Rescatistas y activistas señalaron que hoy los refugios están sosteniendo una responsabilidad que debería asumir también el gobierno, por lo que más allá de una regulación, advirtieron que lo que hace falta son apoyos concretos como alimento, esterilizaciones, atención veterinaria, infraestructura y acompañamiento institucional que les permita continuar con esta labor.
Ante las condiciones de precariedad que enfrentan las corporaciones policiales, especialmente a nivel municipal, la senadora Jasmine Bugarín Rodríguez presentó una iniciativa para fortalecer y dignificar la carrera policial, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales, salariales y de seguridad social de las y los elementos de seguridad pública en el país.
Bugarín Rodríguez indicó que muchos policías operan con salarios bajos, equipo en mal estado, jornadas extenuantes y sin acceso pleno a seguridad social, lo que provoca que numerosos elementos abandonen la carrera policial en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Esta situación también dificulta la atracción de nuevos perfiles y debilita las capacidades institucionales de seguridad a nivel local.
Comentó que el salario promedio mensual de un policía en México es de seis mil 620 pesos, cifra que representa una reducción del 7 por ciento respecto al periodo anterior, y que contrasta con el salario digno recomendado de 16 mil 688 pesos. Además, trabajan en promedio 59.9 horas semanales, casi 50 por ciento más que la población general.
La senadora también subrayó que ser policía en nuestro país implica enfrentar riesgos extremos. En 2025 se registraron 348 asesinatos de oficiales, lo que equivale a un promedio de un policía asesinado cada día. Entre las entidades con mayores niveles de violencia contra policías se encuentran Sinaloa, Guerrero y Guanajuato.
A ello se suma el llamado “costo oculto” de la profesión, ya que en muchos casos los agentes deben cubrir con sus propios recursos gastos como uniformes, combustible o reparaciones de patrullas.
Frente a este panorama, la reforma plantea cambios a diversos artículos de la Constitución para establecer derechos laborales específicos para las instituciones policiales. Entre ellos se incluyen el acceso a créditos de vivienda digna, la creación de fideicomisos para financiar prestaciones y seguros de vida, así como la garantía de una carrera policial basada en el mérito y la profesionalización constante.
Además, contempla que las entidades federativas y los municipios constituyan fideicomisos públicos transparentes destinados al financiamiento de la seguridad social y prestaciones complementarias para los cuerpos policiales, con el fin de evitar el uso discrecional de recursos.
La legisladora ecologista estacó que los policías municipales son el primer contacto de la ciudadanía con las instituciones de seguridad y cuentan con información directa sobre las problemáticas que afectan a las comunidades, por lo que su papel es clave para la prevención del delito y la implementación de estrategias de seguridad pública.
Jasmine Bugarín reconoció que dignificar la carrera policial no es un acto de generosidad, sino una inversión estratégica para fortalecer la seguridad nacional y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones de seguridad.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República respaldó el dictamen que reforma el artículo 127 constitucional para eliminar pensiones millonarias financiadas con recursos públicos y establecer como límite el 50% de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal, con el objetivo de fortalecer la justicia social y la responsabilidad en el uso del presupuesto público.
El senador Luis Alfonso Silva Romo señaló que en México el promedio mensual de las pensiones ronda los siete mil pesos; sin embargo, en el sector paraestatal existen jubilaciones que superan incluso el millón de pesos mensuales.
Explicó que en la extinta Luz y Fuerza del Centro el padrón de jubilados implica un gasto anual superior a 28 mil millones de pesos, mientras que en PEMEX el régimen de confianza representa más de 24 mil millones de pesos al año.
Silva Romo destacó que la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca armonizar estos esquemas bajo principios de austeridad, eficiencia y honradez para destinar los recursos al bienestar general.
"La reforma no es retroactiva ni aplicable a los órganos autónomos como el INE, INEGI, y la Fiscalía General de la República. Tampoco serán aplicables al Poder Judicial, Fuerzas Armadas, las pensiones o jubilaciones derivadas de contratos sindicales, las Pensiones del Bienestar, ni las aportaciones voluntarias a las AFORES", advirtió.
En tanto, la senadora Juanita Guerra Mena explicó que la Constitución establece que ninguna persona servidora pública puede recibir una remuneración superior a la de la persona titular del Ejecutivo Federal; sin embargo, algunos esquemas de pensiones han quedado al margen de este criterio y presentan percepciones desproporcionadas.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Anticorrupción del Buen Gobierno, actualmente 9 mil 457 personas reciben pensiones de entre 100 mil y un millón de pesos mensuales, y 3 mil 404 perciben montos superiores al sueldo neto de la presidenta de México.
Guerra Mena destacó que la reforma propone que las pensiones financiadas con recursos públicos no excedan la mitad de la remuneración del Ejecutivo Federal, con el objetivo de ordenar el sistema bajo criterios de proporcionalidad y responsabilidad financiera.
Asimismo, subrayó que no elimina derechos ni afecta pensiones provenientes de aportaciones individuales ni esquemas sindicales. "No se afectan las pensiones derivadas de aportaciones individuales en cuentas de ahorro para el retiro. Se mantienen intactas las pensiones contributivas y no contributivas previstas en el artículo cuarto constitucional, así como los regímenes correspondientes a las Fuerzas Armadas", concluyó la legisladora.