Con el firme compromiso de fortalecer el marco legal en temas fundamentales para el país, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentaron ante la Cámara de Diputados una iniciativa con la cual se busca incrementar las penas a quienes cometan delitos relacionados con hechos de corrupción en el sector salud.
La iniciativa propone modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal. con la finalidad de castigar con más severidad los delitos relacionados con actos de corrupción en el sector salud.
Las y los legisladores del Verde estamos convencidos de que la corrupción en el sector salud no solo representa un delito con un alto impacto económico y un daño al patrimonio del Estado, sino que constituye una amenaza directa a la vida y al bienestar de millones de mexicanas y mexicanos.
Desde el Partido Verde subrayamos que el tráfico de medicamentos, la alteración de cadenas de suministro y el uso indebido de recursos públicos en el sector salud son crímenes que deben ser castigados con todo el peso de la ley por tratarse de actos que afectan directamente a las familias mexicanas en situaciones de vulnerabilidad.
La reforma busca imponer penas de hasta 70 años de prisión a quienes participen en el robo, acaparamiento, tráfico, aplazamiento de la distribución sin causa justificada o comercialización sin autorización de medicamentos, vacunas e insumos del sector salud. Asimismo, se establece la destitución o inhabilitación para ocupar cargos públicos a los funcionarios que incurran en actos de corrupción relacionados con el sistema de salud.
Esta propuesta se encuentra alineada con la visión del Segundo Piso de la Cuarta Transformación encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado su compromiso de fortalecer las medidas anticorrupción y garantizar el acceso pleno a la salud para todas y todos los mexicanos.
En el Verde seguiremos promoviendo reformas que fortalezcan la confianza ciudadana, el combate a la corrupción y aquellas que contribuyan a construir un país que garantice a sus ciudadanos acceso pleno a la salud.
• Se busca fortalecer la “Plataforma México”, profesionalizar los cuerpos policiales y crear un Documento Único de Identificación Nacional con datos biométricos.
• Así como el uso de IA, drones y big data para prevenir delitos y fortalecer la justicia.
Ante el aumento de los índices delictivos en diversas regiones del país, senadoras y senadores del Partido Verde, en voz de la senadora Juanita Guerra Mena, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para promover el uso de tecnologías avanzadas para combatir el crimen organizado, en coordinación con la recién creada Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.
En tribuna, la legisladora destacó que la propuesta busca que el Consejo Nacional de Seguridad Pública tenga como atribución impulsar la investigación, desarrollo y adquisición de programas informáticos, sistemas de videovigilancia, inteligencia artificial, drones, análisis de big data y capacitación en tecnología ética y avanzada, como parte de una política nacional para prevenir y combatir delitos.
“Esta iniciativa deriva de nuestras propuestas de campaña y refrenda nuestro compromiso con la ciudadanía que nos dio su confianza y su voto, y a quienes les debemos gran parte de nuestro trabajo”, indicó la legisladora.
Explicó que México carece de una red de interconexión efectiva entre plataformas federales, estatales y municipales, lo que limita gravemente la capacidad de respuesta frente al crimen organizado. Por ello, su iniciativa propone fortalecer la interconexión tecnológica entre los tres niveles de gobierno y capacitar a las instituciones de seguridad para optimizar la recolección y análisis de datos.
También retoma experiencias internacionales exitosas, como la del FBI, que procesa más de 140 mil consultas diarias en su base de datos biométrica, o el proyecto INSPECTr de la Unión Europea, que mejora la cooperación policial mediante análisis masivo de datos.
“Mientras países como Estados Unidos y Chile ya han integrado políticas públicas en torno a la revolución tecnológica, México aún carece de una estrategia nacional para aprovechar las herramientas digitales en materia de seguridad”, indicó.
En ese sentido, explicó que su propuesta también prioriza el fortalecimiento de “Plataforma México”, la profesionalización de los cuerpos policiales y la creación de un Documento Único de Identificación Nacional con datos biométricos, como herramientas esenciales para combatir la delincuencia con mayor eficacia.
“Es imprescindible fortalecer la capacidad de las instituciones y las áreas encargadas de impartir la justicia, aprovechando las ventajas que dan las tecnologías emergentes”, subrayó.
Finalmente, señaló que la iniciativa cumple uno de los compromisos planteados durante la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum: hacer de la tecnología una aliada clave para la pacificación del país y la protección de los derechos de todas y todos. Además, contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, específicamente el Objetivo 16, sobre “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
- En la Bahía de Matanchén, Nayarit, la contaminación provocada por descargas ilegales ha generado pérdidas anuales de hasta 45 millones de pesos en la actividad pesquera.
- España y Estados Unidos, ya cuentan con fiscalías especializadas que han logrado sentencias ejemplares y desmantelado redes criminales.
Ante la creciente impunidad en delitos contra el medio ambiente y el maltrato animal, la senadora Jasmine María Bugarín, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la Ley de la Fiscalía General de la República, a fin de crear una Fiscalía Especializada en Delitos contra el Ambiente y Maltrato Animal. Esta propuesta responde a la necesidad urgente de contar con una instancia con capacidades técnicas, jurídicas y operativas que actúe con rigor ante estos delitos.
En tribuna, la senadora Bugarín advirtió que los delitos ambientales y el maltrato animal en México requieren de una atención especializada, ya que por su complejidad —al involucrar disciplinas como la biología, la veterinaria, la química y el derecho— supera la capacidad operativa de las fiscalías, por lo que es necesario contar con personal capacitado y recursos suficientes para atenderlos.
Señaló que la impunidad en estos casos no solo afecta la biodiversidad, sino también el tejido social y la economía de algunas entidades como el estado de Nayarit, donde el turismo y la pesca se ven directamente impactados por la degradación ambiental.
Tan solo en la Bahía de Matanchén, Nayarit, la contaminación provocada por descargas ilegales ha generado pérdidas anuales de hasta 45 millones de pesos en la actividad pesquera. Además, se han documentado casos de tala ilegal, tráfico de especies como el jaguar y el loro cabeza amarilla, así como la pesca ilícita por embarcaciones extranjeras.
“Aunque Nayarit cuenta con una legislación contra el maltrato animal, existe un vacío importante en cuanto a su aplicación. La Ley de Protección a la Fauna para el Estado de Nayarit, tipifica diversos actos de crueldad animal; sin embargo, las estadísticas muestran que un porcentaje mínimo de denuncias llega a resolverse”, subrayó.
La legisladora destacó que países como España y Estados Unidos ya cuentan con fiscalías especializadas que han logrado sentencias ejemplares y desmantelado redes criminales. “México tiene la oportunidad de avanzar hacia una justicia ambiental y animal más efectiva, enviando un mensaje claro sobre el compromiso del Estado con la protección del entorno y de los seres sintientes”, indicó la legisladora.
La iniciativa de la senadora Bugarín incluye reformas a los artículos 11 y 13 de la Ley de la Fiscalía General de la República y contempla que la nueva fiscalía tenga autonomía técnica, capacidad para colaborar con organismos como PROFEPA y atribuciones para actuar incluso en casos relacionados con la delincuencia organizada.
Finalmente, la legisladora nayarita insistió en que “la justicia ambiental no es un lujo, sino una necesidad impostergable para garantizar el derecho constitucional a un medio ambiente sano y proteger a seres sintientes que merecen un trato digno”.