El senador de Nuevo León, Waldo Fernández González, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto en el que se reforman y adicionan los artículos 73 y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Fe Pública y que tiene como objetivo “modernizar y fortalecer dicho sistema, garantizando los principios de seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y de equidad en el acceso a los servicios de fe pública que prestan notarios públicos, corredores públicos y servidores públicos”.
Fernández aseguró que la Fe Pública tiene un “papel central en la confianza social y económica; de ella depende la validez y autenticidad de innumerables actos y contratos que protegen los derechos, el patrimonio y las relaciones jurídicas de la ciudadanía, pero sobre todo en la paz social”.
Sin embargo, expuso que actualmente el Sistema presenta distintas deficiencias como la cobertura limitada de notarios públicos; la escasa transparencia y falta de mecanismos de supervisión y control; una regulación ineficaz al existir mecanismos distintos por entidad federativa; tarifas inaccesibles de los servicios notariales para la ciudadanía; una ausencia de legislación nacional sobre los requisitos, procedimientos y principios de la función notarial; y falta de estándares uniformes de formación, capacitación y certificación de los profesionales de la Fe Pública.
Ante estos desafíos, dijo que “al Senado de la República nos toca legislar en materia a fin de establecer principios rectores para tener un sistema homogéneo, transparente y accesible para todos” dijo el Senador.
La iniciativa presentada incluye: modernizar y fortalecer dicho sistema, garantizando los principios de seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y equidad en el acceso a los servicios de fe pública que prestan notarios, corredores públicos y servidores públicos. Además, de facultar al Congreso para expedir una Ley General de Fe Pública, una vez que esta iniciativa constitucional haya sido votada para homologar la validez nacional de los actos jurídicos y establecer principios homogéneos para la función notarial que realicen todos los fedatarios públicos.
También se busca profesionalizar el sistema condicionando el acceso a estas funciones a exámenes públicos y transparentes, pero sin violar los derechos.
Se establece que los fedatarios públicos deberán ser profesionales del derecho altamente capacitados y sujetos a un sistema de supervisión riguroso que garantice su imparcialidad, eficiencia, buena fe y seguridad jurídica, entre otros.
Dijo que cualquier acto jurídico avalado por un fedatario federal tenga validez plena en todo el territorio nacional, eliminando trabas y fortaleciendo la seguridad patrimonial y contractual de los ciudadanos. Combatir la opacidad y prácticas discrecionales.
El senador puntualizó que quienes tengan una patente de al menos tres años tendrán derecho a optar a seguir continuando con su patente, siempre que aprueben un examen de evaluación, equivalente al de oposición.
“Las y los mexicanos merecemos un sistema de Fe Pública justo y eficiente. Con esta iniciativa, crearemos un sistema moderno, accesible y profesionalizado, donde el derecho a la seguridad jurídica deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho efectivo para todos y todas”, finalizó el legislador Fernández.
La senadora Ruth González Silva presentó una iniciativa para crear la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, con el fin de mejorar la investigación y persecución de delitos que afectan a esta población vulnerable.
Al presentar la propuesta en tribuna, la senadora por San Luis Potosí explicó que la reforma busca modificar los artículos 11 y 13 de la Ley Orgánica de la FGR para otorgar a la Fiscalía independencia técnica y de gestión, además de facultades para atraer casos de alto impacto. También se contempla ampliar su presencia en zonas estratégicas, facilitando la presentación de denuncias y garantizando una atención más eficiente a las víctimas.
“Es fundamental que el Estado mexicano cuente con mecanismos eficientes para proteger a quienes transitan o permanecen en nuestro territorio, garantizando sus derechos humanos y combatiendo la impunidad en los delitos que los afectan”, declaró la legisladora.
González Silva, quien también preside la Comisión de Relaciones Exteriores-América del Norte en la Cámara Alta, destacó el creciente riesgo de delitos como extorsión, trata de personas y violencia debido al aumento del flujo migratorio, especialmente en situación irregular. Además, señaló que muchas personas migrantes enfrentan dificultades para denunciar debido a la falta de documentos y las condiciones en las que se encuentran.
Finalmente, la senadora subrayó que esta iniciativa complementará las acciones emprendidas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien, en colaboración con autoridades locales de las zonas fronterizas, ya ha tomado medidas para gestionar la presencia de migrantes, priorizando la protección y reintegración de los mexicanos retornados y la atención de migrantes extranjeros en tránsito.
"Esta no es una ocurrencia, es un compromiso con la verdad, la transparencia y la justicia ambiental. No podemos permitir que se trivialice la lucha contra el cambio climático con campañas de marketing vacías", Dip. Jesús Sesma
El diputado del Partido Verde, Jesús Sesma Suárez, presentó este martes ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa en materia de publicidad falsa de productos, servicios o actividades ambientales, también conocida como "greenwashing".
Lo anterior, mediante una propuesta legislativa de reforma a la Ley Ambiental de la Ciudad de México, para establecer expresamente que: se prohíbe la realización de cualquier práctica o estrategia de publicidad que promueva una imagen ambientalmente responsable de productos, servicios o actividades, mediante afirmaciones falsas, ambiguas o exageradas, que no estén respaldadas por evidencia verificable o que contradicen el impacto real de la empresa o sus operaciones en el medio ambiente.
"La iniciativa que hoy presento, también busca establecer que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, implemente mecanismos de verificación para que las afirmaciones ambientales en la publicidad estén sustentadas con evidencia científica y certificaciones reconocidas; inicie procedimientos de revisión para verificar productos, servicios o actividades que se publiciten como ambientalmente responsables, para lo cual se emitirá una constancia; y sancione con firmeza a quienes incurran en estas prácticas, estableciendo multas proporcionales", detalló en tribuna el legislador ecologista.