- Buscan blindar ecosistemas clave que frenan inundaciones, limpian el agua, combaten el cambio climático y sostienen actividades como la pesca, la agricultura y el turismo.
En respuesta a la emergencia ambiental derivada del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, el Partido Verde presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para fortalecer la protección de los humedales en el país.
La propuesta plantea incluir a los Sitios Ramsar como una nueva categoría de áreas naturales protegidas de competencia federal, lo que permitirá establecer mecanismos más claros de regulación, administración y manejo para su conservación, aprovechamiento sustentable, inspección y vigilancia.
Los legisladores explicaron que estos espacios son esenciales porque proveen servicios ambientales fundamentales como el control de inundaciones, la depuración del agua, la protección contra tormentas y la mitigación del cambio climático. Además, son hábitat de numerosas especies, incluidas aves migratorias, y sostienen actividades productivas como la pesca, la agricultura y el turismo.
En México, conforme al Inventario Nacional de Humedales de 2012, existen 6 mil 331 complejos de humedales en más de 9 millones 924 mil 624 hectáreas, equivalentes aproximadamente al 5 por ciento del territorio nacional.
A nivel internacional, el país forma parte de la Convención Ramsar desde 1986 y cuenta con 144 sitios inscritos, siendo el segundo país con mayor número de humedales protegidos bajo este esquema.
No obstante, los legisladores advirtieron que, más de la mitad de estos sitios carecen de un plan de manejo, lo que limita su protección efectiva. Enfrentan amenazas constantes como la contaminación, la sobreexplotación de recursos, la expansión urbana y las modificaciones a su entorno natural.
Por ello, proponen que, al ser reconocidos como áreas naturales protegidas, cuenten con declaratorias formales, programas de manejo y una coordinación clara entre autoridades y sectores involucrados.
Asimismo, se plantea que, si los Sitios Ramsar coinciden con otras áreas naturales protegidas, se respetarán las medidas de manejo ya vigentes, y además se incorpora la definición de humedales contenida en la Ley de Aguas Nacionales para evitar discrepancias normativas.
Las y los legisladores ecologistas destacaron que esta reforma permitirá fortalecer la conservación, protección y aprovechamiento sustentable de los humedales, contribuyendo a garantizar el derecho a un medio ambiente sano y al acceso al agua, reconocidos en la Constitución.
- México se encuentra entre los primeros cinco países de América Latina con más llamadas no deseadas y fraudulentas.
- Se busca frenar el acoso telefónico y garantizar el derecho a la privacidad de los ciudadanos.
La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el fin de prohibir las llamadas masivas automatizadas o robotizadas —también conocidas como robocalls— que diariamente afectan a millones de usuarios en el país sin su consentimiento.
En tribuna, la legisladora advirtió que México se encuentra entre los primeros cinco países de América Latina con más llamadas no deseadas y fraudulentas, con un promedio de 17 llamadas de spam al mes por usuario, lo que representa una afectación directa a la privacidad de millones de personas.
De acuerdo con datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en 2024 se contabilizaron 171 millones de llamadas no deseadas y 119 millones con fines fraudulentos, lo que refleja la necesidad urgente de reforzar el marco legal.
“La población está siendo acosada y su información personal utilizada sin control ni autorización, una práctica que invade la vida cotidiana y vulnera los derechos de los ciudadanos”, sostuvo.
Corona Nakamura indicó que su propuesta plantea adicionar una fracción XIX Bis al artículo 185 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para establecer como derecho de los usuarios a no recibir llamadas masivas automatizadas, con fines comerciales, publicitarios o propagandísticos sin su consentimiento expreso, estableciendo obligaciones claras para las empresas proveedoras de servicios telefónicos y las agencias de telemarketing.
La legisladora recordó que, a pesar de que desde el 2007 se instauró el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), implementado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dicho mecanismo ha resultado insuficiente. Entre 2007 y principios de 2024, se habían registrado un total de 3 millones 781 mil 105 números telefónicos para no recibir este tipo de llamadas.
Con esta iniciativa, el Partido Verde busca fortalecer la defensa de los derechos de los usuarios frente a prácticas invasivas que vulneran su bienestar. “Las llamadas robotizadas no solo representan una molestia constante, sino también un riesgo a la privacidad de las personas. Debemos garantizar que la tecnología se use para servir a la ciudadanía, no para invadirla”, afirmó Corona Nakamura.
En México, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia obstétrica durante su último parto. Frente a esta realidad, la Senadora por Guanajuato, Virginia Magaña Fonseca, junto con la senadora Jasmine Bugarín, presentó una iniciativa que busca combatir este problema desde el origen: cambiando la formación del personal médico, fortaleciendo la atención hospitalaria y actualizando la ley.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora señaló que la violencia obstétrica es una de las formas más normalizadas y menos visibles de violencia contra las mujeres en México.
“Estamos hablando de mujeres que, en uno de los momentos más vulnerables de su vida, fueron ignoradas, humilladas, intervenidas sin su consentimiento y despojadas de su dignidad”, expresó.
La iniciativa parte de reconocer que la violencia obstétrica no se reduce a casos aislados o errores individuales, sino que responde a un problema estructural que durante años ha limitado la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos.
Por ello, la propuesta plantea que no basta con castigar estas conductas, sino que es necesario transformar las condiciones que las permiten, prevenir que se repitan y garantizar una atención médica basada en el respeto y la dignidad.
La iniciativa contempla tres acciones principales:
- Reconocimiento legal de la violencia obstétrica. Se propone incorporarla de manera explícita en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como una modalidad específica de violencia institucional y de género.
- Reforma a la Ley General de Salud. Para establecer que la formación y capacitación del personal de salud incluya obligatoriamente contenidos en derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y atención ética, humanizada y libre de violencia.
- Reforma a la Ley General de Educación Superior. Para garantizar que estos contenidos se integren desde los primeros semestres de las carreras de ciencias de la salud y se apliquen durante prácticas clínicas, internado y servicio social.
“Cambiar la manera en que se enseña la medicina en México es intervenir en el origen mismo del problema. Es formar personal de salud como agentes éticos del cuidado, no como técnicos del cuerpo”, afirmó la senadora.
Virginia Magaña subrayó que esta iniciativa también responde a compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, en concordancia con recomendaciones de la CEDAW, el Comité DESC, la CNDH y criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Las mujeres merecen tomar decisiones reproductivas en un contexto de respeto, autonomía y dignidad. Merecen ser tratadas como sujetas de derechos y no como objetos de intervención médica”, concluyó.