- Lamentablemente, en la actualidad, miles de deudores alimentarios proporcionan domicilios falsos al hacer trámites legales
Con el objetivo de que los deudores alimentarios no puedan eludir las notificaciones judiciales y las sentencias se cumplan de forma efectiva la diputada del Partido Verde, Claudia Sánchez Juárez, presentó una iniciativa para modificar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La propuesta, que adiciona los artículos 416 Bis, 416 Ter y 416 Quáter al mencionado Código, busca modificar las normas que permiten a los agresores evadir el cumplimiento de las sentencias en juicios de alimentos y controversias familiares.
La diputada Sánchez Juárez mencionó que, de acuerdo con las estadísticas sobre impartición de justicia publicadas por los poderes judiciales de los estados, se informa que el 74 por ciento de las secuelas procesales son abandonadas y solamente el 3 por ciento de los juicios llegan a etapa de ejecución.
Asimismo, la legisladora explicó que miles de deudores alimentarios para evitar su juicio proporcionan domicilios falsos al hacer trámites legales o incluso piden a familiares, abogados, patrones, nuevas parejas u otros, que niegan conocer su paradero para evitar su llamamiento a juicio y evitando así sus obligaciones parentales.
De igual forma, señaló que actualmente el diseño normativo establece la oportunidad de citación mediante edictos, lo que de hecho ocurre después de que se ha buscado al deudor en los diversos domicilios que la parte actora aporta o en los que las autoridades con registros señalaron, tarea que al juzgador y a la parte actora le puede llevar meses o hasta años de litigio.
Finalmente, la diputada mencionó que de aprobarse esta propuesta se sentará un precedente para la protección de los derechos de las mujeres en los juicios familiares, lo que garantizará que las mujeres y sus hijos tengan acceso a la justicia y puedan vivir libres de violencia.
- Se trata de una propaganda disimulada, quienes incurren en ello, se están sirviendo del recurso y las instituciones públicas
A fin de erradicar toda forma de corrupción en la administración pública, la diputada del Partido Verde, María del Carmen Pinete Vargas, propuso modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para considerar como falta administrativa grave el uso de colores, símbolos o frases partidistas en bienes e instalaciones destinadas al servicio público.
Al presentar su propuesta para añadir un artículo 64 Quáter a la citada ley, la legisladora explicó que el servicio público, por su naturaleza misma, debe ser realizado desde la más pulcra imparcialidad, siendo los pilares del quehacer estatal, la objetividad, el ejercicio eficaz de los recursos públicos, y el derecho a la buena administración.
Pinete Vargas apuntó que el hacer uso de recursos públicos para fines de propaganda político-electoral, constituye una abierta contradicción al adecuado servicio público, pues, lejos de servir a la ciudadanía, quienes incurren en ello, se están sirviendo del recurso y las instituciones públicas.
“La cuestión es grave ya que, en el trasfondo de este frecuente acto, se encuentra un velado acto pro partidista, equiparable a un acto de campaña en tiempos electorales, a través del intento por inducir a la ciudadanía a simpatizar con el partido de origen de los gobiernos, administraciones y servidores públicos, que se encuentren ejerciendo el poder en cualquier municipio o entidad federativa”, afirmó la legisladora.
Resaltó que de acuerdo con lo que establece el artículo 134 constitucional, los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
No obstante, señaló que estamos ante una ignorada responsabilidad administrativa, porque se trata de una propaganda disimulada, disfrazada de obra pública u obligación institucional pues esta práctica de utilizar los colores y símbolos partidistas en inmuebles destinados al servicio público, “carece de toda imparcialidad, y desde luego que también entraña una considerable influencia negativa en la equidad de la competencia electoral”.
- Actualmente, el 71 por ciento de los procedimientos en materia familiar son abandonados por las víctimas antes de concluirse
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, la diputada Claudia Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Verde, propuso modificar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el objetivo de modificar las normas que permiten a los agresores evadir el cumplimiento de las sentencias en juicios de alimentos y controversias familiares, lo que agrava la violencia que enfrentan miles de mujeres y sus hijos.
Durante su participación, la diputada Sánchez Juárez, señaló que en la actualidad el 71 por ciento de los procedimientos en materia familiar son abandonados por las víctimas antes de su conclusión, y el 3 por ciento de estos llega a tener sentencia.
“Esto se debe, en gran medida, a que la ley y la jurisprudencia han negado el reconocimiento de la peligrosidad procesal de los agresores domésticos, bajo el erróneo supuesto de que la capacidad para evadir juicios y resoluciones judiciales es exclusiva del ámbito penal”, explicó.
Asimismo, señaló que la ineficacia material de los fallos judiciales demanda una respuesta urgente. "No podemos permitir que sean las mujeres y sus hijos quienes, en condiciones de extrema precariedad, localicen a los deudores que se esconden durante años para evitar el emplazamiento, o que las víctimas se enfrenten a quienes ocultan bienes e ingresos para perpetuar el daño económico y emocional", resaltó.
La iniciativa también busca honrar el compromiso del Estado con la defensa de las mujeres que solas sacan adelante a sus hijos, y de las cuales, más del 70 por ciento, lo hacen con un salario mínimo.
Finalmente, dio a conocer que, recientemente, la revista del Vaticano L'Osservatore Romano, realizó una publicación sobre el colectivo "CASO 992", más conocido como "Las Novias", del cual forma parte y que se ha dedicado a visibilizar la cruda realidad que enfrentan las madres de familia en México, destacando que hogares monoparentales así conformados, tras incidentes de violencia vicaria, afectan a más de 32 millones de mexicanas y mexicanos.