- La iniciativa propone establecer que los trabajadores que acrediten estar inscritos en instituciones de educación media superior o superior puedan convenir con el patrón una jornada compatible con sus horarios escolares.
- Dicha jornada no podrá ser objeto de represalias, reducciones salariales desproporcionadas ni condicionada al abandono de los estudios.
Con la finalidad de que los estudiantes que trabajan puedan continuar con su desarrollo académico y conservar su empleo, el senador Virgilio Mendoza propuso una iniciativa en materia de compatibilidad entre el trabajo y los estudios de nivel medio superior y superior.
Explicó que su propuesta busca atender una problemática real que afecta a jóvenes estudiantes que además trabajan, y es que la legislación actual no reconoce la condición de trabajador estudiante ni la protege, lo que ocasiona que millones de jóvenes deban elegir entre trabajar o estudiar, ocasionando deserción escolar.
Para ello, su iniciativa propone diversas medidas: Reformar el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo incorporar en la definición de trabajo digno la compatibilidad entre trabajo y desarrollo educativo; reformar al artículo 59 para reconocer que los trabajadores inscritos en instituciones de educación media superior o superior pueden convenir con el patrón una jornada compatible con sus horarios escolares; reformar al artículo 63 para flexibilizar la distribución del tiempo de descanso dentro de la jornada para que el trabajador-estudiante pueda atender obligaciones académicas.
Por otro lado, también se busca que el patrón esté obligado a respetar y facilitar la jornada estudiantil convenida, además de que se le prohíba al patrón y a la empresa la rescisión, sanción o cualquier medida que afecte al trabajador con motivo de su condición de estudiante, asistencia a clases, presentación de exámenes o cualquier actividad académica.
Detalló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2024), en México existen aproximadamente 9.8 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años que trabajan y estudian simultáneamente, quienes a menudo ven sus actividades escolares afectadas debido a que el patrón no tiene la obligación de adaptar el horario de trabajo al horario escolar, además de que les puede asignar tiempo extraordinario aunque interfiera con los exámenes o actividades académicas, y puede rescindir la relación de trabajo sin que la condición de estudiante del trabajador genere protección alguna.
Explicó que según la Encuesta Nacional sobre Deserción en la Educación Media Superior (SEP 2023), el 39.4 por ciento de estudiantes que abandonan la preparatoria lo hacen por necesidades económicas ligadas al trabajo; mientras que el Estudio de Trayectorias Educativas y Laborales (INEE, 2022) señala que la incompatibilidad de horarios entre el trabajo y la escuela es la segunda causa de abandono escolar en el nivel medio superior.
Ante este panorama, el senador ecologista insistió en la pertinencia de incluir en nuestra legislación el reconocimiento expreso de la jornada estudiantil compatible mediante convenio, tope protector de seis horas, flexibilidad de descanso, obligación patronal de respetar el horario escolar y prohibición expresa de represalias por condición de estudiante.
- Se busca establecer la figura del “par certificado”, que ha demostrado reducir hasta un 40 por ciento los síntomas de ansiedad y depresión leve a moderada, disminuir el estigma asociado a la búsqueda de ayuda profesional y aumentar la tasa de canalización oportuna a servicios especializados.
Con la finalidad de atender la problemática de salud mental en las instituciones públicas de educación media superior y superior, el senador Virgilio Mendoza Amezcua presentó una iniciativa para crear el Sistema Nacional de Redes de Pares en Salud Mental (SNRPSM) como instrumento de atención comunitaria coordinado por la Secretaría de Salud en colaboración con la Secretaría de Educación Pública.
Explicó que su iniciativa propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud; de la Ley General de Educación; y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Agregó que se busca establecer la figura del “par certificado” como aquel estudiante de educación media superior o superior que haya acreditado el programa de formación establecido en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, de al menos 40 horas, en primeros auxilios psicológicos, escucha activa, identificación de señales de riesgo y protocolo de canalización.
Detalló que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el promedio nacional es de un orientador o psicólogo por cada 600 estudiantes en el nivel medio superior público, y en muchas instituciones los servicios psicológicos son voluntarios, intermitentes y subutilizados por el estigma asociado a solicitar ayuda.
Apuntó que la etapa de educación media superior y superior representa el período de mayor vulnerabilidad con problemas como el estrés académico, los procesos de identidad, las primeras relaciones de pareja, el alejamiento del entorno familiar y la exposición a sustancias psicoactivas, los cuales confluyen en un momento de desarrollo en el que el cerebro aún está en proceso de maduración, pero además, se puede considerar una etapa de gran oportunidad preventiva.
Por ello, insistió en la necesidad de utilizar mecanismo de alto impacto, bajo costo y alta aceptabilidad entre los jóvenes, es decir, las redes de apoyo entre pares en salud mental, los cuales han demostrado reducir hasta un 40 por ciento los síntomas de ansiedad y depresión leve a moderada, disminuir el estigma asociado a la búsqueda de ayuda profesional y aumentar la tasa de canalización oportuna a servicios especializados.
Explicó que actualmente, algunas instituciones de educación superior públicas operan grupos de apoyo entre pares de manera informal, sin que exista una figura jurídica que los reconozca, lo cual genera algunas consecuencias negativas, como que personas sin capacitación asuman funciones de apoyo emocional para las que no están preparadas.
Finalmente, insistió en la pertinencia de su iniciativa ya que ningún precepto vigente crea o reconoce la figura del par certificado en salud mental ni establece el protocolo de canalización que debe seguir en el entorno escolar.
- Después de la polémica por corridas de toros en el estado de Hidalgo
Jesús Sesma Suárez, secretario general del PVEM CDMX expresó su preocupación por la decisión tomada en el Congreso de Hidalgo, donde fue aprobada una consulta popular sobre las corridas de toros, pese a que la Constitución mexicana ya prohíbe el maltrato animal.
Con 20 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, diputados locales avalaron preguntar a la ciudadanía si las corridas de toros deben seguir consideradas patrimonio cultural, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó desde 2022 que no puede reconocerse como patrimonio cultural inmaterial.
La decisión provocó fuertes reclamos dentro del propio Congreso, el diputado Avelino Tovar lanzó una de las críticas más severas de la sesión: "La Constitución no se consulta. Se cumple", al mismo tiempo que denunció que el dictamen fue aprobado "en tiempo récord": ingresó el 19 de mayo, se dictaminó el 20 y el 21 ya estaba siendo votado por el Pleno.
Recordó que la iniciativa para prohibir las corridas de toros lleva más de 428 días congelada en comisiones. “428 días contra 24 horas. Ese contraste lo dice todo”, señaló.
Además, acusó que el documento aprobado omitió mencionar el artículo 4° de la Constitución Federal, que desde diciembre de 2024 prohíbe expresamente el maltrato animal, así como el artículo 8 Ter de la Constitución de Hidalgo, que reconoce a los animales como seres sintientes.
Por su parte la diputada Tania Meza advirtió que Hidalgo podría hacer el “ridículo nacional” al intentar someter a votación un derecho constitucional ya reconocido, recordó que la reforma de protección animal fue impulsada originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Desde el PVEM CDMX se reiteró que la protección animal es un mandato constitucional y no un tema que pueda quedar sujeto a cálculos políticos o consultas de popularidad.