- Ante la ola de incendios que devora miles de hectáreas, PVEM busca prohibir las fogatas en bosques
- Una chispa puede destruir bosques, animales y hasta viviendas
Lo que comienza como una reunión entre amigos o una carne asada en el bosque, puede terminar en una tragedia ambiental gigante. Una fogata mal apagada, una botella de vidrio abandonada o un simple descuido han provocado incendios forestales que arrasan con miles de hectáreas en México, destruyen ecosistemas completos y ponen en riesgo la vida de cientos de familias.
Ante esta grave situación, el diputado del Partido Verde, Manuel Talayero Pariente, presentó una iniciativa para prohibir las fogatas fuera de lugares autorizados en zonas forestales y suelos de conservación.
El legislador alertó que los incendios forestales ya son una emergencia ambiental y recordó que en 2024 México registró una de las peores cifras de destrucción por fuego, con más de un millón 600 mil hectáreas afectadas.
“Solo hace falta una chispa para provocar un desastre”, señaló.
La propuesta busca reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para obligar a que las fogatas únicamente puedan realizarse en espacios permitidos y bajo medidas de seguridad.
Además del daño ecológico, apagar incendios cuesta millones de pesos al país.
Helicópteros, brigadistas, maquinaria y trabajos de reforestación generan gastos enormes que terminan pagando las y los mexicanos.
Desde el Partido Verde se advirtió que prevenir incendios es mucho más fácil y barato que intentar controlar el fuego cuando ya está fuera de control.
Finalmente, Manuel Talayero Pariente hizo un llamado a cuidar los bosques y evitar prácticas irresponsables que puedan terminar en tragedias ambientales irreversibles.
- PVEM señalan que recuperar una vivienda despojada es un acto de justicia social
- Propone medidas rápidas para que víctimas vuelvan a ocupar sus casas mientras avanza el juicio
El problema de los despojos en la Ciudad de México sigue creciendo y miles de familias viven con miedo de perder el patrimonio que construyeron durante años. Ante esta situación, el diputado Jesús Sesma Suárez del PVEM hizo un llamado para atender con urgencia este problema que afecta directamente la tranquilidad y seguridad de las personas.
Desde tribuna, denunció que actualmente las víctimas enfrentan procesos lentos, burocráticos y desgastantes para recuperar su patrimonio, mientras quienes invaden inmuebles permanecen dentro del mismo durante meses o incluso años.
“Perder una casa no es solo perder paredes, es perder tranquilidad, seguridad y el esfuerzo de toda una vida”, señaló el legislador.
La propuesta plantea que las personas afectadas puedan recuperar provisionalmente la ocupación de su inmueble mientras se desarrolla el juicio, siempre que acrediten ser propietarias. Además, se busca que jueces resuelvan estas solicitudes en un máximo de 30 días hábiles para evitar que las víctimas sigan esperando durante años.
De acuerdo con cifras nacionales, entre enero y marzo de este año se registraron más de 6 mil 700 denuncias por despojo en el país.
La Ciudad de México se encuentra entre las entidades con más casos, lo que ha generado preocupación entre familias que temen perder su patrimonio, “esto no es un tema técnico, es un acto de justicia social”, señaló Sesma Suárez.
• Propone crear un Consejo Nacional y un sistema de monitoreo ambiental obligatorio para reducir riesgos en la industria.
• Eventos en México y el mundo han afectado instalaciones, trabajadores y ecosistemas; urge fortalecer mecanismos de prevención y atención.
Ante los riesgos que representa el sector hidrocarburos en el país, la senadora Karen Castrejón Trujillo, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Sector Hidrocarburos, enfocada en la prevención y atención de contingencias ambientales derivadas por las actividades de este sector, considerado altamente riesgoso para las personas, el medio ambiente y las instalaciones.
Señaló que el sector hidrocarburos es un motor relevante para el desarrollo nacional, ya que sus productos y subproductos son insumo para múltiples actividades productivas, como el transporte, la industria y la agricultura. Sin embargo, sus procesos son altamente especializados y conllevan riesgos que pueden provocar daños a la población, el entorno natural y la infraestructura.
Castrejón Trujillo advirtió que eventos registrados a lo largo de la historia, tanto en México como a nivel internacional, han afectado instalaciones, trabajadores, comunidades y ecosistemas, lo que confirma la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y respuesta ante contingencias ambientales.
En este contexto, su iniciativa busca fortalecer el marco legal vigente mediante la incorporación de una regulación específica enfocada en la prevención de contingencias ambientales, alineada con el principio constitucional de sustentabilidad y el derecho humano a un medio ambiente sano.
Asimismo, plantea la creación de un Sistema de Monitoreo de Desempeño Ambiental obligatorio para asignatarios, contratistas, autorizados y permisionarios, el cual deberá ser reportado trimestralmente a la autoridad competente, con el fin de contar con información continua y actualizada sobre el desempeño ambiental de las actividades del sector.
Castrejón Trujillo también indicó que se propone la creación del Consejo Nacional para la Atención de Contingencias Ambientales del Sector Hidrocarburos, como un órgano plural y multidisciplinario encargado de analizar impactos, coordinar acciones y atender emergencias ambientales, con participación de dependencias federales, Petróleos Mexicanos y organizaciones de la sociedad civil.
Agregó que se debe garantizar la denuncia de infracciones ambientales, estableciendo la obligación de reportar posibles actos u omisiones que generen daños al ambiente, así como responsabilidades en caso de incumplimiento.
Finalmente, Castrejón Trujillo destacó que estas reformas buscan fortalecer la capacidad del Estado mexicano para prevenir contingencias, proteger el entorno natural y garantizar la seguridad de la población, a partir de las lecciones que ha dejado eventos recientes en el sector hidrocarburos.