- Es indispensable reconocer que las carreteras fragmentan el medio ambiente natural, impidiendo que muchas especies animales dispongan de áreas que necesitan para sobrevivir, destacó.
Con el objetivo de proteger la biodiversidad que habita en las zonas donde se construyan carreteras, autopistas, puentes o túneles federales vehiculares o ferroviarios, la senadora Jasmine María Bugarín presentó una iniciativa con la que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de pasos de fauna.
La senadora destacó que es indispensable reconocer que las carreteras fragmentan el medio ambiente natural, impidiendo que muchas especies animales dispongan de áreas que necesitan para sobrevivir, por lo que su iniciativa propone diversas acciones para proteger a las especies que habitan estas áreas.
Entre ellas, se encuentra definir en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal el término "Paso de Fauna"; establecer como criterio obligado el establecimiento de pasos de fauna en la construcción de carreteras, autopistas, puentes o túneles federales vehiculares o ferroviarios; señalar la obligación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de emitir Normas Oficiales Mexicanas para establecer los elementos indispensables a considerar para la construcción y establecimiento de pasos de fauna, entre otras.
Explicó que de acuerdo con el Observatorio de Movilidad y Mortalidad de Fauna en carreteras de México, algunos de los principales impactos ambientales que genera la construcción de caminos, son: Reducción de la biodiversidad debido a la fragmentación de los hábitats; reducción de las zonas forestales por la construcción de carreteras y su impacto significativo por el alto valor que tienen los árboles para absorber gases de efecto invernadero (GEI); su incidencia como vector para facilitar la dispersión de especies no autóctonas e invasoras; su impacto en la mortalidad de especies por el atropellamiento; entre otros impactos al suelo y al agua.
Agregó que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 1997 al 2014, hubo 7 millones 003 mil 762 accidentes automovilísticos, de los cuales 29 mil 289 fueron colisiones con animales.
Ante este panorama, destacó que, según el observatorio, las consecuencias directas de estos accidentes incluyen costos ambientales por la pérdida de especies de fauna, pérdidas y lesiones humanas y daños materiales, con los consecuentes impactos en la economía del país y su sociedad.
Explicó que la construcción de infraestructura como ferrocarriles y carreteras, dividen el territorio fragmentando los hábitats naturales y creando barreras que impiden el desplazamiento de la fauna, además de que muchas especies de insectos, mamíferos y aves no cruzan estas barreras, por lo que las plantas que tienen frutos carnosos o semillas que son dispersados por animales son también afectadas.
En este sentido, recordó que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) dice que las carreteras crean una barrera para los movimientos de la vida silvestre y como consecuencia, importantes efectos sobre la demografía de comunidades animales, la reducción de la biodiversidad y el incremento de la tasa de extinción.
Por ello, insistió en la importancia de proteger la fauna y evitar la fragmentación de los ecosistemas, por lo que es indispensable la creación de los denominados pasos de fauna, los cuales permiten a los animales cruzar las barreras impuestas por el ser humano, favoreciendo la conectividad ecológica.
- En la actualidad el 40% y 50% del plazo de crédito se dedica solo al pago de intereses, por lo que el pago a capital se ve reflejado hasta pasados 10 o 15 años de iniciados los descuentos vía nómina
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), en la Cámara de Diputados. propuso reformar las leyes en materia de Vivienda para que los trabajadores que perciben entre uno y cuatro salarios mínimos y cuyo monto máximo de crédito sea de 850 mil pesos o 250 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), puedan acceder a éste con una tasa de cero por ciento de interés.
La iniciativa de la diputada Mayra Espino Suárez plantea reformar tanto la Ley del Infonavit como la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a fin de que los trabajadores puedan tener un crédito para la adquisición o mejora de vivienda en condiciones realmente favorables.
La legisladora ecologista subrayó que lo anterior cobra sentido en virtud de que los recursos que maneja tanto el Infonavit como el Fovissste son de los trabajadores y resulta viable que sean ellos quienes se beneficien por su uso.
Explicó que su propuesta surge de la necesidad de actualizar y modificar los esquemas de pagos y amortizaciones que se han venido utilizando en los créditos de vivienda para ajustarlos a las necesidades y realidad económica de los trabajadores, sobre todo aquellos que menos perciben.
Señaló que, en la condición actual, el adquirir una vivienda, en lugar de convertirse en una satisfacción, se transforma en un problema de falta de liquidez y pesadumbre para las familias mexicanas cuya subsistencia depende de su ingreso, el cual se ve controvertido al destinar más del 30 por ciento del salario por un largo tiempo al pago de la hipoteca dejando de lado algunas otras necesidades básicas.
Añadió que los esfuerzos gubernamentales sin duda responden a las necesidades de los trabajadores, pero lamentablemente los esquemas crediticios y de pago no han sido los mejores, toda vez que aun cuando se ha otorgado el préstamo para vivienda en pesos o UMA, éstos no se pueden pagar en los plazos preasignados, ya que pasan 25 o 30 años y no se han terminado de pagar.
Ello, expuso, en virtud de que aproximadamente entre el 40 por ciento y 50 por ciento del plazo de crédito se dedica solo al pago de intereses, por lo que el pago a capital no se ve reflejado hasta pasados 10 o 15 años de realizarse los descuentos vía nómina al trabajador.
Espino Suárez indicó que, por ello, la intención de su propuesta es dar mejores oportunidades ya que más de 78 por ciento de los trabajadores aportantes a los fondos de vivienda establecidos por la seguridad social en el país, se encuentran en el rango de ingresos de uno a tres salarios mínimos, sin embargo. con dicha percepción y el costo actual de una vivienda hacen poco accesible el poder acceder a un crédito inmobiliario.
- Tala ilegal y deforestación agravan el cambio climático y ponen en riesgo el patrimonio natural del país
Ante problemas graves que enfrenta el país como la pérdida de suelos y la escasez de agua, el diputado José Luis Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso exhortar a las autoridades ambientales en el ámbito federal a hacer pública la información sobre las acciones estratégicas encaminadas a frenar la tala ilegal de árboles y el cambio de uso del suelo en zonas de conservación ecológica.
“Lo anterior con el fin de garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país”, apuntó el legislador en conferencia de prensa, donde dio a conocer los pormenores del Punto de Acuerdo que presentó en la Cámara baja.
El diputado ecologista, resaltó que para inicios de 2001 en México se deforestaron cerca de 500 mil hectáreas de bosques al año, esto, de acuerdo con datos del Instituto de Ecología de la UNAM. Sin embargo, debido a la falta de apoyo, la tala de árboles se ha convertido en una práctica común que afecta gravemente los ecosistemas.
Señaló que si bien, para mitigar y controlar el problema de la deforestación existen diferentes programas a cargo de los tres ámbitos de gobierno, también es importante fortalecer la Ley que sanciona la tala inmoderada.
"Es cierto que México ha avanzado en materia de protección del medio ambiente, pero es necesario también, procurar la educación ambiental desde la educación básica y que ésta impacte en los propietarios de los recursos naturales”, dijo.
Subrayó que tanto la tala de árboles como la deforestación agravan el cambio climático, ponen en riesgo el bienestar de las personas y el patrimonio natural del país, generan desplazamiento de poblaciones originarias, pérdida de los suelos, de la fauna, de la flora y de la biodiversidad, así como escasez de agua y erosión de los suelos.
Resaltó que para finales de 2021 existían 122 zonas críticas forestales en 20 estados de la República, generadas por tala clandestina, lavado de madera y sobreexplotación de los recursos, situación que aumentó entre 2015 y 2020, de acuerdo con cifras oficiales, acentuando las sequías y otros factores del cambio climático, lo cual se traduce en escasez de agua para el consumo humano, la industria y la agricultura.
Por lo anterior, dijo, es importante hacer cumplir lo establecido en los artículos 189 y 190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente ante las denuncias ambientales de la tala de árboles, no solo en la Ciudad de México si no también en el estado de México y demás zonas metropolitanas.
Ante todo esto, Hernández Pérez hizo hincapié en la importancia de exhortar a las autoridades federales para que informen de la estrategia a seguir para frenar la tala clandestina y garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales.