- Propone penas que van de los siete a los doce años de prisión y multas de hasta dos mil quinientos días para quienes incorporen a personas a organizaciones delictivas
Con el objetivo de enfrentar de manera más efectiva a la delincuencia organizada en nuestro país, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, propuso reformar el Código Penal Federal para tipificar como delito el reclutamiento criminal, con penas que van de siete a doce años de prisión y de ochocientos a dos mil quinientos días multa para quienes incorporen, de manera voluntaria o involuntaria, a personas a pandillas u organizaciones delictivas.
Núñez Aguilar explicó que el impacto de la delincuencia organizada afecta gravemente la economía, la seguridad pública y el tejido social del país, generando miedo y desconfianza entre los ciudadanos. Este ambiente hostil puede incluso obstaculizar el desarrollo económico y político de distintas regiones del país.
Asimismo, apuntó que de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los grupos criminales suelen operar como estructuras organizadas, integradas por tres o más personas que buscan obtener beneficios económicos mediante actividades ilegales. Muchos de estos delitos, como el narcomenudeo, la extorsión, el secuestro y la trata de personas, se han convertido en verdaderos modelos de negocio para dichas organizaciones.
“Ante este panorama, los grupos delictivos se esfuerzan por expandir su presencia territorial, aumentar sus ingresos y fortalecer su control. Para lograrlo, recurren al reclutamiento de personas en situación de vulnerabilidad, incluidas menores de edad, personas adultas mayores o personas sin capacidad de comprender o resistir. Esto les permite mantener su operatividad sin enfrentar mayores consecuencias legales, ya que actualmente esta práctica no está tipificada como delito”, explicó el legislador.
Abundó que el reclutamiento criminal, a diferencia del secuestro, implica incorporar personas a una estructura delictiva con fines específicos. A pesar de ser una práctica ampliamente conocida y utilizada por los grupos delictivos, no existen consecuencias penales directas por llevarla a cabo, lo que genera un vacío legal aprovechado por las organizaciones criminales.
Por lo anterior, la iniciativa plantea no solo establecer el delito de reclutamiento criminal, sino también endurecer las penas cuando las víctimas sean menores de edad, personas mayores de sesenta años o individuos que no puedan comprender o resistir el hecho delictivo. Con esto, se pretende proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y debilitar una de las principales estrategias de expansión del crimen organizado.
- Necesario avanzar hacia fórmulas de coordinación más eficaces, involucrando a los tres ámbitos de gobierno: Guevara Garza
Sanciones más severas incluso la "pena de muerte empresarial", para las organizaciones que lucren a costa del ambiente, poniendo en riesgo el bienestar colectivo y el equilibrio ecológico, propuso el diputado por el Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Guevara Garza.
Lo anterior ante la necesidad de actualizar la legislación vigente para incorporar sanciones significativas para aquellos particulares que afecten el equilibrio ecológico, ya sea en el territorio nacional, en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, o en aquellas áreas cuyo impacto se origine en el territorio o en zonas bajo la soberanía o jurisdicción de otros Estados, así como en espacios más allá de la jurisdicción de cualquier Estado.
La propuesta del legislador ecologista plantea adicionar la fracción VI al artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para especificar que dentro de las sanciones que se aplicarán como producto de las violaciones a dicha ley, está, "en el caso de personas jurídicas privadas, la disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una falta administrativa prevista en esta ley".
Esto se suma a las sanciones ya previstas que contemplan en decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente ley, así como la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes.
Guevara Garza explicó que el objetivo de su propuesta está en el reconocimiento de la necesidad de vincular la política de aprovechamiento de recursos naturales con el principio de desarrollo sustentable, partiendo de la premisa de que la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes no puede ignorar las de las generaciones futuras.
Con ello, se busca avanzar de una visión sectorial de las acciones gubernamentales en esta materia hacia fórmulas de coordinación más eficaces, involucrando a los tres ámbitos de gobierno y promoviendo la participación de la sociedad.
Resaltó que México ha acumulado por décadas experiencias de pérdida, deterioro y afectaciones negativas de sus elementos naturales, hábitat y ecosistemas, así como de afectación a la salud e integridad de las personas, atribuidas a sujetos y empresas individualmente determinados, suficientes para afirmar la necesidad de un régimen jurídico de corresponsabilidad del sector privado.
Añadió que, aunque la ley vigente ya contempla sanciones ejemplares en esta materia, en la actualidad, debido a los cambios sociales, las crecientes necesidades de la colectividad y la participación del sector privado en materia de equilibrio ecológico, resulta indispensable incorporar sanciones significativas para aquellos particulares que afecten el equilibrio ecológico.
"El daño ocasionado por algunas empresas privadas a la colectividad puede alcanzar tal magnitud que sea necesaria su disolución, ya que permitir su operación podría generar afectaciones irreparables a la sociedad y al entorno ecológico. Por esta razón, se considera indispensable establecer sanciones severas, incluso la "pena de muerte empresarial", para las organizaciones que lucren a costa del ambiente, poniendo en riesgo el bienestar colectivo y el equilibrio ecológico", subrayó.
- Importante reducir la brecha digital, uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país: Castrejón Trujillo.
- Celebro este conversatorio como una vía para escuchar a la industria y nutrir el análisis legislativo: Melgar Bravo.
En el marco de los conversatorios para analizar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los senadores del Partido Verde, Karen Castrejón Trujillo y Luis Armando Melgar, destacaron la importancia de estos espacios de diálogo con representantes de la industria y especialistas en telecomunicaciones, ya que permiten enriquecer el análisis de la reforma enviada por el Ejecutivo Federal sobre el uso del espectro radioeléctrico.
Durante su intervención, la vicecoordinadora de la bancada ecologista, Karen Castrejón Trujillo, reiteró el respaldo de su grupo parlamentario a gran parte de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, especialmente en lo relacionado con la concepción del espectro radioeléctrico como un bien público, cuya gestión debe priorizar el beneficio social.
“Coincidimos con gran parte de esta propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, en particular con la visión del espectro como bien de dominio público. Su uso debe priorizar la conectividad en espacios públicos, la seguridad nacional y, sobre todo, la reducción de la brecha digital, uno de los mayores desafíos que enfrenta el país”, afirmó.
“Queremos un México donde el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación sea un derecho garantizado para todas y todos”, afirmó.
La legisladora pidió a los especialistas aportar ideas para promover la inclusión digital en comunidades históricamente excluidas y para garantizar los derechos de las audiencias, sobre todo en el pleno respeto a la libertad editorial y programática de los concesionarios, por lo que cuestionó al presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), José Antonio García Herrera, sobre cómo lograr este equilibrio.
Por su parte, el senador Luis Armando Melgar Bravo lamentó que no se haya realizado un parlamento abierto cuando se recibió la iniciativa presidencial; sin embargo, celebró este conversatorio como una vía para escuchar a la industria y nutrir el análisis legislativo.
“Es un ejercicio valioso para muchos legisladores que no entendemos el tema y que es muy importante y enriquecedor. Hoy necesitamos escuchar a quienes conocen para garantizar una regulación equilibrada”, destacó.
En ese sentido, Melgar cuestionó al director de la CANIETI, licenciado Alfredo Pacheco, sobre cómo asegurar la objetividad técnica de la nueva ley bajo un esquema que concentra decisiones en una sola persona que depende del Ejecutivo federal.
Finalmente, ambos legisladores coincidieron en que el acceso universal a internet debe ser una realidad y en la importancia de contar con una legislación en telecomunicaciones que se analice con responsabilidad, diálogo y visión de futuro.