
Con esta clasificación, se establece en la exposición de motivos, se pretende disuadir y prevenir actividades que dañen o destruyan el medio ambiente.
Con los cambios propuestos la pena pasaría de nueve a diez años de cárcel y las multas que actualmente establece el Código Penal Federal de 300 a tres mil días, aumentaría de 887 a 6 mil 878 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que actualmente es de 113.14 pesos.
Es decir, el monto máximo de multa pasaría de 339 mil 420 pesos a 778 mil 176 pesos.
Entre los delitos que se sugiere incluir en esta categoría se encuentran el desmonte y la destrucción de áreas forestales; el transporte y comercio ilegal de maderas, las peleas de perros, la caza ilegal y la comercialización de especies de flora y fauna silvestre; el daño a ecosistemas críticos como los manglares y humedales, así como la introducción de recursos forestales o de vida silvestre a nuestro país que porten enfermedad contagiosa, y que propaguen la enfermedad en nuestros ecosistemas.
Asimismo, se debe considerar la descarga inapropiada de aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, y la disposición de desechos contaminantes en suelos y cuerpos de agua, prácticas que comprometen la salud ambiental y la sostenibilidad de los recursos naturales.
“En síntesis, lo que se propone es castigar con mayor fuerza los delitos ambientales con el objetivo de disuadir la comisión de conductas contra el medio ambiente por las penas a las que pueden hacerse acreedores quienes las ejecuten.
“Con esto se busca proteger los recursos naturales de cualquier ilícito y garantizar el derecho al medio ambiente sano como lo establece la Constitución”, indica la iniciativa.
- La iniciativa se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con el fin de asegurar el derecho de los infantes a vivir una vida libre de violencia, prejuicios y estereotipos
Con el objetivo de definir de manera precisa el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, garantizando que cumpla con los principios de taxatividad, claridad normativa y respeto al interés superior de la infancia, la diputada Casandra Prisilla de los Santos propuso reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La legisladora ecologista resaltó que, a lo largo de los años, el Estado mexicano ha avanzado en su compromiso de reconocer, respetar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este proceso ha incluido la suscripción de acuerdos y tratados internacionales, los cuales han obligado al país a implementar medidas específicas para garantizar dichos derechos, creando, entre otras cosas, un sistema jurídico de protección.
- Los programas de integridad empresarial son un elemento para que el Estado escoja entre diferentes opciones cuando ejerce gasto público a través del sector privado
El diputado Carlos Alberto Guevara Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar el artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para que se agregue a los requisitos para participar en licitaciones, que las empresas cuenten con una política de integridad.
En la exposición de motivos, el legislador explicó que, según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se considerará una política de integridad en una compañía aquella que cuenta con, al menos, un manual de organización y procedimientos; un código de conducta; sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría.
Además, debe incluir el uso de sistemas adecuados de denuncia; sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de integridad; políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación, y mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses.
"Si una empresa cuenta con políticas claras de integridad, opera en su favor la consideración de que violar la ley no es su forma de hacer negocios. Bajo esta lógica, la reforma que se propone pretende incentivar la integridad de las personas morales, no se crea una nueva obligación ni un nuevo esquema burocrático, en razón de ello no hay sanciones por carecer de estas medidas", precisó.
Guevara Garza recordó que en la reforma constitucional de mayo de 2015 se introdujo en el Artículo 113 el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como instancia coordinadora entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno con competencia en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
"Ahora bien, la Ley General de Responsabilidades Administrativa contiene un apartado con el que se dispone la facultad de los entes públicos para que, con la participación de sus órganos internos de control, implementen, en conjunto con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas, mecanismos de autorregulación que sirven para el diseño y supervisión de controles internos", dijo el diputado ecologista.
Además, agregó, según esta ley pueden tener un programa de integridad que les permite asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización, a efecto de inhibir la práctica de conductas irregulares y orientar a los socios, directivos y empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa de integridad.
Por ello, enfatizó que esta legislación pretende generar una nueva cultura empresarial en la que la integridad sea un activo que sirva a su sostenibilidad y además, sea elemento para valorar responsabilidades cuando una empresa está involucrada en un acto de corrupción.