- Legisladores y empresarios intercambiaron propuestas para modificar las reglas de la publicidad exterior.
Con el propósito de abrir el debate para revisar las normas que regulan la publicidad exterior y escuchar las voces de quienes se ven afectados, en diputado y vicecoordinador del Partido Verde en el Congreso de la CDMX, Javier Ramos Franco, llevo a cabo en Primer Foro sobre Publicidad Exterior en la Ciudad de México, mismo que reunió a legisladores y representantes de empresas del sector para analizar dos iniciativas que buscan modificar la legislación vigente.
En el Foro estuvieron presentes los diputados Manuel Talayero Pariente, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde, así como las diputadas Rebeca Peralta León y Yolanda Alicia López Martínez.
Una de las propuestas que estuvieron a discusión en el Foro, consistió en reducir el costo que se debe pagar por derechos para obtener las licencias relacionadas con los anuncios autosoportados (espectaculares), al considerar que los altos costos actuales dificultan e inhiben que las empresas cumplan con sus obligaciones fiscales, lo que limita y afecta la recaudación de la ciudad.
El vicecoordinador del Partido Verde en el Congreso, Javier Ramos Franco, explicó que la intención es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los empresarios y mejorar las condiciones de quienes realizan esta actividad económica, de tal manera que se incentive su pago voluntario y aumente la recaudación en beneficio de las finanzas de la Ciudad.
Igualmente, subrayó que la segunda iniciativa tiene el propósito de fortalecer el proceso de reordenamiento, brindar mayor seguridad jurídica, mejorar la imagen urbana y proteger la integridad de las personas y su patrimonio.
Por su parte, el diputado Manuel Talayero Pariente señaló que la regulación debe encontrar un equilibrio entre el ordenamiento del paisaje urbano y una actividad económica que genera empleos y oportunidades para distintas empresas.
También informó que las aportaciones de los empresarios permitirán enriquecer la discusión de las iniciativas, que actualmente se encuentran en las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación.
Durante el Foro, los participantes de la industria de la publicidad exterior en la CDMX, expusieron inquietudes sobre los procedimientos administrativos, los costos y las condiciones legales que enfrentan los anunciantes y se mostraron con apertura hacia los cambios propuestos en las iniciativas.
Ramos Franco anunció que el próximo 28 de octubre se realizará un segundo Foro y así continuarán realizándose uno por semana para seguir escuchando propuestas y opiniones sobre la publicidad exterior en la capital y con ello ampliar la discusión sobre las reglas que deben aplicarse a los anuncios en la ciudad, con el propósito de avanzar hacia una regulación que dé certeza jurídica, atienda las necesidades del sector y contribuya al ordenamiento del espacio urbano en beneficio de la seguridad de toda la ciudadanía y sus bienes.
“La intención es dialogar con todos los empresarios del sector, así como con las autoridades involucradas y especialistas, académicos, investigadores del tema y sociedad civil, para que todos juntos construyamos la mejor reforma posible”, concluyó el Dip. Javier Ramos Franco.
- Las revisiones y auditorías se practican sobre cuentas públicas de ejercicios ya concluidos, por lo que cuando las observaciones se notifican, el presidente o la presidenta municipal suelen estar en su último tramo de gestión o ya fuera del cargo.
Con la finalidad de combatir la corrupción y la impunidad, particularmente en el caso de alcaldes y presidentes municipales, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar el segundo párrafo del artículo 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para prohibir elegirse al cargo de alcalde o presidente municipal a quienes, durante su periodo ejercido, no hubiesen solventado observaciones derivadas a las auditorías.
La senadora explicó que los gobiernos locales enfrentan un grave problema estructural, este es, que las revisiones y auditorías se practican sobre cuentas públicas de ejercicios ya concluidos, por lo que cuando las observaciones se notifican, el presidente o la presidenta municipal suelen estar en su último tramo de gestión o ya fuera del cargo. Agregó que incluso en algunos casos, no solamente no rinden cuentas, sino también están vinculados con delincuencia organizada.
Puso como ejemplo el caso de Jesús “N”, expresidente municipal de Cuautla, hoy vinculado a proceso por delincuencia organizada y tráfico de armas, además de que no solventó la cuenta pública del 2020 en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos (ESAF), donde se encontraron diversas irregularidades de la gestión, entre ellas, el faltante de 10 millones de pesos en la anterior administración, y aún con esto, se inscribió para volver a pretender administrar el municipio de Cuautla.
La legisladora aseguró que este tipo de situaciones provocan que las observaciones se hereden a administraciones siguientes, además de que no permiten solventar servicios públicos como el agua potable, el alumbrado público, la seguridad pública y la recolección de residuos a las y los ciudadanos.
Finalmente, la senadora por Morelos afirmó que la aprobación de esta reforma generaría múltiples ventajas directas para que el país y sus comunidades tengan mejores servicios de calidad, pero sobre todo, identificar aquellas personas que están observadas por la Auditoría.
- La iniciativa plantea ampliar el supuesto para incorporar las solicitudes correspondientes y la información relacionada con el cambio de uso del suelo, así como ampliar la información sobre infracciones e incorporar la publicidad de los recursos relacionados con el fondo forestal mexicano.
Con la finalidad de ampliar la información ambiental que debe ponerse a disposición del público y mantenerse actualizada, las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para fortalecer el artículo 67, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contribuyendo con ello al ejercicio efectivo del derecho humano de acceso a la información, a la protección del derecho a un medio ambiente sano y a una gestión pública ambiental más transparente, verificable y abierta a la participación de la sociedad.
Las y los senadores ecologistas explicaron que el derecho de acceso a la información pública, reconocido en el artículo 60 de nuestra Constitución, constituye uno de los elementos esenciales de un Estado democrático y una condición indispensable para que las personas conozcan, evalúen y participen en las decisiones adoptadas por las autoridades.
Por otro lado, señalaron que el artículo 4o. constitucional reconoce que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y establece la obligación del Estado de garantizar su respeto. En este contexto, aseguraron que el derecho a la información y el derecho a un medio ambiente sano se encuentran estrechamente vinculados: para participar, vigilar y, en su caso, cuestionar las decisiones susceptibles de afectar el ambiente, resulta indispensable contar con información suficiente, oportuna y accesible.
Reconocieron que la legislación ambiental mexicana incorpora la información como un componente sustantivo de la política ambiental, a través de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) que contiene un capítulo específico denominado "Derecho a la Información Ambiental", sin embargo, apuntaron que únicamente obliga a publicar "las manifestaciones y resoluciones en materia de impacto ambiental".
Por ello, destacaron que su iniciativa plantea ampliar el supuesto para incorporar las solicitudes correspondientes y la información relacionada con el cambio de uso del suelo, así como ampliar la información sobre infracciones e incorporar la publicidad de los recursos relacionados con el fondo forestal mexicano.
Los legisladores del Partido Verde aseguraron que la incorporación de las solicitudes y resoluciones relacionadas con el cambio de uso del suelo en terrenos forestales permitirá que la ciudadanía conozca oportunamente las decisiones administrativas susceptibles de modificar la cobertura y vocación forestal del territorio.
Además, dijeron que precisar la materia de las infracciones ambientales permitirá que la información estadística actualmente obligatoria tenga mayor utilidad para identificar las áreas en las que se presentan incumplimientos y fortalecer la evaluación de la aplicación de la legislación ambiental.