- La propuesta busca informar y otorgar a los consumidores el derecho de saber qué adquieren y aplican en el cuerpo
Con el objetivo de proteger la salud de las personas y fomentar el consumo informado, la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Partido Verde, propuso reformar el artículo 272 de la Ley General de Salud, para que los productos cosméticos que contienen sustancias con potencial riesgo cancerígeno, como el aluminio o los parabenos, incluyan advertencias sobre riesgos en su etiquetado.
En su propuesta, la legisladora expuso que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama es una de las enfermedades de mayor incidencia a nivel mundial, con 2.3 millones de nuevos casos y 670 mil muertes anuales. Tan solo en México, se detectaron 23 mil 700 nuevos casos en 2022 en personas de 20 años o más.
Sánchez Juárez mencionó que de acuerdo con investigaciones científicas diversos productos de cuidado personal, como cosméticos, lociones, shampoos, desodorantes, conservadores, que contienen aluminio y parabenos pueden interferir en el sistema hormonal y aumentar el riesgo de contraer cáncer de mama.
"En un estudio del Reino Unido se encontraron rastros de cinco tipos de parabenos en tumores de mama de 19 de las 20 mujeres examinadas", detalló.
Asimismo, señaló que el Instituto Nacional de Cáncer y otros organismos, han indicado que los compuestos de aluminio y parabenos utilizados en antitranspirantes pueden ser absorbidos a través de la piel y actuar como estrógeno en el organismo, estimulando el crecimiento de células cancerígenas.
Al presentar su propuesta, la legisladora aclaró que esta iniciativa no pretende que el Estado sea prohibitivo con el consumo de estos productos, ni tampoco alarmar a los ciudadanos, sino informar y otorgar a los consumidores el derecho de saber qué adquieren y aplican en el cuerpo.
De igual forma, la diputada, realizó una invitación a los empresarios y fabricantes para innovar y considerar fórmulas libres de estas sustancias potencialmente peligrosas, sumándose a una visión de salud y de responsabilidad social.
PROPONE PARTIDO VERDE GARANTIZAR SEGURO DE GASTOS MAYORES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
Buscando construir una sociedad más solidaria y equitativa, la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Partido Verde, presentó una propuesta que modifica la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley sobre el Contrato de Seguro a fin de garantizar un seguro de gastos mayores para personas de la tercera edad.
Al presentar su propuesta ante el pleno, Nayeli Fernández indicó que este fondo ayudará a que los adultos mayores de 60 años vean una disminución en las primas de los seguros de gastos médicos, lo que aliviaría una carga económica considerable, siendo que un seguro de esta índole no dependa de la edad, sino del compromiso y la lealtad de quienes han aportado al sistema a lo largo de sus vidas.
El objetivo de esta iniciativa radica en integrar fondos especiales a través de fideicomisos privados irrevocables, para contar con recursos financieros complementarios que sean destinados, como medida de compensación y redistribución, al pago total o parcial de las primas correspondientes a los seguros contratados por personas físicas mayores de 60 años, en los cuales funjan como asegurados.
Se explica que la fuente de recursos para dicho fondo deberá provenir de un porcentaje del monto cobrado por concepto de primas en el ramo de salud, por parte de la Institución de Seguros correspondiente, el cual no podrá ser inferior al 3 por ciento.
Dentro de la iniciativa, también se incluye que en los costos de las primas para gente mayor a 60 años se tome en cuenta para su cálculo, la inflación general y no la inflación médica que llega ser hasta casi tres veces mayor, lo cual daría beneficios a este sector de la población.
“Aunque sigue siendo responsabilidad del Estado garantizar el acceso a servicios de salud, el sector privado puede desempeñar un papel complementario”, explicó la legisladora ecologista.
En el desarrollo de su propuesta, subrayó que los adultos mayores tienen mayores probabilidades de enfrentar problemas de salud que requieren atención médica y según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros el costo medio por siniestro en el país es de aproximadamente 129 mil pesos, lo cual equivale a más de once meses de ingresos para los adultos mayores de 60 años.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, alrededor de 2.99 millones de personas en este sector de la población, carecen de acceso adecuado a servicios de salud. Esto preocupa ya que a medida que las personas envejecen, sus ingresos tienden a disminuir y sus probabilidades de sufrir enfermedades aumentan, encontrándose imposibilitados para pagar un seguro médico debido a su edad.
“La situación que enfrentan nuestros adultos mayores es un problema público que requiere nuestra atención y acción inmediata. Al abordar este desafío, no solo estamos protegiendo a un grupo vulnerable, sino que también estamos construyendo una sociedad más equitativa y solidaria”, señaló.
RESPALDA PARTIDO VERDE REFORMA CONSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR PARA TODOS LOS MEXICANOS
El Partido Verde en el Senado de la República respaldó la reforma a los artículos 4.º y 27 de la Constitución, que amplía y fortalece los programas sociales en beneficio de los sectores más vulnerables del país, ratifica la continuidad de políticas públicas enfocadas en el bienestar social y establece las bases para reducir las brechas de desigualdad, promoviendo un futuro de seguridad, justicia y oportunidades para todos.
Con ello, se reduce la edad de acceso a la pensión universal de 68 a 65 años, se garantiza, como derecho constitucional, la entrega de apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad permanente y sectores económicos fundamentales como los agricultores y pescadores y pequeños productores, entre otros.
Asimismo, la senadora Juanita Guerra Mena enfatizó que esta medida representa un esfuerzo colectivo y un mandato constitucional para asegurar que los recursos destinados a estos programas aumenten de manera progresiva cada año. Además de que beneficiará a más de 10.3 millones de personas mayores de 65 años, y garantizará la entrega de fertilizantes gratuitos y apoyo económico a campesinos y pescadores de pequeña escala, sectores fundamentales para la economía del país.
La senadora Virginia Magaña puntualizó que los programas impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, ya han demostrado su impacto positivo en el bienestar de la población.
Sin embargo, destacó que esta nueva reforma va un paso más allá al garantizar pensiones no contributivas para mujeres de 65 años y más en situación de pobreza. “En México, la pobreza tiene un rostro femenino, y es nuestra responsabilidad atender esta realidad,” subrayó.
“Esta reforma garantiza la permanencia de los programas que antes llegaban de manera irregular, y nuestro voto es a favor para que tengan continuidad en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos”, declaró la senadora Rocío Corona.
La legisladora Ruth González Silva resaltó que en San Luis Potosí, su estado natal, desde hace tres años el gobierno ha otorgado pensiones a personas mayores de 60 años, beneficiando también a madres solteras y contribuyendo a la infraestructura educativa y carretera en la entidad. “En San Luis Potosí, miles de personas serán beneficiadas bajo este nuevo marco legal, y a nivel nacional, pequeños productores recibirán apoyo anual y fertilizantes gratuitos”, subrayó.
De igual manera, el senador Luis Alfonso Silva dijo que esta medida tiene como objetivo institucionalizar los derechos sociales y blindarlos contra posibles retrocesos. Además, destacó que, durante los 36 años de gobiernos neoliberales, la riqueza se concentró en unas cuántas personas, empobreciendo a la mayoría.
“Ahora, con esta reforma, se da un paso firme hacia un modelo que pone al pueblo en el centro y combate las desigualdades generadas en el pasado. Asimismo, refuerza el compromiso de la administración actual con una economía moral, establecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 y respaldada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum”, indicó el legislador.