“Hoy nos convoca la iniciativa que busca establecer tres disposiciones fundamentales: eliminar la exhibición física de animales de compañía vivos, dentro de los que se incluyen domésticos, silvestres, de granja o de cualquier especie, en establecimientos mercantiles legalmente establecidos; determinar si es viable o no que la comercialización de animales se realice exclusivamente a través de medios remotos o herramientas tecnológicas que impidan el contacto físico; y, finalmente, establecer una sanción por medio de una multa de aproximadamente 16 mil 900 pesos, para quien incumpla con las disposiciones previstas”, detalló el legislador animalista, Manuel Talayero.
El dirigente capitalino del PVEM-CDMX, Jesús Sesma Suárez, hace un enérgico llamado a prohibir la exhibición física de animales en vitrinas con fines comerciales, como primer paso para mitigar el abandono y maltrato que sufren millones de animales en la capital y en el país.
“La Ciudad de México ya dio un paso histórico al reconocer en su Constitución a los animales como seres sintientes que merecen trato digno y respetuoso; las autoridades deben garantizar su protección y bienestar, así como definir conductas prohibidas y sanciones por maltrato” expresó Sesma Suárez.
El líder ecologista advirtió que ese piso constitucional debe traducirse en políticas públicas y leyes que eviten prácticas de fomento a la cosificación y el abandono.
“En México, se estima que alrededor de 25 millones de perros y gatos viven en situación de calle, cifra alimentada por prácticas como compras impulsivas, crianzas indiscriminadas y la normalización de la ‘exhibición en vitrina’ que trivializa la vida animal y la convierte en capricho”, agregó.
Chucho Sesma señaló que ciudades y países como Francia y España ya han adoptado medidas contundentes. “Francia prohibió la venta de perros y gatos en tiendas desde el 1 de enero de 2024. España prohíbe la venta en tiendas y en internet, permitiendo sólo la compra a criadores registrados. Estas políticas reducen la oferta de animales de criaderos intensivos, desincentivan compras impulsivas y redirigen la demanda hacia la adopción responsable”, explicó.
Finalmente, Sesma Suárez llamó a avanzar en la capital hacia una legislación más justa. “Por coherencia normativa con la constitución, es preciso poner fin a la exhibición física de animales en tiendas, pues terminar con dichas prácticas que los hacen ser tratados como productos es hacer valer la ley y la palabra empeñada por la ciudad, además de avanzar hacia una sociedad más humana y responsable”, concluyó.
La senadora Virginia “Kikis” Magaña presentó en el Senado de la República una iniciativa que busca reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta para que los gastos veterinarios relacionados con la atención de animales de compañía puedan ser deducibles de impuestos.
“Propongo reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta para que los honorarios veterinarios se incluyan dentro de las deducciones personales. No estamos hablando de un privilegio, sino de un acto de justicia que reconoce que cuidar a los animales también es cuidar de la salud de las personas”, señaló la legisladora.
En México, cerca del 70% de los hogares tiene al menos un animal de compañía, lo que equivale a aproximadamente 25 millones de familias. Sin embargo, más del 40% de estos animales no recibe atención veterinaria regular, principalmente por razones económicas. Esta situación genera una carga significativa para quienes ejercen una tenencia responsable y limita el acceso a servicios esenciales como vacunación, esterilización y tratamientos médicos.
La iniciativa presentada establece que:
“Este Senado ya dio un paso fundamental con la reforma constitucional en materia de bienestar animal, que reconoce que los animales sienten, sufren y merecen protección. La iniciativa que hoy presento es la materialización de ese compromiso, porque de poco sirve una Constitución de vanguardia si no genera políticas públicas que mejoren la vida de las familias y sus animales de compañía”, finalizó.
Con esta propuesta, se da un paso más hacia un marco fiscal justo y sensible a las nuevas realidades sociales, donde el cuidado de los animales de compañía se traduce en beneficios para la salud, la convivencia familiar y la sociedad en general.