- Se busca garantizar la seguridad y los derechos humanos de los connacionales que retornan al país.
- Cada año, más de 1 millón de mexicanos regresan desde EE. UU; muchos de ellos enfrentan extorsiones, asaltos y violencia en su trayecto.
Con el objetivo de fortalecer la protección de los mexicanos que retornan al país de forma temporal o definitiva, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Migración, la cual busca implementar programas permanentes que garanticen el respeto a sus derechos humanos, así como su seguridad personal y patrimonial, mediante una coordinación efectiva con los tres niveles de gobierno.
La propuesta modifica una fracción al artículo 20 de la Ley de Migración para otorgar al Instituto Nacional de Migración (INM) la facultad de establecer convenios con dependencias federales, gobiernos estatales y municipales para llevar a cabo acciones de seguridad y asistencia para migrantes repatriados, con el fin de protegerlos de los riesgos constantes a los que se enfrentan durante su trayecto, tales como extorsiones, robos y violencia física, entre otros.
Cada año, más de 1.4 millones de connacionales regresan a México desde Estados Unidos, principalmente en temporada decembrina. Sin embargo, muchos de ellos enfrentan extorsiones, asaltos y violencia en su trayecto.
“A pesar de estos números, las políticas de apoyo siguen siendo insuficientes, por lo que es momento de que el gobierno actúe con contundencia para proteger a quienes han contribuido al desarrollo de México, dentro y fuera de nuestras fronteras", añadió la legisladora.
Actualmente, más del 97 por ciento de los mexicanos que viven en el extranjero residen en Estados Unidos, lo que equivale a 11.7 millones de personas. Entre 2013 y 2018, alrededor de 870 mil mexicanos migraron al país vecino, pero 710 mil regresaron.
"No podemos permanecer indiferentes ante la vulnerabilidad de nuestros connacionales. Es responsabilidad del Estado Mexicano garantizar un retorno seguro y digno, así como promover su integración efectiva a la vida social y económica del país", afirmó la senadora Corona Nakamura al presentar su iniciativa ante el pleno del Senado.
- Se propone que localidades con riqueza natural y cultural, particularmente aquellas con fuerte presencia indígena, desarrollen sus propios proyectos turísticos.
Con el objetivo de establecer las bases jurídicas necesarias para promover un desarrollo turístico más justo, inclusivo y sostenible, la diputada Ciria Yamile Salomón Durán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, propuso reformar la Ley General de Turismo para que localidades con riqueza natural y cultural, particularmente aquellas con fuerte presencia indígena, desarrollen sus propios proyectos turísticos con el respaldo de los tres niveles de gobierno.
La diputada Salomón Durán explicó que esta iniciativa plantea incorporar en el catálogo de conceptos de la Ley General de Turismo la figura del “turismo alternativo indígena”. “Esta categoría representa una herramienta legal y conceptual que permitirá reconocer y fomentar modelos turísticos impulsados por comunidades originarias, las cuales enfrentan múltiples vulnerabilidades históricas y contemporáneas, pero que poseen un alto potencial para ofrecer experiencias únicas y auténticas al turismo nacional e internacional”, afirmó.
Asimismo, señaló que, de acuerdo con el Compendio de Estadísticas Ambientales de la Semarnat, el turismo alternativo comprende aquellas actividades recreativas realizadas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales, con respeto y compromiso hacia su conservación. A partir de esta definición, el turismo alternativo indígena se perfila como una expresión del turismo sustentable, al reunir elementos tanto ecológicos como culturales dentro de su práctica.
“Al no tratarse de un turismo masivo, las actividades se llevan a cabo en pequeña escala, lo que permite que los beneficios económicos permanezcan dentro de las comunidades, fortaleciendo su desarrollo local y generando inclusión social”, resaltó la legisladora.
La legisladora explicó que además de su impacto económico, el turismo alternativo indígena representa una alternativa viable para contrarrestar el deterioro de los modelos productivos tradicionales en el entorno rural. Frente a los efectos de la globalización, este tipo de turismo puede convertirse en un motor de recuperación para regiones marginadas, al mismo tiempo que preserva y promueve el patrimonio natural y cultural de los pueblos originarios de México.
En este sentido, Salomón Durán resaltó que la incorporación del concepto de “turismo alternativo indígena” en la legislación nacional es un paso fundamental hacia la construcción de un turismo más equitativo y sostenible. “Esta medida no solo permitiría ampliar las oportunidades para los pueblos indígenas, sino que también abriría camino a una forma de desarrollo que reconozca su valor, conserve su identidad y repare, en parte, la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con ellos”, puntualizó.
- La transición hacia la movilidad eléctrica no solo es una necesidad ambiental, sino una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos
El senador Gilberto Hernández Villafuerte presentó una iniciativa que busca establecer un marco normativo que impulse y regule la transición hacia la electromovilidad en México, garantizando su implementación efectiva a través de medidas que fomenten el uso de tecnologías limpias en el transporte público y privado.
Aseguró que la transición hacia vehículos eléctricos es indispensable para luchar contra la crisis climática, además de que la transición hacia vehículos eléctricos es una realidad inminente y una necesidad urgente para mitigar los riesgos asociados al aumento de gases de efecto invernadero (GEI), a los que dijo, el sector transporte contribuye significativamente con una cuarta parte de estas emisiones a nivel mundial.
Añadió que según el reporte de Electromovilidad de las Naciones Unidas de 2019, en Latinoamérica, el sector transporte es responsable del 22 por ciento de las emisiones contaminantes y del 15 por ciento de los gases de efecto invernadero, por lo que afirmó que “es necesario instrumentar una estrategia de electrificación de la flota y movilidad sustentable integral que contemple los distintos medios de transporte y se acompañe de una producción baja en carbono de electricidad e hidrógeno”.
Subrayó que “la transición hacia la movilidad eléctrica no solo es una necesidad ambiental, sino una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos”., además dijo que la adopción de la electromovilidad no solo representa un avance en la reducción del impacto ambiental, sino que también conlleva beneficios económicos sustanciales, ya que con el desarrollo de la infraestructura de recarga y la reducción en los costos de producción de vehículos eléctricos, tanto consumidores como empresas pueden aprovechar ahorros en combustible, mantenimiento y operación.
Por ello, hizo énfasis en que se deben desarrollar estrategias para reducir la demanda de transporte, fortalecer la infraestructura peatonal y ciclista, ampliar la red de estaciones de recarga y fomentar el uso de transporte eléctrico tanto público como privado.
Explicó que su propuesta busca la creación de un marco jurídico sólido que garantice la implementación eficiente de la movilidad eléctrica; incentivos fiscales y no fiscales para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos y la renovación del parque vehicular; la expansión de la red de estaciones de recarga para hacer viable el uso masivo de vehículos eléctricos; y el impulso a la generación de energías limpias a precios competitivos.