- “Se van a quedar con las ganas quienes apuestan por la ruptura”, afirmó la dirigenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján.
- Los dirigentes del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, y del Partido del Verde Ecologista de México, Karen Castrejón, respaldaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reafirmaron que continuarán apoyando a la Cuarta Transformación.
- “Las fuerzas políticas del Verde, Morena y PT comparten la convicción de que la transformación se construye con acuerdos, con diálogo permanente”: Karen Castrejón, líder nacional del Partido Verde.
- “El Partido del Trabajo es y será el aliado más sólido de la Cuarta Transformación”, Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador nacional del Partido del Trabajo.
La declaración subraya que se refrenda “la unidad política rumbo al 2027 para garantizar la continuidad del proyecto de transformación por un país más justo, democrático, igualitario, incluyente, independiente y regido por la voluntad libre y soberana del pueblo de México”.
- El daño ambiental costó 1.3 billones de pesos en 2023 (4.2% del PIB), mientras la protección ambiental recibió solo 0.7% del gasto nacional.
Las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para establecer de manera explícita la responsabilidad ambiental como eje rector del desarrollo económico nacional, mediante la modificación del párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución.
La propuesta busca que todos los sectores productivos —público, social y privado— asuman de forma obligatoria su corresponsabilidad en la protección del medio ambiente, ante la crisis climática, la degradación de los ecosistemas y los altos costos económicos que estos daños ya generan en el país.
La iniciativa parte del reconocimiento de que el actual modelo de producción y consumo ha provocado impactos ambientales severos que comprometen el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
De acuerdo con cifras del INEGI, en 2023 los costos por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a 1.3 billones de pesos, equivalentes al 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que el gasto público en protección ambiental representó apenas el 0.7 por ciento del PIB.
Ante este escenario, las y los senadores del PVEM consideran urgente que la Constitución establezca con claridad que el desarrollo económico debe observar criterios de responsabilidad social y ambiental.
Destacaron que el Estado mexicano ya reconoce el derecho a un medio ambiente sano; sin embargo, considera indispensable vincular de manera directa la política económica con la responsabilidad ambiental, para que este principio deje de ser optativo y se convierta en un mandato constitucional que oriente todas las decisiones de desarrollo.
Las y los legisladores advirtieron que, desde hace más de cinco décadas, la comunidad internacional ha alertado sobre la insostenibilidad del modelo económico actual, por lo que subrayaron la urgencia de que México transite hacia un nuevo paradigma de desarrollo, donde el crecimiento económico no se construya al margen de los límites ecológicos.
Finalmente, los legisladores señalaron que a pesar de los acuerdos multilaterales, como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el avance global ha sido insuficiente, lo que obliga a fortalecer los marcos jurídicos nacionales.
- Proteger a los animales no es una cuestión de buena voluntad, es una obligación constitucional, señaló
La diputada Yolanda García del Partido Verde solicitó al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México refuercen de inmediato y de forma sostenida las acciones de inspección y vigilancia en las inmediaciones del Mercado Sonora, a fin de verificar que no se realice la venta ilegal de animales en locales y vía pública.
La legisladora del PVEM también pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realice operativos permanentes para prevenir, detectar y sancionar la comercialización ilegal de fauna silvestre, y en caso de que existan indicios de delito, inicie las carpetas de investigación correspondientes ante el Ministerio Público Federal, garantizando siempre la protección y el bienestar de los ejemplares.
En la máxima tribuna del Congreso de la CDMX, la diputada animalista enfatizó que "los animales no son mercancía, son seres sintientes, y el Estado tiene la obligación de protegerlos. La Ciudad de México no puede permitirse eso, por ello el exhorto que hoy presento exige el cumplimiento y aplicación de las leyes ya existentes".
"Este Congreso no puede ser indiferente cuando la ilegalidad se normaliza, no puede guardar silencio cuando el maltrato animal se traslada a la calle, no puede permitir que una resolución judicial termine convertida en un simple cambio de escenario. Hoy reiteramos algo fundamental: no hay medias tintas en el cumplimiento de la ley, o se protege a los animales, o se les abandona; se aplica la norma, o se tolera la ilegalidad", concluyó la legisladora ecologista, Yolanda García.