Con la finalidad de garantizar la protección y cuidado de los animales en nuestro país desde edades tempranas, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para incluir el bienestar, cuidado y protección de los animales en el contenido de la Ley General de Educación, para llevar a la práctica estos importantes aspectos.
Detalló que con esta propuesta se busca que los contenidos de planes y programas de estudio, tanto del Estado como de particulares, incluyan no sólo el cuidado ambiental, sino específicamente el cuidado y protección de los animales, ya que actualmente no existe nada en materia educativa que se refiera a este tema, “porque a pesar de lo establecido en materia ambiental en nuestra Ley General de Educación, seguimos siendo una sociedad inconsciente en cuanto a protección y cuidado de los animales”.
Agregó que la falta de educación en la materia forma parte del problema del maltrato animal, que se ve en ejemplos diarios, tanto en medios de comunicación como en nuestras propias comunidades, "situaciones vergonzosas, normalizadas y aceptadas socialmente de daño, algunas veces mortal a nuestros animales desde domésticos hasta en cautiverio".
Detalló que de acuerdo con diversos medios de comunicación, desde el año 2017, en nuestro país se había perdido al menos el 40 por ciento de la fauna, y se pronostica que de seguir así, se perdería un 20 por ciento más en los próximos años, por lo que insistió en que es imprescindible no bajar la guardia y mucho menos omitir la atención de cualquier pendiente, en estos temas.
Por ello, insistió en que se debe utilizar todo mecanismo disponible para este propósito y subrayó que una de las herramientas más poderosas, eficientes y probadas para atender esta problemática desde los cimientos, es la educación: fomentar en las personas una educación basada en el respeto y cuidado al medio ambiente, y además en la protección de los animales en donde quiera que se encuentren, en cautiverio, una reserva, un zoológico o en casa.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) presentó una iniciativa para eliminar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como base para calcular las pensiones y jubilaciones en el país. La propuesta busca brindar certeza jurídica y pensiones dignas a los trabajadores retirados, así como garantizar su bienestar y el respeto a sus derechos laborales adquiridos tras años de servicio.
La iniciativa presentada por el diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas responde a la creciente inconformidad de los pensionados, quienes han visto una disminución considerable en sus ingresos desde que se adoptó la UMA como base de cálculo.
“Aunque la desindexación del salario mínimo se promovió para favorecer a los trabajadores en activo mediante su aumento progresivo, en el caso de los jubilados ha tenido el efecto contrario, generando reducciones en sus pensiones y afectando su calidad de vida”, explicó el legislador.
Por esta razón propuso que el criterio para eliminar la UMA en el cálculo de pensiones sea establecido directamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Esto permitiría una aplicación generalizada sin lugar a interpretaciones judiciales que continúen afectando los ingresos de los jubilados, quienes tienen el legítimo derecho a una pensión que les garantice una vida digna y segura en la etapa del retiro”, añadió.
Al comparar el comportamiento del salario mínimo con el de la UMA en los últimos siete años, se hace evidente la desventaja para los pensionados. Mientras el salario mínimo ha aumentado en 173.12 pesos, la UMA sólo ha crecido 30.50 pesos en el mismo periodo, lo que ha deteriorado el poder adquisitivo de los jubilados y demuestra la necesidad urgente de una reforma en este sentido.
Este desfase ha significado que los ingresos de los pensionados no sólo no crezcan al ritmo de la economía, sino que en muchos casos se reduzcan en términos reales, profundizando su vulnerabilidad y alejándolos del ideal de un retiro digno.
En suma, la iniciativa busca corregir una injusticia estructural que afecta a millones de jubilados en México y refrenda el compromiso del Partido Verde con la protección de los derechos de las y los adultos mayores, proponiendo que el cálculo de las pensiones se base nuevamente en el salario mínimo como medida de justicia, equidad y dignidad para quienes han entregado su esfuerzo al desarrollo del país.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, propuso una reforma para obligar a tiendas departamentales, centros comerciales y supermercados del país a instalar sistemas de captación de agua pluvial para usos no potables como el riego de áreas verdes, limpieza y uso de servicios sanitarios, liberando así agua potable solo para el consumo humano.
Destacó que su propuesta responde a la urgente necesidad de preservar las fuentes de agua potable, y advirtió que no se puede seguir desperdiciando el agua de lluvia que cae generosamente sobre los techos de miles de comercios y departamentos en todo el país, sin ser aprovechada.
Según estudios de CONAGUA, cada metro cuadrado de techo puede captar hasta 800 litros de agua por temporada. “Cada litro de agua pluvial que dejamos perder es una oportunidad que desperdiciamos para enfrentar la crisis hídrica, por lo que aprovecharla permitiría liberar una cantidad significativa del recurso para quienes más la necesita”, subrayó la legisladora.
Comentó que en México sólo se aprovecha uno de cada 100 litros de agua de lluvia, a pesar del éxito del programa “Cosecha de lluvia” en la Ciudad de México, que entre 2019 y 2023, permitió captar alrededor de 700 millones de litros de agua mediante la instalación de más de 73 mil sistemas domésticos, lo que representa una oportunidad desaprovechada frente a una crisis que se agrava día con día.
Según datos del Programa Nacional Hídrico, solo el 58 por ciento de la población mexicana tiene acceso diario al agua y al saneamiento básico, mientras que 730 municipios enfrentan condiciones de sequía o aridez anormal. Agregó, que el 74 por ciento de la superficie agrícola nacional depende de lluvias estacionales, y que, en 2022, la sequía fue la principal causa de pérdida de cultivos, lo que agrava aún más la crisis alimentaria y económica del país.
Corona Nakamura señaló que su iniciativa, que reforma el artículo 92 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, también busca establecer que las autoridades federales emitan en un plazo máximo de 180 días las disposiciones técnicas para la instalación de estos sistemas en construcciones comerciales, de acuerdo con las condiciones geográficas y financieras de cada zona.
“La captación pluvial no solo reduce el impacto ambiental, también promueve una cultura del agua, ahorra costos operativos y contribuye a enfrentar el cambio climático desde lo local”, expresó la senadora.