El coordinador de la Alianza Verde en el Congreso de la Ciudad de México, el ecologista Javier Ramos Franco, presentó una iniciativa para establecer como graves, todos los delitos en contra del medio ambiente, como descargar o depositar residuos de la construcción en algún lugar no autorizado, ocasionar incendios forestales y descargar, depositar o infiltrar aguas residuales, residuos sólidos o industriales de manera ilegal, entre otros.

Ante el cambio climático, el diputado Ramos Franco propuso, de conformidad con el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que además se considere como delito grave el emitir gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera de manera ilegal, así como generar emisiones de energía térmica o lumínica, olores, ruidos o vibraciones de manera ilegal.

"Buscamos también que sean delitos graves el generar, manejar o disponer de residuos sólidos o industriales en contravención de la normativa federal aplicable y de lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables para la Ciudad de México en materia de residuos. Tampoco podemos permitir que se sigan realizando actividades riesgosas de conformidad con la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México", detalló el congresista del Partido Verde.

El también vicepresidente de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso capitalino, diputado Javier Ramos, explicó que su propuesta legislativa busca determinar que en todos los delitos mencionados el Ministerio Público solicite a la autoridad jurisdiccional la imposición de la prisión preventiva al imputado como medida cautelar, con la finalidad de garantizar su comparecencia en el juicio, el desarrollo de la investigación o la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.

"Esta reforma es más que necesaria porque está claro que el esquema sancionatorio actualmente previsto en el Código Penal para los delitos en materia ambiental resulta insuficiente, debido a que las penas previstas son bajas y no son ejemplares ni disuaden su comisión, en perjuicio de la protección del medio ambiente. Asimismo, por tratarse de delitos no graves que no ameritan la imposición de prisión preventiva oficiosa, se tiene acceso a beneficios en el marco del nuevo sistema penal que dejan en libertad a los delincuentes, con el riesgo de que vuelvan a cometer el mismo delito u otros más graves, en perjuicio de la comunidad y el bienestar social", concluyó el también integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el diputado Javier Ramos Franco.