- Urge frenar el “huachicoleo” de este recurso, que afecta a miles de familias en zonas con estrés hídrico.
- Proponen hasta 9 años de prisión por robo de agua; sanción se agrava si afecta a zonas de alta marginación.
Para frenar el robo de agua y garantizar el acceso equitativo a este recurso vital, senadoras y senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa para tipificar el “huachicoleo de agua” como delito federal, incorporándolo en el Código Penal Federal como una agravante contra el medio ambiente y la gestión de los recursos hídricos.
La iniciativa propone adicionar un nuevo capítulo denominado "Del Agua" al Título Vigésimo Quinto del Código Penal, estableciendo penas de seis meses a nueve años de prisión y sanciones económicas de hasta tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quienes extraigan, desvíen, manipulen o comercialicen agua de manera ilícita.
“Las sanciones aumentarán si el delito se comete en zonas de atención prioritaria, donde la escasez de agua pone en riesgo la vida de miles de personas”, destacaron.
Los legisladores señalaron que el robo de agua, también conocido como “aguachicoleo”, ha proliferado en todo el país y se ha vuelto una práctica lucrativa. Datos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y solicitudes de información revelan que entre 2019 y 2022 se detectaron más de 131 mil 600 tomas clandestinas en 239 municipios del país.
En el caso de la Ciudad de México, en 2023, se comprobó la ilegalidad de 32 tomas clandestinas con apenas 209 denuncias. Además, en el Estado de México se ha reportado el robo de hasta dos mil litros de agua por segundo del sistema Cutzamala.
Subrayaron que la falta de sanciones penales específicas ha permitido el crecimiento de esta actividad ilícita, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.
En ese sentido, los legisladores indicaron que actualmente el robo de agua sigue sin ser castigado como un delito, debido a que la Ley de Aguas Nacionales sólo contempla multas económicas, pero no sanciones penales, lo que deja impune esta práctica que agrava la crisis hídrica y afecta a miles de familias
Por ello, la bancada del Partido Verde impulsa esta reforma penal, argumentando que proteger el acceso al agua es esencial para garantizar los derechos humanos vinculados a la vida, la salud y el medio ambiente.
- La iniciativa busca establecer una compensación mínima del 35 % del costo del boleto
El diputado Luis Orlando Quiroga Treviño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde, propuso reformar el artículo 52 y adicionar el artículo 52 Bis de la Ley de Aviación Civil, con el objetivo de establecer una compensación mínima del 35 por ciento del costo del boleto para los pasajeros afectados por la sobreventa de vuelos comerciales.
La propuesta también contempla que dicha compensación sea cubierta por las aerolíneas en un plazo no mayor a 15 días hábiles.
En el desarrollo de su iniciativa, el legislador señaló que la normativa vigente permite a las aerolíneas la sobreventa de vuelos, una práctica legal pero problemática para los usuarios del transporte aéreo. “En muchos casos, esta situación vulnera sus derechos como consumidores, generando molestias, retrasos y complicaciones que afectan directamente su experiencia de viaje”, afirmó.
Explicó que la sobreventa responde a una estrategia comercial basada en proyecciones de inasistencia de pasajeros, lo que permite a las aerolíneas maximizar su operación y reducir costos. No obstante, advirtió que esta lógica también puede traducirse en afectaciones significativas para los pasajeros que sí se presentan puntualmente y, aun así, no pueden abordar por falta de espacio disponible.
Quiroga Treviño recordó que, actualmente, la Ley de Aviación Civil establece una compensación del 25 por ciento del valor del boleto, además de la obligación de cubrir gastos como hospedaje y alimentación en ciertos casos. Su propuesta busca aumentar este porcentaje y reducir el plazo para su cumplimiento, garantizando un resarcimiento más justo y oportuno para los pasajeros afectados.
El legislador destacó que en diversos países ya se han implementado regulaciones más estrictas sobre esta práctica, con el fin de proteger los derechos de los consumidores. En ese sentido, su propuesta busca que México avance hacia un modelo que equilibre los intereses de las aerolíneas con los derechos fundamentales de los usuarios del transporte aéreo.
La iniciativa también contempla medidas específicas para proteger a grupos en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas que viajan con menores. Entre las disposiciones propuestas se incluye el acceso gratuito al registro en aeropuertos y la garantía de mantener el derecho al pase de abordaje.
Asimismo, se reafirma el derecho de todo pasajero a conservar su pase de abordar siempre que se haya presentado dentro del plazo establecido, conforme a la normativa vigente, evitando así exclusiones arbitrarias por motivos administrativos.
La iniciativa también estipula que los concesionarios y permisionarios deberán garantizar un proceso de compra y registro claro y transparente, además de promover la disponibilidad de infraestructura operativa gratuita en los aeropuertos, con énfasis en facilitar el acceso a servicios de registro para quienes no cuentan con medios digitales.
“Con esta medida, se busca dar un paso firme hacia una aviación más justa, accesible y equitativa”, concluyó el diputado.
- Se busca que se imponga la misma sanción que corresponde al delito de abuso sexual a quien produzca y comparta imágenes o videos con contenidos explícitos manipulados mediante inteligencia artificial.
Con la finalidad de abordar desde una perspectiva punitiva el contenido deepfake que incluya imágenes de personas en supuestas actividades con contenido sexual explícito, la senadora Juanita Guerra Mena presentó una iniciativa que busca que se castigue de la misma manera que se hace con el delito de abuso sexual a quien distribuya, transmita, entregue, muestre imágenes de las víctimas generadas mediante inteligencia artificial u otros métodos tecnológicos.
Detalló que con esta propuesta se busca que se imponga la misma sanción que corresponde al delito de abuso sexual, es decir, de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días de multa a quien produzca y comparta imágenes o videos con contenidos explícitos manipulados mediante inteligencia artificial que generan una afectación a la imagen y prestigio de las personas.
Explicó que las deepfakes son noticias, imágenes y videos falsos o calumniosos caracterizados por su hiperrealismo generados con inteligencia artificial, y advirtió que la ausencia de un mecanismo que limite su utilización, se convierte en una amenaza latente para las personas y el libre derecho a su personalidad e intimidad.
Agregó que la inteligencia artificial facilita la creación de contenidos que imitan comportamientos y apariencias humanas de manera convincente y engaña la percepción de los individuos hasta que el contenido es analizado a profundidad para verificar su autenticidad.
La legisladora afirmó que "las deepfake tienen el potencial de influir en la dinámica social y las relaciones interinstitucionales" además de que "de un solo golpe pueden derrumbar prestigios, carreras políticas y terminar con familias enteras solo porque cada vez resulta más sencillo hacer una imagen hiperrealista y montarla en una red social".
Lamentó que en México, como en casi todo el mundo producir deepfakes no es un delito en sí, por lo que "la labor de los sistemas jurídicos que pretendan asumir el reto de legislar en la materia, es el generar una correcta y precisa conexión entre la existencia de la deepfake y la intencionalidad de generar daño, menoscabar la imagen, prestigio, posibilidades de triunfo electoral o erosionar la credibilidad institucional o personal", subrayó.
Por ello, insistió en que es indispensable eliminar la laguna penal existente y regular desde la perspectiva del derecho penal el deepfake, ya que se afectan derechos fundamentales como la protección de la intimidad, la vida personal, la imagen pública, entre otros daños a la víctima.