- Se propone un marco legal que obligue a las empresas de telecomunicaciones a implementar sistemas de monitoreo y alertas para detectar fraudes.
Con el objetivo de establecer la obligación de las compañías de telefonía móvil de implementar mecanismos que prevengan, detecten y colaboren en la persecución de ciberdelitos, la diputada del Partido Verde, Claudia Sánchez Juárez, propuso reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como el Código Penal Federal.
La diputada Sánchez Juárez explicó que su propuesta tiene como finalidad crear un marco legal que exija a las empresas de telefonía celular la instalación de sistemas de monitoreo y alertas para identificar actividades fraudulentas en sus redes.
Además, se plantea que estas compañías colaboren de manera inmediata con las autoridades competentes, proporcionando información relevante para la investigación de delitos cibernéticos en un plazo no mayor a 48 horas.
La iniciativa también incluye la imposición de sanciones económicas y administrativas severas, con multas que podrían alcanzar hasta el 5% de los ingresos anuales de las empresas, así como la suspensión de operaciones y, en casos de omisión reiterada, la revocación de concesiones.
Otro aspecto destacado en la propuesta es la obligatoriedad de geolocalizar los dispositivos utilizados para cometer delitos cibernéticos, lo que facilitaría la identificación y captura de los responsables. Asimismo, se busca garantizar la protección de los datos personales y financieros de los usuarios.
La diputada también sugiere el lanzamiento de campañas de concientización sobre ciberseguridad, en colaboración con el Gobierno federal, para educar a la población sobre los riesgos y las mejores prácticas para prevenir ataques cibernéticos.
"Es fundamental que tomemos medidas efectivas para proteger a los mexicanos. Es inaceptable que los ciberdelincuentes utilicen las redes de telefonía móvil como plataformas para llevar a cabo fraudes, extorsiones y distribuir contenido ilícito, sin que haya un mecanismo eficiente de monitoreo ni una respuesta inmediata por parte de las empresas de telecomunicaciones", enfatizó Sánchez Juárez.
Además, destacó que México ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto a ciberataques, solo superado por Brasil, y que cada año se registran más de 80 mil millones de intentos de ataques cibernéticos en el país.
"Con esta propuesta, el Partido Verde busca fortalecer la seguridad digital de los mexicanos, proporcionando herramientas legales y operativas a las autoridades para combatir los ciberdelitos y proteger la integridad y privacidad de los usuarios de telefonía móvil", concluyó la legisladora.
- Llaman a impulsar campañas para prevenir el consumo de alcohol adulterado, priorizar la prevención y educación, así como el uso de tecnología accesible y gratuita para proteger a las mujeres a fin de crearles un entorno más seguro.
Las senadoras Karen Castrejón Trujillo, Virginia Magaña Fonseca, Juanita Guerra Mena y Jazmine Bugarín hicieron un llamado a las autoridades locales de Guerrero, Guanajuato, Morelos y Nayarit a intensificar las campañas de concientización y prevención sobre el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, así como implementar un programa de distribución gratuita de la pulsera “Centinela”, para proteger, en particular, a las mujeres jóvenes, quienes son las principales víctimas de este tipo de intoxicaciones en centros nocturnos y zonas turísticas.
Las senadoras solicitaron a las Secretarías de la Mujer de Guerrero y Morelos, al Instituto para la Mujer Nayarita, al Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), y a las Secretarías de Seguridad y Salud de cada entidad, a diseñar una estrategia integral que combine educación, detección y protección, con el objetivo de prevenir delitos relacionados con bebidas adulteradas y crear un entorno más seguro para ellas.
En ese sentido, Castrejón Trujillo señaló que, en el caso específico de su estado natal, Guerrero, la Secretaría de Salud reportó en 2020 al menos 30 muertes por consumo de alcohol adulterado en municipios como Tlapa, Xalpatláhuac y Zapotitlán Tablas.
Dijo que a pesar de que el estado cuenta con una ley que regula la venta y consumo de bebidas adulteradas es necesario implementar este tipo de dispositivos para proteger a las personas en los lugares de consumo, como son los bares y centros nocturnos. “La distribución de la pulsera debe ser gratuita, especialmente en destinos turísticos como Acapulco, Ixtapa o Taxco, donde la seguridad de turistas y habitantes debe ser prioritaria”, destacó.
La senadora por Guanajuato, Virginia Magaña Fonseca, también hizo un exhorto al gobierno del estado a implementar una estrategia integral que combata el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, con énfasis en la prevención y la protección de mujeres jóvenes.
Comentó que 2024, Guanajuato registró más de dos mil casos de intoxicación aguda por alcohol, posicionándose como el tercer estado con más incidencias a nivel nacional. Además, se estima que el 52 por ciento de las bebidas alcohólicas podrían estar adulteradas. “La prevención debe ser una prioridad, especialmente para la población femenina que, por desgracia, son las más vulnerables ante este tipo de agresiones”, afirmó la legisladora.
Por su parte, la senadora por Nayarit, Jazmine Bugarín, señaló que, en su estado, el índice de víctimas por consumo de bebidas adulteradas es mínimo o casi nulo. No obstante, dijo que la cultura de la prevención y el autocuidado debe ser el eje rector de las políticas públicas orientadas a proteger a la ciudadanía.
“Es importante sumar esfuerzos para evitar el consumo de estas sustancias que causan daños irreparables, especialmente entre las y los jóvenes. Por ello, la distribución gratuita de la pulsera “Centinela” es una medida necesaria para fortalecer la protección de la sociedad nayarita, en particular de la población femenina”, enfatizó.
En ese mismo sentido, la senadora Juanita Guerra Mena coincidió en la importancia de la distribución gratuita de la pulsera como una herramienta para proteger a las mujeres. Sin embargo, aclaró que no debe ser el único método para combatir el consumo de bebidas adulteradas en Morelos.
“Esta medida debe ir acompañada de campañas coordinadas por las autoridades competentes para concientizar y prevenir el consumo de bebidas adulteradas en bares y centros nocturnos”, enfatizó la legisladora.
Las senadoras explicaron que la pulsera “Centinela” permite detectar hasta 32 sustancias nocivas, incluyendo drogas como LSD, burundanga, ketamina y GHB, mediante dos pruebas que cambian de color si la bebida está contaminada. También incluye un Código QR que activa funciones de emergencia y geolocalización, ofreciendo una herramienta de protección especialmente útil para mujeres en entornos de riesgo.
- Dicha medida reducirá la incidencia de prácticas arbitrarias por parte de las aerolíneas, como negar compensaciones o incumplir con la asistencia en caso de retrasos*
Con el fin de proteger a los pasajeros de los aeropuertos del país y que éstos tengan acceso inmediato al conocimiento de sus derechos, el diputado Luis Miranda Barrera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar las leyes en la materia para exigir a las aerolíneas que exhiban en lugar visible dichos derechos.
La iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley Federal de Protección al Consumidor especifica que dicha información deberá colocarse en cada avión y en las áreas comunes de las terminales aéreas, ya sea a través de carteles, folletos o pantallas digitales, asegurando la accesibilidad universal por lo que dicha información deberá ser adaptada también a las necesidades de las personas con discapacidad.
Lo anterior, explicó el legislador, garantizará que todos los usuarios tengan acceso inmediato a esta información, que facilitará el conocimiento de los derechos y permitirá a los pasajeros exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sin necesidad de recurrir a instancias adicionales, agilizando la resolución de conflictos.
Asimismo, reducirá la incidencia de prácticas arbitrarias por parte de las aerolíneas, como negar compensaciones o incumplir con la asistencia en caso de retrasos.
Comentó que esta medida no solo beneficia a los pasajeros, sino que también fomenta la competitividad en el sector aéreo, al promover mejores prácticas y mayor transparencia en el servicio al cliente.
Resaltó que según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en 2024 se transportaron más de 110 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, reflejando un crecimiento sostenido en este sector.
“No obstante, este aumento en la demanda no ha venido acompañado de una difusión adecuada de los derechos de los pasajeros, lo que ha generado una brecha significativa entre los servicios ofrecidos por las aerolíneas y el nivel de conocimiento que los usuarios tienen sobre las garantías legales que los protegen”, dijo.
Por todo ello, añadió, se propone incluir en la Ley de Aviación Civil que “la persona pasajera tiene derecho a un trato digno, a un servicio de transporte seguro, confiable y transparente. Además, los usuarios deben contar con información clara y oportuna sobre sus derechos y las opciones disponibles para tomar decisiones informadas en cualquier circunstancia, incluida la sobreventa de boletos.
También plantea que “Si la demora es mayor a cuatro horas, la persona pasajera será compensada con el 50 por ciento del precio del boleto y en caso de cancelación atribuible a la persona concesionaria, asignataria o permisionaria, podrán acceder a las indemnizaciones establecidas en esta Ley”.