Para evitar que los vehículos conocidos como “razers”, motos y cuatrimotos sigan afectando el medio ambiente por la contaminación por ruido, luces que exceden los parámetros legales y el uso de gasolina y aceites, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, aprobó por unanimidad la propuesta del Partido Verde para prohibir que estos automotores circulen en áreas naturales protegidas.
Tampoco podrán circular en áreas de conservación, áreas no perturbadas, áreas que alojen ecosistemas o elementos naturales de especial importancia o que requieran protección especial.
Su circulación solo estará permitida a consideración de las autoridades competentes, previa justificación, siempre y cuando el uso no implique daño alguno al ambiente, a la biodiversidad, a los ecosistemas involucrados ni a terceras personas.
En su propuesta, el diputado Ricardo Astudillo, del Partido Verde Ecologista, explicó que esto se inscribe en lo que establece la Constitución Política en su Artículo 4º. donde señala que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar” y corresponde al gobierno federal y a los gobiernos municipales, en su ámbito de competencia, impulsar acciones que contribuyan a garantizar ese derecho.
En ese contexto, puntualizó que en los últimos años, una actividad que ha tenido mucho crecimiento es el turismo de aventura en vehículos automotores, particularmente los conocidos como “razers ”, motos y cuatrimotos, incluso en los denominados “areneros ” y cuyas actividades se están llevando a cabo en lugares indebidos y no existe a la fecha regulación formal para ello.
Resaltó que estos vehículos se caracterizan por brindarle al tripulante una experiencia extrema, fuera de la seguridad de un vehículo ordinario al cual le sería imposible acceder a algunos lugares y, además, son vehículos con motores de combustión interna, lo cual implica que utilizan gasolina y aceites, mismos que, al haber transitado en carreteras normales, se impregnan en sus neumáticos y éstos, al transitar por cuerpos de agua, sueltan esa contaminación impactando gravemente el ecosistema.
Asimismo, cuando abandonan el camino y transitan por arroyos y cañadas perjudican los cuerpos de agua y la biodiversidad; También es común que a esos vehículos les instalen refacciones que incrementan las emisiones sonoras, generando con ello contaminación auditiva, misma que está comprobado, trastorna a diversas especies de fauna sensible a sonidos de alta frecuencia o de alto volumen.
Lo mismo sucede con las luces que tienen instalados estos vehículos ya que son luces que exceden los parámetros legales, además de que estos vehículos la mayoría de las veces circulan en grupos a una velocidad excesiva, incongruente con el paisaje y con música a volumen máximo.
Otro aspecto a destacar, añadió, es que el uso y circulación de estos vehículos genera que los suelos por donde transitan sufran erosión no natural, lo cual genera que el material orgánico quede suelto y pueda ser arrastrado fácilmente por el aire o por el agua de las lluvias, situación que, a la larga, genera un déficit nutricional en los suelos y una menor capacidad para captar y retener agua que, a su vez, genera un estrés para la vegetación circundante.
Destacó que son muchos los impactos negativos y pocos los beneficios colectivos que resultan del uso no regulado de estos y otros vehículos todoterreno por lo que señaló que corresponde a todos, ciudadanía y gobiernos, proteger el medio ambiente y cuidar nuestros recursos naturales.
El diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Partido Verde Ecologista de México, propuso reformar la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que todo pozo, cuenca y recurso hídrico que se encuentre dentro de una comunidad indígena, sea de uso exclusivo de las comunidades y no puedan ser explotados por particulares o empresas.
En la exposición de motivos, Puertos Chimalhua señaló que el principal objetivo de esta reforma es reservar la tenencia de tierras y mantos acuíferos que se encuentren dentro de las comunidades indígenas, específicamente en el rubro hídrico, para que las comunidades tengan acceso a agua limpia, potable y de calidad para su uso doméstico.
“Evidentemente, ante la creciente explotación de los mantos acuíferos por particulares y empresas, se pretende especificar los lineamientos en los que aplicará el uso, tenencia y concesión de pozos de agua, así como la prohibición para todo particular que pretenda explotar el agua para fines de comercialización o actividad empresarial”, afirmó.
Asimismo, expuso que está propuesta surge a partir del gran compromiso que tiene con su tierra natal Veracruz, estado que representa en esta honorable Cámara de Diputados. “Siento un profundo compromiso y responsabilidad moral con los pueblos indígenas de mi estado y de nuestro país, es por lo que veo la necesidad de impulsar la presente iniciativa”, mencionó.
De igual forma señaló que con dicha reforma se establecerá que las concesiones otorgadas a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas serán de carácter colectivo, intransferible y sin fines de lucro, con la finalidad de garantizar el uso doméstico, agrícola, cultural y ambiental del recurso y queda prohibida su cesión, arrendamiento, transmisión o cualquier forma de aprovechamiento por parte de terceros ajenos a la comunidad.
Además, la Comisión Nacional del Agua implementará procedimientos simplificados, gratuitos y culturalmente pertinentes para facilitar el acceso a las concesiones referidas en el presente artículo, respetando en todo momento la organización interna y sistemas normativos propios de dichas comunidades.
“Con esta propuesta se busca promover la justicia y equidad en el acceso a los recursos hídricos y al mismo tiempo reconocer los derechos y la autonomía de las comunidades indígenas sobre sus territorios y recursos naturales”, concluyó el legislador.
Con la finalidad de que las autoridades encargadas de proteger a la población de Guerrero ante desastres naturales cuenten con herramientas adecuadas y datos actualizados que faciliten la toma de decisiones, la senadora Karen Castrejón Trujillo exhortó a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, ejerza su facultad de supervisar que se realicen y se mantengan actualizados los Atlas de Riesgos de los municipios de dicha entidad.
Explicó que los Atlas de Riesgos son documentos dinámicos cuyas evaluaciones de riesgo en asentamientos humanos, regiones o zonas geográficas vulnerables consideran actuales y futuros escenarios climáticos, y son fundamentales para elaborar políticas y programas en cada etapa de la Gestión Integral del Riesgo.
Agregó que es un sistema integral de información sobre agentes perturbadores, así como los daños que se esperan luego de un acontecimiento climático, por lo que entidades federativas y municipios deben contar con datos actualizados que permitan simular escenarios de desastres y planear para reducir lo más posible los daños que pudieran ocasionar.
Lamentó que en el estado de Guerrero, solamente el 5 por ciento de los municipios cuentan con Atlas de Riesgos, por lo que dijo que “es necesario instar a las autoridades municipales a cumplir esta obligación”.
Recordó que en octubre de 2023, el Huracán Otis impactó en Acapulco, Guerrero, con vientos de 270 kilómetros por hora, afectando viviendas, infraestructura, carreteras, el suministro eléctrico y de agua, y, lamentablemente, provocando la pérdida de vidas humanas. Agregó que un año después, en septiembre de 2024, el huracán John impactó en las costas de Guerrero y Oaxaca como tormenta de categoría 3.
La senadora aseguró que este tipo de eventos meteorológicos son síntomas del cambio climático, emergencia mundial que urge a todos los países y a sus gobiernos a tomar acción, por lo que dijo que “resulta apremiante adoptar medidas que disminuyan la vulnerabilidad de la población guerrerense y de sus ecosistemas, por lo que debemos fortalecer la capacidad de resistencia y resiliencia de la sociedad”.
Por ello, afirmó que su propuesta pretende coadyuvar en el fortalecimiento de la capacidad nacional de respuesta frente a efectos adversos del cambio climático e insistió en que “el estado de Guerrero requiere contar con información actualizada qué permita calcular riesgos a partir de la identificación de peligros; el grado de exposición de agentes afectables, como personas, bienes e infraestructura, y la vulnerabilidad”.