- Se busca incorporar el “trato digno y respetuoso a los animales” dentro de los contenidos ecológicos y formativos en todos los ciclos escolares, particularmente en el nivel básico.
Frente al avance de la crisis ambiental y la pérdida de vida silvestre, la senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa para incorporar en la educación básica contenidos relacionados con el trato digno y respetuoso hacia los animales, así como en la formación cultural de niñas, niños y jóvenes.
Corona Nakamura señaló que su propuesta plantea que las autoridades competentes promuevan la incorporación de contenidos ecológicos, desarrollo sustentable, mitigación y adaptación al cambio climático, protección ambiental y respeto hacia los animales en los diversos ciclos educativos.
Destacó que, según el World Wildlife Fund, desde 1970 ha desaparecido al menos el 70 por ciento de la fauna silvestre. Asimismo, señaló que, en materia de contaminación ambiental, una de las consecuencias más graves ha sido el calentamiento global, el cual, de acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, ha provocado un aumento de1.1 grados centígrados en la temperatura global respecto a la era preindustrial.
La senadora ecologista advirtió que México también enfrenta severas afectaciones ambientales derivadas de elevados índices de contaminación, emisiones de gases contaminantes, deforestación y deterioro del agua.
Dijo que de acuerdo a cifras del INEGI hasta 2018, al menos el 47 por ciento del agua disponible para consumo humano presentaba algún grado de contaminación. Además, se indica que en 2020 el país generó diariamente más de 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos.
Comentó que la educación debe convertirse en el principal mecanismo para transformar la relación de la sociedad con el medio ambiente y los animales, por lo que su iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente busca incorporar el “trato digno y respetuoso a los animales” dentro de los contenidos ecológicos y formativos en todos los ciclos escolares, particularmente en el nivel básico.
Expuso que actualmente la Ley General de Educación ya contempla principios relacionados con sostenibilidad, ciencias ambientales y combate al cambio climático, pero consideró necesario reforzar la enseñanza sobre protección animal desde las aulas.
Asimismo, recordó que en 2024 se aprobó una reforma constitucional en materia de protección y cuidado animal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de ese año, la cual establece que queda prohibido el maltrato animal y obliga al Estado mexicano a garantizar su protección y cuidado.
En ese contexto Corona Nakamura afirmó que el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de fortalecer el marco legal y fomentar una cultura de respeto hacia los animales desde la educación y la conciencia social de niñas, niños y adolescentes.
- La iniciativa plantea crear un Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua.
- La ciudadanía tendrá acceso más claro y oportuno sobre cantidad, calidad y uso del agua en México.
Ante el aumento de sequías, contaminación y conflictos por el acceso al agua en el país, el Partido Verde presentó una iniciativa para fortalecer el derecho a la información ambiental mediante la creación del Sistema Nacional de Información sobre Cantidad, Calidad, Usos y Conservación del Agua, con el fin de garantizar a la población acceso oportuno y confiable sobre la situación hídrica del país.
Los legisladores ecologistas señalaron que el acceso a la información es un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales y en la Constitución mexicana, por lo que resulta indispensable fortalecer los mecanismos de transparencia relacionados con el líquido vital.
Destacaron que el agua es un tema de seguridad nacional y un derecho humano, por ello contar con información veraz y accesible resulta indispensable para la población y para la toma de decisiones de las autoridades.
Asimismo, advirtieron que la falta de información sobre la situación hídrica ha provocado inconformidad y desconfianza ciudadana, como ocurrió durante la crisis en Monterrey en 2024, el desabasto de agua en los Pedregales de Coyoacán, la presencia de arsénico en Aguascalientes y la contaminación del agua en Benito Juárez, casos que generaron preocupación social y demandas de información pública.
En ese sentido, los legisladores explicaron que su iniciativa propone adicionar una nueva sección a la Ley de Aguas Nacionales para definir el funcionamiento y contenido del Sistema Nacional de Información sobre cantidad, calidad, usos y conservación del agua.
La plataforma integraría información estadística, geográfica y documental relacionada con el agua, incluyendo temas como recursos hídricos, infraestructura hidráulica, usos del agua, salud, medio ambiente, concesiones, sequías, calidad del agua y mecanismos de participación ciudadana.
Además, plantea reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para que las autoridades ambientales publiquen anualmente información relacionada con concesiones y asignaciones de agua, incluyendo volumen concesionado, consumo anual y remanentes por entidad federativa, municipio, alcaldía, población o localidad.
Las senadoras y los senadores del Partido Verde señalaron que estas medidas permitirán fortalecer la transparencia, mejorar la gestión hídrica y brindar mayor certeza a la población sobre la situación del agua en el país.
- La falta de infraestructura digital en viviendas amplía la desigualdad y limita el acceso de jóvenes a educación, tecnología y oportunidades de desarrollo.
- Más de 100 millones de mexicanos usan internet; 17% de la población aún permanece desconectada.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín presentó una iniciativa para reformar la Ley de Vivienda e incorporar la infraestructura digital habitacional como parte de los elementos que debe contemplar una vivienda digna y decorosa en México, así como establecer adecuaciones legales para que las viviendas cuenten con condiciones que permitan el acceso efectivo a servicios de telecomunicaciones y conectividad digital.
Explicó que el modelo actual de vivienda ya no puede limitarse únicamente a condiciones materiales como agua, drenaje o electricidad, debido a que la conectividad se ha convertido en una herramienta indispensable para el ejercicio de derechos fundamentales, el acceso a la educación, al empleo y a los servicios públicos.
Señaló que, aunque más de 100 millones de personas utilizan internet en México y cerca del 73 por ciento de los hogares cuentan con este servicio, persisten importantes brechas de desigualdad entre zonas urbanas y rurales. Además, alrededor del 17 por ciento de la población aún no utiliza internet.
Ramírez Marín advirtió que el acceso a internet continúa siendo desigual en el país, ya que las zonas urbanas registran niveles de conectividad superiores al 85%, mientras que en las áreas rurales el acceso apenas ronda el 68%; además, los hogares en situación de pobreza presentan niveles inferiores al 35%.
Dijo que la falta de infraestructura digital en las viviendas amplía las brechas educativas y laborales, particularmente entre jóvenes y estudiantes que enfrentan limitaciones para acceder a contenidos educativos, herramientas tecnológicas y oportunidades de desarrollo.
El legislador ecologista advirtió que esta situación profundiza desigualdades regionales y limita la competitividad económica de distintas zonas del país.
En ese sentido, indicó que su propuesta incorpora el concepto de "infraestructura digital habitacional” dentro de la Ley de Vivienda y establece que la Política Nacional de Vivienda deberá promover acciones que integren infraestructura digital en los desarrollos habitacionales y faculta al Gobierno Federal para emitir normas oficiales mexicanas con criterios técnicos en la materia.
También establece que las normas oficiales mexicanas en materia de vivienda deberán considerar criterios técnicos de infraestructura digital, además de prever coordinación con entidades federativas y municipios para garantizar condiciones de conectividad en futuras construcciones.