- Invisibilizar los tipos y modalidades de violencias en contra de las mujeres, es permitir que continúen sucediendo, apuntó.
Con la finalidad de visibilizar y poder atender los diferentes tipos de violencia contra las mujeres, la senadora Ruth González Silva, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una vida Libre de Violencia, para que sean nombradas “violencias”, en plural y no en singular, como se encuentra actualmente en dicha legislación.
Explicó que esta reforma ya es derecho vigente en nuestra Constitución, en donde se consagra el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias, sin embargo, considera pertinente que la legislación secundaria en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia modifique su denominación para que mencione las violencias, con lo que será consistente con las últimas reformas constitucionales.
Detalló que, se propone reformar la actual denominación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que se denomine como “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias”, así como modificar el nombre de diversos capítulos de dicha ley, con la misma finalidad.
Aseguró que, aunque pareciera que modificar solo una palabra al título de la ley es una cuestión menor, se tiene que tomar en cuenta que para poder eliminar todo tipo de violencias contra la mujer, necesariamente deben ser expresadas en plural, y añadió que “hay muchos tipos de violencias que sufren las mujeres en nuestro país y no podemos dejar de nombrarlas, pues de lo contrario, se estaría generando un efecto invisibilizador y normalizador de estas conductas”.
La senadora apuntó que "el reconocimiento de las violencias contra las mujeres ha hecho posible advertir la complejidad del problema, la pluralidad de los tipos de violencias y los ámbitos en los que éstas se suscitan", y agregó que gracias a esto, se han visibilizado formas de violencia que estaban socialmente aceptadas o no se identificaban como tal, como son las microagresiones, violencia simbólica, patriarcal, económica, vicaria, obstétrica, reproductiva, sexual, digital, hasta la violencia feminicida.
Además, explicó que su propuesta pretende adecuar el texto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias con la Ley Orgánica de la Administración Pública, facultando a la Secretaría de las Mujeres en las acciones de prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, atribuciones que eran atendidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres.
Finalmente, la senadora González Silva insistió en que invisibilizar los tipos y modalidades de violencias en contra de las mujeres, es permitir que continúen sucediendo.
- Comisión de Medio Ambiente en San Lázaro, aprueba propuesta del Partido Verde para proteger el medio ambiente de estos vehículos altamente contaminantes
Para evitar que los vehículos conocidos como “razers”, motos y cuatrimotos sigan afectando el medio ambiente por la contaminación por ruido, luces que exceden los parámetros legales y el uso de gasolina y aceites, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, aprobó por unanimidad la propuesta del Partido Verde para prohibir que estos automotores circulen en áreas naturales protegidas.
Tampoco podrán circular en áreas de conservación, áreas no perturbadas, áreas que alojen ecosistemas o elementos naturales de especial importancia o que requieran protección especial.
Su circulación solo estará permitida a consideración de las autoridades competentes, previa justificación, siempre y cuando el uso no implique daño alguno al ambiente, a la biodiversidad, a los ecosistemas involucrados ni a terceras personas.
En su propuesta, el diputado Ricardo Astudillo, del Partido Verde Ecologista, explicó que esto se inscribe en lo que establece la Constitución Política en su Artículo 4º. donde señala que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar” y corresponde al gobierno federal y a los gobiernos municipales, en su ámbito de competencia, impulsar acciones que contribuyan a garantizar ese derecho.
En ese contexto, puntualizó que en los últimos años, una actividad que ha tenido mucho crecimiento es el turismo de aventura en vehículos automotores, particularmente los conocidos como “razers ”, motos y cuatrimotos, incluso en los denominados “areneros ” y cuyas actividades se están llevando a cabo en lugares indebidos y no existe a la fecha regulación formal para ello.
Resaltó que estos vehículos se caracterizan por brindarle al tripulante una experiencia extrema, fuera de la seguridad de un vehículo ordinario al cual le sería imposible acceder a algunos lugares y, además, son vehículos con motores de combustión interna, lo cual implica que utilizan gasolina y aceites, mismos que, al haber transitado en carreteras normales, se impregnan en sus neumáticos y éstos, al transitar por cuerpos de agua, sueltan esa contaminación impactando gravemente el ecosistema.
Asimismo, cuando abandonan el camino y transitan por arroyos y cañadas perjudican los cuerpos de agua y la biodiversidad; También es común que a esos vehículos les instalen refacciones que incrementan las emisiones sonoras, generando con ello contaminación auditiva, misma que está comprobado, trastorna a diversas especies de fauna sensible a sonidos de alta frecuencia o de alto volumen.
Lo mismo sucede con las luces que tienen instalados estos vehículos ya que son luces que exceden los parámetros legales, además de que estos vehículos la mayoría de las veces circulan en grupos a una velocidad excesiva, incongruente con el paisaje y con música a volumen máximo.
Otro aspecto a destacar, añadió, es que el uso y circulación de estos vehículos genera que los suelos por donde transitan sufran erosión no natural, lo cual genera que el material orgánico quede suelto y pueda ser arrastrado fácilmente por el aire o por el agua de las lluvias, situación que, a la larga, genera un déficit nutricional en los suelos y una menor capacidad para captar y retener agua que, a su vez, genera un estrés para la vegetación circundante.
Destacó que son muchos los impactos negativos y pocos los beneficios colectivos que resultan del uso no regulado de estos y otros vehículos todoterreno por lo que señaló que corresponde a todos, ciudadanía y gobiernos, proteger el medio ambiente y cuidar nuestros recursos naturales.
- El principal objetivo es garantizar que las comunidades indígenas puedan acceder a agua limpia y de calidad a través de los cuerpos de agua ubicados en sus territorios
El diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Partido Verde Ecologista de México, propuso reformar la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que todo pozo, cuenca y recurso hídrico que se encuentre dentro de una comunidad indígena, sea de uso exclusivo de las comunidades y no puedan ser explotados por particulares o empresas.
En la exposición de motivos, Puertos Chimalhua señaló que el principal objetivo de esta reforma es reservar la tenencia de tierras y mantos acuíferos que se encuentren dentro de las comunidades indígenas, específicamente en el rubro hídrico, para que las comunidades tengan acceso a agua limpia, potable y de calidad para su uso doméstico.
“Evidentemente, ante la creciente explotación de los mantos acuíferos por particulares y empresas, se pretende especificar los lineamientos en los que aplicará el uso, tenencia y concesión de pozos de agua, así como la prohibición para todo particular que pretenda explotar el agua para fines de comercialización o actividad empresarial”, afirmó.
Asimismo, expuso que está propuesta surge a partir del gran compromiso que tiene con su tierra natal Veracruz, estado que representa en esta honorable Cámara de Diputados. “Siento un profundo compromiso y responsabilidad moral con los pueblos indígenas de mi estado y de nuestro país, es por lo que veo la necesidad de impulsar la presente iniciativa”, mencionó.
De igual forma señaló que con dicha reforma se establecerá que las concesiones otorgadas a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas serán de carácter colectivo, intransferible y sin fines de lucro, con la finalidad de garantizar el uso doméstico, agrícola, cultural y ambiental del recurso y queda prohibida su cesión, arrendamiento, transmisión o cualquier forma de aprovechamiento por parte de terceros ajenos a la comunidad.
Además, la Comisión Nacional del Agua implementará procedimientos simplificados, gratuitos y culturalmente pertinentes para facilitar el acceso a las concesiones referidas en el presente artículo, respetando en todo momento la organización interna y sistemas normativos propios de dichas comunidades.
“Con esta propuesta se busca promover la justicia y equidad en el acceso a los recursos hídricos y al mismo tiempo reconocer los derechos y la autonomía de las comunidades indígenas sobre sus territorios y recursos naturales”, concluyó el legislador.