- 200 mil nacimientos prematuros anuales en México hacen urgente el acompañamiento emocional de ambos padres.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, propuso ampliar la licencia de paternidad de 5 a 20 días laborables con goce de sueldo en casos de nacimiento o adopción, y extenderla hasta ocho semanas cuando el recién nacido presente alguna discapacidad o requiera atención médica hospitalaria. La iniciativa busca fortalecer el papel del padre en el hogar y promover una verdadera corresponsabilidad en el cuidado y crianza de hijas e hijos desde el nacimiento.
Actualmente, la legislación sólo contempla cinco días de permiso para los trabajadores varones por nacimiento o adopción de un infante. Sin embargo, Corona Nakamura advirtió que esta medida resulta insuficiente, especialmente si se considera que, cada año, en México nacen cerca de 200 mil bebés prematuros, quienes enfrentan riesgos en su salud que requieren atención inmediata y el acompañamiento emocional de ambos padres.
Señaló que la crianza no puede seguir recayendo únicamente en la mujer, por lo que es tiempo de que la ley reconozca la importancia de la figura paterna en los momentos más críticos del desarrollo familiar, como el nacimiento o la enfermedad de un hijo.
“Es por ello, que nuestra iniciativa, que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, también busca romper con los estereotipos que perpetúan la idea de que el padre tiene un rol secundario en el hogar”, subrayó la legisladora.
De acuerdo con datos de la OCDE, el 48 por ciento de las parejas mexicanas viven en condiciones donde el hombre tiene un empleo remunerado, mientras que el trabajo doméstico y el cuidado infantil no recibe ingreso alguno, lo que perpetúa estereotipos y carga de cuidados no remunerados.
“La crianza y los cuidados del hogar son responsabilidades que deben llevarse en equipo entre el padre y la madre. Por lo que ampliar la licencia de paternidad es un paso clave para que los hombres asuman su rol desde el nacimiento y contribuyan a entornos familiares con más seguridad y respeto”, apuntó.
Corona Nakamura recordó que en el año 2022, siendo diputada federal en la LXIV Legislatura, presentó una iniciativa similar que no obtuvo el consenso esperado; sin embargo, reiteró su compromiso como senadora de la República de insistir en una reforma que permita a los hombres ejercer su rol de paternidad de forma activa y equitativa.
Finalmente, Corona Nakamura reiteró que su propuesta es un acto de justicia social y humanismo, que contribuirá a la estabilidad de las familias mexicanas y al desarrollo emocional de madres, padres e hijos.
- Dicho delito representa una amenaza a la integridad de nuestras instituciones y a la seguridad nacional: López Hernández
Con el fin de garantizar la seguridad y la confianza en las instituciones de seguridad pública y las Fuerzas Armadas, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Mario Alberto López Hernández, propuso modificar el artículo 250 BIS del Código Penal Federal (CPF), para aumentar la pena por el delito de falsificación de uniformes, insignias, credenciales, medallas, divisas, gafetes, escudos, documentos y otros elementos que conforman la vestimenta de dichas instituciones, pilares fundamentales para el mantenimiento del orden y la protección de los derechos de los ciudadanos.
Apuntó que estos elementos representan la autenticidad y la legitimidad de las instituciones encargadas de la seguridad en el país, por lo que el delito de falsificación de estos elementos uniformes, divisas y otros símbolos oficiales representa una amenaza significativa, ya que pueden ser utilizados para suplantar a agentes de seguridad, cometer delitos como extorsiones, robos o incluso actos terroristas, generar confusión o desconfianza en la población y debilitar la autoridad institucional, poniendo en riesgo la seguridad pública.
Señaló que estos símbolos representan la autoridad, el profesionalismo y la legitimidad de quienes los portan, además de facilitar la identificación de los miembros de dichas instituciones por parte de la ciudadanía y otros actores sociales.
“La autenticidad de estos elementos es crucial para mantener la confianza pública y garantizar que las acciones de los agentes de seguridad sean reconocidas y respetadas”, señaló.
Comentó que, además, la utilización de uniformes falsificados puede facilitar la comisión de delitos sin que las víctimas o las autoridades puedan distinguir fácilmente entre lo auténtico y lo falso.
Explicó que históricamente, la falsificación de símbolos oficiales ha tenido repercusiones negativas en la seguridad y el orden social, en algunos casos, grupos delictivos han utilizado uniformes falsificados para infiltrarse en operativos policiales o militares, poniendo en riesgo la vida de los agentes y la población civil. Por ello, resulta imprescindible contar con un marco legal que sancione enérgicamente estas conductas.
En ese contexto, indicó que en la actualidad el artículo 250 Bis prevé penas de cinco a doce años de prisión y hasta 500 días de multa para quienes cometan dicho delito. Señaló que la severidad de estas sanciones refleja la gravedad del ilícito, así como su impacto en la seguridad y la confianza social.
Además, cuando la falsificación resulta en la comisión de delitos mayores o en su utilización para cometer actos ilícitos que pongan en riesgo la seguridad nacional o pública, las penas pueden incrementarse de ocho a quince años.
Insistió que la falsificación de los elementos referidos representa una amenaza a la integridad de nuestras instituciones y a la seguridad nacional, por lo que su propuesta es aumentar la sanción para quedar de 12 a 15 años de prisión y hasta 500 días de multa.
“La exclusividad y protección de estos símbolos oficiales aseguran que sólo quienes cuentan con la autorización correspondiente puedan fabricarlos, distribuirlos y utilizarlos en el ejercicio de sus funciones, por ello, la finalidad de esta disposición legal es proteger la integridad de los símbolos oficiales y prevenir su uso indebido para fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el orden social", destacó.
El ordenamiento señala que comete el delito de falsificación de uniformes y divisas de las Fuerzas Armadas y de cualquier institución de Seguridad Pública, el que sin autorización de la institución correspondiente fabrique, confecciones, produzca, imprima o pinte cualquiera de los uniformes, insignias, credenciales de identificación, medallas, insignias, gafetes, escudos, documentos adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes, siglas u otros elementos utilizados en dichas instituciones.
- El objetivo es incorporar en la ley los criterios de sostenibilidad, resiliencia y equidad territorial en la planeación, diseño, construcción y mantenimiento de caminos y puentes
El diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objetivo de incorporar criterios de sostenibilidad, resiliencia y equidad territorial en la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura de caminos y puentes en el país.
En el desarrollo de su propuesta, Quiroga Treviño explicó que con dicha reforma se pretende establecer un marco normativo que permita el desarrollo de infraestructura capaz de prevenir, anticipar y adaptarse a riesgos climáticos y sísmicos. Asimismo, plantea la consideración del impacto ambiental acumulativo, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el respeto a las áreas naturales protegidas y la promoción de una movilidad baja en carbono.
El legislador subrayó que, si bien, actualmente, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal regula la construcción y mantenimiento de la infraestructura terrestre en México, no contempla disposiciones específicas orientadas a la sostenibilidad.
“La ausencia de estos principios en la ley dificulta la incorporación efectiva de la sostenibilidad en los procesos de planeación y ejecución de obras de infraestructura, así como el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por México en materia ambiental”, señaló.
Quiroga Treviño destacó que su propuesta permitirá una planeación estratégica integral, que considere criterios de sostenibilidad desde las etapas iniciales del diseño de proyectos, y no únicamente como parte de una evaluación ambiental posterior. Asimismo, esta visión integral contribuirá a reducir la desigualdad, promover la integración regional y garantizar que los beneficios de la infraestructura lleguen también a comunidades rurales y marginadas.
“El diseño de infraestructura debe estar preparado para enfrentar los retos actuales y futuros, especialmente en lo que respecta al cambio climático y la equidad territorial”, afirmó.
Finalmente, el diputado ecologista expresó su confianza en que la iniciativa sea aprobada, al representar un avance significativo hacia un desarrollo más sostenible y justo para todas las regiones del país.