•Según el INEGI, la Ciudad de México comparte el 9º lugar con Guanajuato en número de divorcios de todo el país, con 43 por cada 100 matrimonios, destacó
El coordinador de la Alianza Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Javier Ramos Franco, promueve reformar el Código Civil para que el divorcio se pueda realizar de la misma manera que el matrimonio, es decir, que sea un trámite administrativo, promovido por una o ambas partes ante las y los Jueces del Registro Civil, quienes declararán la disolución del vínculo matrimonial y harán la inscripción correspondiente.
"Los largos procesos para tramitar el divorcio, generan cargas procesales importantes, pero también económicas, a las personas que desean terminar el matrimonio legalmente, siendo mayormente afectadas las mujeres, lo que de alguna manera puede constituirse como una forma de violencia institucional", sostuvo Ramos Franco.
El integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Ramos Franco, abundó que el objetivo es evitar los largos períodos que toma un juicio de esta naturaleza, el cual, en ocasiones puede ser de más de seis meses; por otra parte aclaró que esta iniciativa no exime de acudir a la instancia judicial, para resolver las controversias sobre alimentos, el pago por compensación, la disolución de la sociedad conyugal, la guarda y custodia de los menores, la convivencia del menor con sus progenitores y la representación parental.
"A través de la presente iniciativa, la Alianza Verde pretende poner nuevamente a la vanguardia a la ciudad de México y establecer el divorcio como un trámite administrativo, seguido por uno o ambos cónyuges ante la oficina del Registro Civil en donde se haya realizado el acto administrativo de matrimonio y por el que realizarán el pago de derechos conforme lo que establece el Código Fiscal de la Ciudad de México en el artículo 216", abundó el diputado local.
Además, el legislador explicó que su propuesta legislativa es una verdadera simplificación administrativa que será un hito en el derecho de familia, ya que no podemos seguir condenando a seguir casados a quienes no tienen los recursos económicos o tiempo para acudir a las instancias jurisdiccionales, cuando el matrimonio, en los hechos, ya ha terminado.
"En otras palabras, si el matrimonio nace como un acto administrativo, de igual forma su disolución debe ser un acto meramente administrativo en el que siempre se dejen a salvo la protección de los derechos de la infancia y de los mismos cónyuges para que sean ejercidos y procesados en la vía judicial", finalizó.