- La iniciativa propone que sea el 1 de octubre para recordar que en esta misma fecha, en el año 2024, en México tomó protesta por primera vez una mujer como presidenta de la República.
Como un acto de reconocimiento a las mujeres y a la lucha que han realizado a lo largo de la historia por defender su derecho a participar en la vida pública y en la toma de decisiones en nuestro país, los senadores Virginia Magaña, Karen Castrejón, Waldo Fernández, Ruth González, Juanita Guerra, Virgilio Mendoza, Jorge Carlos Ramírez y Manuel Velasco, presentaron una iniciativa para declarar el próximo primero de octubre como el “Día Nacional de la Reivindicación de los Derechos de las Mujeres y su participación en la vida pública”.
Destacaron que la historia de la democracia para las mujeres mexicanas se remonta a finales de la Revolución Mexicana, cuando se llevó a cabo el primer Congreso Feminista impulsado por el gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, en el cual se abordó como tema el voto femenino, además de que en el año de 1922, Elvia Carrillo Puerto se convirtió en la primera mujer electa como diputada al Congreso del Estado de Yucatán.
Subrayaron que fue hasta el año 1953 que se logró el reconocimiento del sufragio femenino en nuestro país, y a partir de 1955 las mexicanas pueden votar y ser votadas en igualdad, ambos enormes logros para la democracia de las mexicanas, sin embargo, se han tenido que enfrentar a grandes luchas para lograr el pleno reconocimiento de sus derechos y su participación en la vida pública que se tiene hasta el día de hoy.
Subrayaron que su iniciativa propone que sea el 1 de octubre para recordar que en esta misma fecha, en el año 2024, en México tomó protesta por primera vez una mujer como presidenta de la República, lo cual es un logro para las mujeres que “requirió más de 200 años de lucha, de derribar paredes y edificaciones de machismo social que limitó durante décadas su desarrollo personal y profesional”.
Recordaron también que a partir del año 2018, se logró la paridad en el Congreso de la Unión, con un número igual de legisladoras mujeres y hombres, además de que actualmente nuestro país cuenta con diez mujeres que encabezan las Secretarías de Estado, asimismo el Gobierno federal, ya cuenta con una nueva dependencia Gubernamental, la Secretaría de las Mujeres y se han logrado grandes avances en materia de igualdad sustantiva.
Sin embargo, reconocieron que aún queda mucho trabajo por hacer y señalaron que “nuestra obligación, en el futuro próximo es continuar el trabajo iniciado en 1953, en 1955 y luchar por erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, hasta alcanzar su libre desarrollo y la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad”.
- 200 mil nacimientos prematuros anuales en México hacen urgente el acompañamiento emocional de ambos padres.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, propuso ampliar la licencia de paternidad de 5 a 20 días laborables con goce de sueldo en casos de nacimiento o adopción, y extenderla hasta ocho semanas cuando el recién nacido presente alguna discapacidad o requiera atención médica hospitalaria. La iniciativa busca fortalecer el papel del padre en el hogar y promover una verdadera corresponsabilidad en el cuidado y crianza de hijas e hijos desde el nacimiento.
Actualmente, la legislación sólo contempla cinco días de permiso para los trabajadores varones por nacimiento o adopción de un infante. Sin embargo, Corona Nakamura advirtió que esta medida resulta insuficiente, especialmente si se considera que, cada año, en México nacen cerca de 200 mil bebés prematuros, quienes enfrentan riesgos en su salud que requieren atención inmediata y el acompañamiento emocional de ambos padres.
Señaló que la crianza no puede seguir recayendo únicamente en la mujer, por lo que es tiempo de que la ley reconozca la importancia de la figura paterna en los momentos más críticos del desarrollo familiar, como el nacimiento o la enfermedad de un hijo.
“Es por ello, que nuestra iniciativa, que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, también busca romper con los estereotipos que perpetúan la idea de que el padre tiene un rol secundario en el hogar”, subrayó la legisladora.
De acuerdo con datos de la OCDE, el 48 por ciento de las parejas mexicanas viven en condiciones donde el hombre tiene un empleo remunerado, mientras que el trabajo doméstico y el cuidado infantil no recibe ingreso alguno, lo que perpetúa estereotipos y carga de cuidados no remunerados.
“La crianza y los cuidados del hogar son responsabilidades que deben llevarse en equipo entre el padre y la madre. Por lo que ampliar la licencia de paternidad es un paso clave para que los hombres asuman su rol desde el nacimiento y contribuyan a entornos familiares con más seguridad y respeto”, apuntó.
Corona Nakamura recordó que en el año 2022, siendo diputada federal en la LXIV Legislatura, presentó una iniciativa similar que no obtuvo el consenso esperado; sin embargo, reiteró su compromiso como senadora de la República de insistir en una reforma que permita a los hombres ejercer su rol de paternidad de forma activa y equitativa.
Finalmente, Corona Nakamura reiteró que su propuesta es un acto de justicia social y humanismo, que contribuirá a la estabilidad de las familias mexicanas y al desarrollo emocional de madres, padres e hijos.
- Dicho delito representa una amenaza a la integridad de nuestras instituciones y a la seguridad nacional: López Hernández
Con el fin de garantizar la seguridad y la confianza en las instituciones de seguridad pública y las Fuerzas Armadas, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Mario Alberto López Hernández, propuso modificar el artículo 250 BIS del Código Penal Federal (CPF), para aumentar la pena por el delito de falsificación de uniformes, insignias, credenciales, medallas, divisas, gafetes, escudos, documentos y otros elementos que conforman la vestimenta de dichas instituciones, pilares fundamentales para el mantenimiento del orden y la protección de los derechos de los ciudadanos.
Apuntó que estos elementos representan la autenticidad y la legitimidad de las instituciones encargadas de la seguridad en el país, por lo que el delito de falsificación de estos elementos uniformes, divisas y otros símbolos oficiales representa una amenaza significativa, ya que pueden ser utilizados para suplantar a agentes de seguridad, cometer delitos como extorsiones, robos o incluso actos terroristas, generar confusión o desconfianza en la población y debilitar la autoridad institucional, poniendo en riesgo la seguridad pública.
Señaló que estos símbolos representan la autoridad, el profesionalismo y la legitimidad de quienes los portan, además de facilitar la identificación de los miembros de dichas instituciones por parte de la ciudadanía y otros actores sociales.
“La autenticidad de estos elementos es crucial para mantener la confianza pública y garantizar que las acciones de los agentes de seguridad sean reconocidas y respetadas”, señaló.
Comentó que, además, la utilización de uniformes falsificados puede facilitar la comisión de delitos sin que las víctimas o las autoridades puedan distinguir fácilmente entre lo auténtico y lo falso.
Explicó que históricamente, la falsificación de símbolos oficiales ha tenido repercusiones negativas en la seguridad y el orden social, en algunos casos, grupos delictivos han utilizado uniformes falsificados para infiltrarse en operativos policiales o militares, poniendo en riesgo la vida de los agentes y la población civil. Por ello, resulta imprescindible contar con un marco legal que sancione enérgicamente estas conductas.
En ese contexto, indicó que en la actualidad el artículo 250 Bis prevé penas de cinco a doce años de prisión y hasta 500 días de multa para quienes cometan dicho delito. Señaló que la severidad de estas sanciones refleja la gravedad del ilícito, así como su impacto en la seguridad y la confianza social.
Además, cuando la falsificación resulta en la comisión de delitos mayores o en su utilización para cometer actos ilícitos que pongan en riesgo la seguridad nacional o pública, las penas pueden incrementarse de ocho a quince años.
Insistió que la falsificación de los elementos referidos representa una amenaza a la integridad de nuestras instituciones y a la seguridad nacional, por lo que su propuesta es aumentar la sanción para quedar de 12 a 15 años de prisión y hasta 500 días de multa.
“La exclusividad y protección de estos símbolos oficiales aseguran que sólo quienes cuentan con la autorización correspondiente puedan fabricarlos, distribuirlos y utilizarlos en el ejercicio de sus funciones, por ello, la finalidad de esta disposición legal es proteger la integridad de los símbolos oficiales y prevenir su uso indebido para fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el orden social", destacó.
El ordenamiento señala que comete el delito de falsificación de uniformes y divisas de las Fuerzas Armadas y de cualquier institución de Seguridad Pública, el que sin autorización de la institución correspondiente fabrique, confecciones, produzca, imprima o pinte cualquiera de los uniformes, insignias, credenciales de identificación, medallas, insignias, gafetes, escudos, documentos adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes, siglas u otros elementos utilizados en dichas instituciones.