Con el propósito de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incorpore dentro de su propia gobernanza empresarial una política explícita de aprovechamiento responsable de los recursos y reducción de sus impactos ambientales, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Partido Verde, presentó una iniciativa para incorporar en la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, una obligación para que la CFE y sus empresas filiales, gestionen integralmente los residuos de los que jurídicamente tengan el carácter de generadores.
Esto bajo una lógica que privilegie la prevención y minimización de su generación, su correcta identificación y separación, la recuperación de materiales, su valorización y aprovechamiento circular, la trazabilidad de su manejo y la disminución progresiva de aquellos residuos que finalmente deban ser destinados a disposición final.
Explicó que su propuesta parte de la idea ya incorporada en nuestra legislación de que un residuo no debe considerarse automáticamente como un material carente de utilidad, ya que determinadas corrientes pueden conservar propiedades físicas, químicas, materiales o energéticas que permiten incorporarlas nuevamente a procesos productivos, sustituir materias primas vírgenes o generar valor económico, siempre que sea ambientalmente adecuado, técnicamente factible, económicamente viable y jurídicamente permitido.
Detalló que en la Ley General de Economía Circular reconoce que los materiales deben mantenerse dentro de la economía durante el mayor tiempo posible y que, una vez generados los residuos, debe recuperarse su valor antes de recurrir a su disposición final, por lo que esta reforma debe entenderse como una medida de armonización con este nuevo marco jurídico nacional, y convierte un mandato general de economía circular aplicable a la Administración Pública Federal en una obligación corporativa concreta para la CFE.
Añadió que su propuesta precisa cómo debe materializarse dentro de su legislación especial: prevención y minimización; clasificación y separación; valorización, aprovechamiento circular; trazabilidad; reducción de la disposición final; objetivos; metas; indicadores; revisión por el Comité de Sostenibilidad y reporte al Consejo de Administración.
Explicó que la política de economía circular debe diferenciar claramente entre aquellas corrientes cuyo valor puede recuperarse y aquellas cuya peligrosidad exige prioritariamente su eliminación o tratamiento especializado. Detalló que si un residuo peligroso únicamente puede ser tratado por una empresa autorizada, esa obligación permanece intacta; si una corriente requiere plan de manejo, deberá mantenerlo; si la legislación local determina requisitos para residuos de manejo especial, éstos continuarán aplicándose; y los residuos radiactivos quedan fuera de la nueva disposición.
Finalmente, la senadora insistió en que la trascendencia de la reforma radica en que no se limita a ordenar que la empresa "maneje correctamente sus residuos", sino que plantea que CFE evite generarlos cuando pueda, que conozca y documente sus flujos, que conserve el valor de los materiales, que utilice materias primas secundarias cuando sea viable, que desarrolle mercados y alianzas para recuperar recursos, que reduzca progresivamente la disposición final y que mida públicamente su desempeño.
Con el propósito de reducir las demoras diagnósticas y asegurar la continuidad de la atención, desde la valoración inicial hasta el tratamiento y seguimiento que cada persona requiera en materia de endometriosis, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para incorporar, dentro de los servicios básicos de salud, la atención integral de la endometriosis y la salud menstrual digna, además de garantizar que los servicios se brinden con perspectiva de género, pertinencia intercultural, accesibilidad y evidencia científica, respetando la autonomía, privacidad y consentimiento informado.
Detalló que la endometriosis es una enfermedad crónica caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero, que afecta a cerca de 190 millones de mujeres en edad reproductiva, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.
Agregó que su diagnóstico puede tardar entre cuatro y doce años y durante ese periodo, el dolor y otras manifestaciones pueden interferir con la asistencia escolar, el trabajo y el bienestar emocional. Aseguró que la evaluación clínica y los estudios de imagen permiten iniciar tratamiento sin exigir confirmación quirúrgica en todos los casos.
La senadora hizo énfasis en que la educación sobre menstruación debe acompañarse de servicios capaces de valorar los síntomas y dar seguimiento. Explicó que uno de los propósitos de su iniciativa es que la información sobre salud menstrual contribuya a reconocer signos de alarma y se acompañe de una respuesta efectiva de los servicios: valoración clínica, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento.
Agregó que la atención integral deberá responder a las necesidades clínicas de cada persona, se incluye el tratamiento del dolor según sus mecanismos y repercusión funcional, la atención de la salud mental, la rehabilitación del piso pélvico y la valoración nutricional, cuando procedan, además de que la participación de distintas disciplinas permitirá atender las manifestaciones que requieran intervención especializada.
Dijo que en su propuesta se detalla que tratándose de niñas y adolescentes, la aplicación de estas medidas deberá observar el interés superior de la niñez, proteger su intimidad y respetar su autonomía progresiva.
También se plantea que la Secretaría de Salud incorpore esta atención como línea prioritaria de la política nacional de salud, mediante capacitación continua del personal, investigación y participación de personas usuarias y organizaciones, información y orientación, así como la ampliación progresiva del acceso a productos de gestión menstrual y a condiciones de higiene, agua, saneamiento y privacidad en establecimientos públicos de atención médica.
La Ciudad de México enfrenta un desafío ambiental que no puede seguir ignorándose, la aparición de toneladas de basura diariamente y un manejo insuficiente de los residuos que ponen en riesgo el entorno y la calidad de vida de millones de personas.
Ante esta situación, el diputado Javier Ramos Franco, vicecoordinador del Partido Verde en el Congreso llamó a fortalecer las medidas para reducir la generación de desechos y avanzar hacia una ciudad más limpia y sustentable.
El legislador señaló que la basura no desaparece cuando sale de nuestras casas; termina en calles, coladeras, barrancas y otros espacios naturales, donde puede provocar contaminación, obstrucciones y daños a los ecosistemas. Por ello, consideró indispensable impulsar una mayor separación de residuos, fomentar el reciclaje y promover la responsabilidad de ciudadanos, empresas y autoridades.
Javier Ramos Franco destacó que proteger el medio ambiente exige decisiones firmes y acciones permanentes, no solamente campañas temporales. También subrayó la importancia de fortalecer la educación ambiental y construir una cultura en la que reducir, reutilizar y reciclar sean hábitos cotidianos.
Finalmente, el legislador reiteró que el Partido Verde continuará promoviendo una agenda ecologista que coloque la protección de los recursos naturales en el centro de las decisiones públicas, porque una ciudad llena de basura no solo pierde su belleza, también pone en riesgo su salud y su futuro.