- La reforma busca garantizar que cualquier acto de violencia sexual contra menores sea atendido de manera inmediata y con pleno respeto a sus derechos
La diputada Celia Esther Fonseca Galicia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM), propuso reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a cualquier forma de violencia sexual, sin excepción por el ámbito donde ocurra ni por la investidura de quien la cometa.
Durante la presentación de su iniciativa, Fonseca Galicia, destacó que la propuesta parte de un principio fundamental, ningún espacio está por encima de la ley y ningún derecho puede ser utilizado como escudo para tolerar o encubrir delitos contra la niñez. En ese sentido, la reforma busca garantizar que cualquier acto de violencia sexual contra menores sea atendido de manera inmediata y con pleno respeto a sus derechos.
La propuesta establece la obligación expresa de notificar de forma inmediata a las autoridades competentes, tanto en materia de procuración de justicia como de protección de la niñez, cuando exista conocimiento de delitos cometidos contra niñas, niños o adolescentes.
Asimismo, se aborda de manera directa el tema del consentimiento, al dejar claro que en ningún caso el supuesto consentimiento de una persona menor de edad exime de responsabilidad penal, administrativa o civil a quien cometa un delito en su contra. La legisladora explicó que dicho consentimiento carece de validez jurídica cuando existe una relación de poder, autoridad o influencia moral o espiritual.
Durante su intervención, la legisladora subrayó que la violencia sexual infantil es una problemática que no admite ambigüedades ni silencios, y recordó que la mayoría de estos delitos se cometen por personas cercanas y de confianza, incluyendo entornos familiares, sociales, deportivos y también religiosos. Señaló que, pese a los avances legislativos, persiste una deuda histórica con la niñez que exige acciones firmes y claras.
La diputada Fonseca puntualizó que esta reforma no criminaliza creencias ni persigue instituciones religiosas, sino que protege personas y fortalece la legalidad, estableciendo responsabilidades claras para prevenir y sancionar la violencia sexual infantil, sin estigmatizaciones ni excepciones.
Finalmente, hizo un llamado a las y los legisladores a asumir la responsabilidad colectiva que implica legislar en favor de la niñez, recordando que cada caso no denunciado y cada agresor que evade la justicia representa una herida profunda para la sociedad.
- Aseguró que, con su circulación, se pone en riesgo no sólo la integridad de las mercancías, sino la vida de los operadores y la vida de todos los usuarios de los caminos del país.
Con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios de carreteras federales, así como de los propios conductores de vehículos de autotransporte de carga con dos o más remolques o semirremolques, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una propuesta para prohibir el uso de éstos para la prestación de servicios de autotransporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos.
Reconoció que si bien se trata de un sector imprescindible para el transporte de diversos materiales, así como para la economía del país, considerando que al cierre del año 2021, circulaban en nuestro país un millón 201 mil 53 vehículos al servicio del autotransporte de carga, no ha estado exento de sufrir carencias y pendientes.
Aseguró que estos pendientes no se han atendido debidamente o han sido pospuestos por diversos y condenables intereses, pero que su atención se ha convertido en urgente e incluso amenazante para la seguridad de los usuarios de carreteras y avenidas en todo el país.
Dijo que una de las omisiones que más controversia ha generado, además de que ha ocasionado accidentes desafortunados e incluso mortales, es el consentimiento o tolerancia de la circulación a lo largo y ancho de las vías generales de comunicación, de vehículos de autotransporte federal de carga llamados de doble remolque.
Explicó que si bien en el artículo 35 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se establece la obligatoriedad de la verificación técnica de las condiciones físicas y mecánicas de las unidades de autotransporte federal, en muchos casos no cuentan con las condiciones físico-mecánicas requeridas para su circulación segura, siendo en muchas ocasiones vehículos en malas o deplorables condiciones, llegando incluso a obsoletas.
Agregó que se suma la antigüedad promedio de la flota vehicular de carga en nuestro país, que es de 19 años, pero hay registro de unidades con una antigüedad de entre 38 y 50 años, sin contar además el posible error humano de quienes conducen estas unidades.
Señaló además que México es uno de los países que permite los mayores límites máximos de carga, ya que de acuerdo a las últimas reformas realizadas a la NOM-012, se permite una carga máxima para los doble remolque de 66.5 toneladas de carga, misma que puede ser excedida hasta las 83.4 toneladas, únicamente del peso de la carga, ya que a esto se debe agregar un peso aproximado de 30.4 toneladas de peso de la unidad vehicular.
Insistió en que sumando todas estas omisiones se pone en riesgo no sólo la integridad de las mercancías, sino la vida de los operadores, además de la vida de todos los usuarios de los caminos del país.
Puso como ejemplo lo sucedido el pasado 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en donde una pipa que no era de doble remolque, pero con una capacidad de carga de 49 mil litros de gas, explotó después de volcarse sobre su costado, dejando hasta el 28 de septiembre, un total de 31 muertos, 13 hospitalizados y 40 personas lesionadas.
Por ello, finalmente insistió en que por cuestiones de seguridad para transportistas, los productos que llevan, además de las personas que transitan junto a estas unidades, el uso del doble remolque debe de estar prohibido en todo el país.
- Hasta 25 mil trabajadores de la salud laboran como suplentes sin seguridad social ni antigüedad.
- La ASF ha señalado que el ISSSTE enfrenta un déficit estructural de personal y una creciente dependencia de suplencias sin regulación, dejando a miles sin derechos.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la Mesa Directiva, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objetivo de reconocer legalmente a las y los trabajadores suplentes del sector salud del ISSSTE y garantizarles derechos básicos como seguridad social, antigüedad y vacaciones.
El legislador del Partido Verde señaló que durante la emergencia sanitaria por COVID-19, miles de médicas, médicos, enfermeras, camilleros, personal técnico, administrativo y de apoyo laboraron como suplentes en hospitales y clínicas del ISSSTE para cubrir ausencias, ampliar turnos y mantener operativas áreas críticas. Sin embargo, su contribución no se ha traducido en derechos laborales.
Explicó que esta problemática llegó a su oficina mediante una carta enviada por personal suplente del ISSSTE en Yucatán, en la que se describe la falta de seguridad social, antigüedad, vacaciones y estabilidad laboral, así como la incertidumbre permanente sobre la continuidad del empleo.
Ramírez Marín subrayó que no se trata de casos aislados, sino de un fenómeno nacional derivado de un vacío legal. Aunque el ISSSTE cuenta con alrededor de 110 mil trabajadores de la salud, se estima que entre 18 mil y 25 mil laboran como suplentes bajo esquemas no regulados.
Recordó que esta situación ha sido señalada incluso por la Auditoría Superior de la Federación (ASF, Cuenta Pública 2019–2022), que señala que el ISSSTE enfrenta un déficit estructural de personal y una creciente dependencia de suplencias. Sin embargo, esta figura no está regulada en la LFTSE, por lo que miles de personas realizan funciones permanentes sin recibir derechos permanentes.
En ese sentido, destacó que la reforma propone adicionar los artículos 12 Bis, 12 Ter y 34 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para reconocer formalmente la figura del trabajador suplente y establecer un piso mínimo de derechos.
Agregó que, entre los beneficios que contempla su iniciativa se prevé la inscripción al ISSSTE tras acumular quince días laborados en un mes; el reconocimiento de antigüedad por cada día trabajado; vacaciones y prima vacacional proporcionales; así como el acceso a licencias médicas y de maternidad o paternidad, entre otros.
Además, se fija un límite de 24 meses para permanecer como suplente, obligando a la institución a regularizar a quienes hayan acumulado ese tiempo de servicio.
Finalmente, Ramírez Marín subrayó que la reforma no solo corrige una injusticia laboral, sino que fortalece al ISSSTE al reducir la rotación y preservar personal capacitado. “Quienes cuidan la salud de México merecen que México cuide la suya”, concluyó.