La senadora Maki Ortiz Domínguez, del Partido Verde, presentó una iniciativa que propone reformar el Código Penal Federal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para incluir la protección específica a defensores del medio ambiente y del territorio, así como establecer un nuevo tipo penal que sancione con hasta 50 años de prisión a quien prive de la vida a una persona por su labor ambiental.
Explicó que su propuesta incluye un nuevo Capítulo V Bis en el Código Penal Federal, que tipifica el delito de “homicidio en contra de defensores del medio ambiente”, con sanciones de 30 a 50 años de prisión, y agravantes cuando la víctima pertenezca a pueblos indígenas o comunidades afromexicanas, o cuando el agresor sea servidor público.
Según el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), México se encuentra entre las naciones con mayor número de asesinatos de defensores del medio ambiente, con 25 casos en 2024. Datos de Global Witness y Front Line Defenders, más de dos mil 253 defensores ambientales han sido asesinados o desaparecidos en América Latina desde 2012, siendo México el tercer país más peligroso para ejercer esta labor.
“La defensa de la tierra es también la defensa de la vida. Quienes alzan la voz por nuestros bosques, ríos y mares no sólo protegen al medio ambiente, sino el derecho humano a vivir en armonía con la naturaleza”, señaló la legisladora.
Ortiz Domínguez señaló que su propuesta reconoce por primera vez a las personas defensoras del ambiente como beneficiarias directas del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, amplía su estructura institucional e incorpora a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la Junta de Gobierno del mecanismo, reforzando así la coordinación interinstitucional.
Asimismo, propone la creación de una Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis, especializada en riesgos ambientales y territoriales, y la obligación de establecer protocolos de reacción rápida y sistemas de alerta temprana en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“No podemos permitir que quienes defienden la naturaleza sean silenciados por la violencia o la impunidad. México tiene el deber de proteger a quienes protegen la vida misma”, sostuvo la senadora Ortiz Domínguez.
Con el objetivo de fortalecer la protección de la infancia y adolescencia frente a nuevas formas de violencia, la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar el concepto de ciberbullying y establecer medidas claras para su prevención, atención y sanción.
En el desarrollo de su propuesta la legisladora definió el ciberbullying como una forma de acoso ejercida mediante dispositivos tecnológicos y plataformas digitales, como redes sociales, mensajería instantánea o correo electrónico, en donde se comparten mensajes, imágenes o videos con la intención de humillar, intimidar o causar daño emocional.
“Es momento de visibilizar esta problemática y tomar acciones legislativas contundentes para proteger a nuestra niñez y adolescencia, ya que este tipo de acoso ha ido en aumento en los últimos años”, subrayó.
Explicó que su consiste en establecer que tanto autoridades federales como estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán asumir la responsabilidad de implementar acciones efectivas para combatir el ciberbullying, particularmente cuando las víctimas sean menores de edad. “Se plantea un enfoque integral y coordinado que permita actuar con eficacia ante esta forma de violencia digital”, apuntó.
Asimismo, la diputada Trujillo sugirió la creación de una instancia multidisciplinaria encargada de establecer mecanismos de prevención, atención y canalización de los casos de ciberbullying y otras violencias detectadas en el entorno escolar. Esta instancia también tendría la responsabilidad de desarrollar protocolos de actuación dirigidos a personal docente, padres, madres y tutores legales, con el objetivo de actuar oportunamente frente a situaciones de riesgo.
La legisladora consideró urgente implementar estrategias de detección temprana y contención del ciberbullying, ya que este fenómeno impacta gravemente en el desarrollo emocional y psicológico de niñas, niños y adolescentes. “Las niñas, niños y adolescentes se enfrentan cada vez con más frecuencia a esta forma de violencia, que muchas veces pasa desapercibida o no es denunciada por temor o desconocimiento”, advirtió.
Recordó que, si bien existen ya disposiciones legales como el Artículo 20 Quáter, que sanciona la violencia digital relacionada con la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, y el Artículo 199 Octies, que castiga la violación a la intimidad sexual, estos preceptos no abarcan de manera integral otras formas de violencia digital a las que están expuestos los menores en plataformas tecnológicas.
Finalmente, Trujillo propuso que la ley reconozca expresamente otras modalidades de violencia digital que, sin involucrar contenido sexual, vulneran la intimidad, privacidad y dignidad de niñas, niños y adolescentes mediante el uso de tecnologías de la información. “Debemos cerrar las brechas legales y dar pasos firmes hacia un entorno digital seguro y respetuoso para todas y todos”, concluyó.
En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la senadora del Partido Verde, Maki Ortiz Domínguez, destacó la importancia de reforzar las políticas públicas y los programas de prevención para reducir la mortalidad por esta enfermedad, por lo que subrayó la urgencia de garantizar el acceso gratuito a mastógrafos y consolidar una verdadera cultura de la prevención en todo el país.
“El cáncer de mama no distingue edad, condición social ni género. La clave está en detectarlo a tiempo, atenderlo con oportunidad y acompañar con empatía a quienes lo enfrentan”, expresó la senadora, al reiterar que la información y la sensibilización son herramientas esenciales para salvar vidas.
Ortiz Domínguez señaló que el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de mortalidad por cáncer en mujeres en todo el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En México, la Secretaría de Salud reporta que en 2023 el cáncer de mama registró una tasa de mortalidad de 19.9 por cada 100 mil mujeres de 25 años o más, siendo Sonora, Chihuahua y Coahuila las entidades con las cifras más altas. Subrayó que la detección oportuna y el acceso a tratamientos adecuados son factores determinantes para salvar vidas.
La legisladora dijo que el Partido Verde se ha sumado activamente a esta causa, impulsando acciones legislativas y exhortos para mejorar las políticas públicas en materia de salud mamaria. En particular, subrayó la necesidad de ampliar el acceso gratuito a mastógrafos en todo el país, especialmente en zonas rurales, donde la falta de infraestructura médica limita la atención preventiva.
Recordó que octubre simboliza la lucha colectiva contra el cáncer de mama, representada por el icónico lazo rosa, que desde la década de 1990 se ha convertido en un emblema mundial de esperanza, apoyo y solidaridad. Asimismo, destacó que este movimiento transforma el miedo en acción, la ignorancia en conocimiento y el estigma en solidaridad, generando un impacto positivo en la salud pública y en el bienestar de innumerables personas.
Finalmente, Ortiz Domínguez llamó a la ciudadanía a participar activamente en las actividades de sensibilización durante el mes de octubre y a mantener la conciencia durante todo el año. “La prevención salva vidas, y actuar a tiempo marca la diferencia”, concluyó.