- Aseguró que si bien estos proyectos podrían contribuir con el crecimiento económico, podrían generar diversos impactos medioambientales a los que hay que poner atención.
Con la finalidad de proteger uno de los ecosistemas marinos más diversos y dinámicos del planeta y un punto estratégico de la región de América del Norte por su importancia en la conservación, la senadora Maki Ortiz Domínguez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), a la Secretaría de Turismo, al Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable (IMIPAS) y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para realizar acciones relacionadas con los proyectos de Plantas de Gas Natural licuado que pretenden instalarse en el Golfo de California.
Explicó que ha crecido el interés de diversas empresas extranjeras por desarrollar proyectos de plantas de licuefacción de gas natural extraído en Estados Unidos, en puertos ubicados en la costa noroeste del Pacífico Mexicano, entre los que se encuentran los proyectos "Terminal GNL de Sonora/ Saguaro Energía" (Saguaro), "American Mexican Integrated Gas Operations" (AMIGO), y "Vista Pacífico LNG (VPLNG)".
Sin embargo, declaró que dichos proyectos podrían afectar la zona del Golfo de California, en donde existen 25 Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia federal, además de que alberga 900 especies de peces, de las cuales 90 por ciento son endémicas, así como el 39 por ciento de los mamíferos marinos del mundo, así como miles de especies de invertebrados marinos, macroinvertebrados, arrecifes de coral, algas microscópicas, macroalgas y manglares, entre otras especies.
Agregó que las aguas del Golfo de California son altamente productivas y una de las zonas de mayor pesca en el mundo y del país, aunado a que sostiene una de las economías de turismo de naturaleza más importantes de México, además de que los territorios aledaños son habitados por una diversidad de comunidades indígenas.
Aseguró que si bien estos proyectos podrían contribuir con el crecimiento económico, tanto habitantes de la región como representantes de organizaciones de la sociedad civil consideran que no deben ser autorizados ya que podrían generar diversos impactos medioambientales a los que hay que poner atención, además de que los consideran un retroceso a la ambición climática del país y alejan al Estado mexicano del cumplimiento de sus compromisos nacionales e internacionales en materia ambiental.
Y es que aseguró que además de los efectos generados por las emisiones de gases de efecto invernadero, existen otros impactos como el que las plantas de licuefacción de gas emplean grandes cantidades de agua para enfriar el compuesto y condensarlo para volverlo líquido, además de que se liberan sustancias químicas al mar que podrían afectar la calidad de agua, al medio marino, y las especies que lo habitan.
Añadió que también se ha alertado sobre el aumento del estrés inducido por el ruido, que puede hacer que los animales sean más susceptibles a infecciones y dificultades físicas. Otro impacto es el relativo a potenciales colisiones de embarcaciones con animales marinos, lo cual genera una gran incertidumbre sobre los riesgos que pudiera tener esta actividad en las poblaciones de mamíferos marinos, especialmente ballenas y otras especies como tiburón ballena y tortugas marinas.
En este sentido, detalló que, entre las propuestas de su Punto de Acuerdo, se encuentran solicitar al INECC que lleve a cabo un estudio técnico y científico sobre los impactos de sus emisiones, directas, indirectas y fugitivas, de gases y compuestos de efecto invernadero, considerando las plantas, toda la infraestructura asociada a ellas y los procesos de licuefacción. Asimismo, que la SEMARNAT solicite al Consejo de Cambio Climático que emita una recomendación sobre la alineación y la congruencia de estos proyectos con relación a la política nacional de cambio climático.
Además de que la ASEA revise los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los tres proyectos, así como las autorizaciones que ya fueron otorgadas, cuidando que los sistemas ambientales hayan sido delimitados considerando tanto su zona de influencia directa, como las zonas de influencia indirecta que podrían verse afectadas por el conjunto de obras y actividades que pretendan llevarse a cabo, como las interacciones con los diferentes componentes ambientales regionales.
- Consulados deberán garantizar la protección de derechos y materializar el principio de no discriminación
Con el objetivo de promover y asegurar mecanismos de interpretación y traducción en lenguas originarias para la atención de personas indígenas, el diputado Jonathan Puertos Chimalhua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Ello permitirá también garantizar el acceso a servicios consulares que permitan fortalecer la protección de derechos y materializar el principio de no discriminación.
La iniciativa que propone adicionar una fracción IX al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, señala que los Jefes de Oficinas Consulares deberán promover y asegurar dichas acciones, preferentemente mediante intérpretes y traductores certificados, para la atención de personas indígenas mexicanas que así lo requieran.
"La propuesta es jurídicamente viable y presupuestalmente responsable, ya que su implementación podrá realizarse de manera gradual, mediante lineamientos emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, conforme a la normatividad aplicable y a la disponibilidad presupuestaria", subraya Puertos en su propuesta.
Añade que lo anterior, permitirá a la autoridad consular utilizar diversos mecanismos, tales como convenios interinstitucionales, padrones existentes, apoyos tecnológicos o esquemas de colaboración, sin generar obligaciones inmediatas de gasto.
Afirma que, con esta reforma, el Estado mexicano avanza en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales, fortalece su política de protección consular y envía un mensaje claro de inclusión, respeto a la diversidad cultural y compromiso con los derechos humanos.
"Garantizar una atención consular adecuada para las personas indígenas mexicanas en el extranjero no es solo una cuestión administrativa, sino un acto de justicia social y de coherencia con los principios que sustentan a nuestra nación ", subrayó el legislador ecologista.
En su iniciativa, refiere que, de acuerdo con información oficial, en el territorio nacional existen 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas, habladas por millones de personas. Sin embargo, el número de intérpretes y traductores certificados resulta claramente insuficiente para atender esta diversidad lingüística, ya que se cuenta únicamente con mil 79 intérpretes certificados.
Dicha problemática no se limita al ámbito nacional, por el contrario, se agudiza en el contexto migratorio, donde miles de personas indígenas mexicanas residen o transitan en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos de América.
- La iniciativa busca reducir contaminación, agilizar pagos y evitar pérdidas de tiempo a las y los automovilistas
- No más filas ni búsqueda de monedas
Con el objetivo de modernizar la Ciudad de México y reducir el impacto ambiental que generan miles de tickets impresos todos los días por parte de los estacionamientos públicos, la diputada del Partido Verde, Claudia Neli Morales Cervantes, presentó una iniciativa para eliminar los boletos de papel en estacionamientos de plazas y centros comerciales, y sustituirlos por sistemas de cobro digitales.
Desde tribuna, la legisladora señaló que este cambio, que ya se aplica en ciudades como Toronto, Tokio y Barcelona, permitiría hacer más eficiente el uso de los estacionamientos, reducir filas y evitar problemas comunes como la pérdida de boletos o el pago en efectivo.
La propuesta plantea reformar el artículo 48 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México para que los estacionamientos públicos faciliten el uso de plataformas digitales y sistemas automatizados de pago, tal como ya ocurre en los parquímetros de la capital.
Morales Cervantes destacó que la eliminación de tickets físicos no solo representa un avance tecnológico, sino también una medida ambiental concreta, ya que disminuiría el consumo de papel, tinta y residuos, al tiempo que reduciría costos operativos para los establecimientos.
Asimismo, subrayó que la digitalización de estos servicios también beneficiaría directamente a las personas usuarias, quienes podrían pagar desde su teléfono móvil, sin filas y con mayor seguridad, haciendo de su visita a centros comerciales una experiencia más rápida y cómoda.
Finalmente, la diputada afirmó que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios, y que avanzar hacia estacionamientos públicos sin boletos físicos es una oportunidad para que la Ciudad de México sea una capital más moderna, eficiente y sustentable.