- Criminales se hacen pasar por personal de CFE, Pemex, Cruz Roja o cuerpos policiacos, para acceder sin violencia a los domicilios y cometer delitos.
Para cerrar el paso a delincuentes que se hacen pasar por funcionarios o empleados de servicios para robar, extorsionar o secuestrar, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para castigar con mayor severidad la venta ilegal de uniformes e insignias de instituciones públicas y privadas. La propuesta reforma el Código Penal Federal y busca frenar una práctica cada vez más frecuente utilizada por bandas criminales para ingresar a hogares y operar con total impunidad.
La legisladora advirtió que cada vez más grupos delictivos se hacen pasar por personal de empresas de servicios como CFE, Pemex, Telmex o de instituciones públicas como la Cruz Roja o cuerpos policiacos, para acceder sin violencia a los domicilios y cometer delitos.
“Estamos hablando de delincuentes que, por menos de dos mil pesos, pueden adquirir un uniforme y hacerse pasar por empleados de empresas como CFE, Telmex o cuerpos policiacos, generando un clima de vulnerabilidad e indefensión social”, enfatizó.
De acuerdo con cifras oficiales, tan sólo en 2023 se reportaron mil 694 robos a casa habitación en la Ciudad de México, de los cuales el 92 por ciento se cometieron sin violencia, aprovechando engaños como el uso de uniformes falsos. Además, este tipo de robo aumentó 9 por cientoen la capital y 6 por ciento en el Estado de México en el primer semestre del año pasado.
La iniciativa de la senadora Corona contempla reformas a los artículos 250, 250 Bis 1 y la adición del artículo 250 Bis 2 del Código Penal Federal, para imponer penas de hasta 12 años de prisión a quien comercialice, sin autorización, uniformes, insignias, gafetes o elementos que simulen pertenecer a cuerpos de seguridad o empresas prestadoras de servicios.
“Esta medida es urgente y necesaria para proteger a las familias mexicanas y cerrar el paso a un delito cada vez más frecuente y peligroso. No podemos permitir que el crimen organizado se aproveche de vacíos legales y de la venta libre de uniformes para delinquir con total impunidad”, subrayó la legisladora ecologista.
- La iniciativa busca homologar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
Con el fin de visibilizar y atender la violencia que sufren las mujeres en el espacio público y que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, garanticen la erradicación de la misma, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM).
De acuerdo con la diputada ecologista, Mayra Espino Suárez, promoverte de la iniciativa, que se aprobó con 26 votos a favor en dicho grupo de trabajo, la reforma tiene como propósito, homologar este ordenamiento con lo establecido en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que permite incorporar la perspectiva de género en la movilidad.
Otro de los objetivos, dijo, es que se visibilice la violencia de género y sus repercusiones en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas.
Al exponer los motivos de su propuesta, Espino Suárez resaltó que en 2020, México hizo derecho humano la movilidad por lo que, “ahora estamos ciertos de la importancia de incluir la erradicación de la violencia contra las mujeres, armonizando esto con la movilidad”
Añadió que “todas las mujeres, todos en general, pero en especial las mujeres, hacemos largos recorridos por motivos de cuidados a otras personas, trabajo, asuntos domésticos de la casa, todas las labores que implican movilidad y no hay nada más importante que asegurar que los tres órdenes de gobierno estén encargados de garantizar la erradicación de la violencia en estos trayectos que hacemos día con el día las mujeres”
La propuesta, que se turnó a la Mesa Directiva para su trámite legislativo, busca reformar el título del Capítulo III que dice: “De La Violencia en la Comunidad” para quedar “De la Violencia en la Comunidad y en el Espacio Público”.
Asimismo adiciona el artículo 17 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para añadir el concepto de “violencia en el espacio público”, el cual se define como los actos individuales o colectivos que generan violencia en razón de género y transgreden la integridad, dignidad y libertad de las mujeres al hacer uso de las vías y el espacio público, limitando su derecho a la movilidad”.
En tanto, la adición al artículo 17 Ter, establece que “Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán a las mujeres la erradicación de la violencia en el espacio público”.
- No se trata de un Big Brother, sino de justicia social para 15 millones de mexicanas y mexicanos sin acceso a Internet, afirman.
Senadoras y senadores del Partido Verde en el Senado de la República celebraron la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones, una reforma de fondo que garantiza el acceso universal al Internet en México y combate la desigualdad digital que aún excluye a más de 15 millones de personas en comunidades rurales e indígenas y zonas marginadas.
La senadora por Jalisco, Rocío Corona Nakamura, subrayó que esta reforma aprobada por la mayoría de las y los senadores actualiza el marco legal en telecomunicaciones, redistribuye el espectro radioeléctrico hacia sectores marginados y prohíbe la contratación de propaganda extranjera en medios.
Además, tiene como meta conectar a más de 15 millones de personas que hoy carecen de acceso a Internet, sobre todo en comunidades rurales de entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde alrededor de 15 mil localidades aún no cuentan ni con radio ni televisión.
Datos del INEGI revelan que, aunque el 73.6 por ciento de los hogares ya cuenta con conexión a Internet, persiste una brecha entre zonas urbanas y rurales. Mientras en las ciudades la cobertura alcanza el 86.9 por ciento, en las comunidades rurales apenas llega al 68.5 por ciento.
"Ante esta desigualdad, la nueva legislación busca cerrar esa brecha digital, modernizar el marco legal y garantizar una distribución justa del espectro radioeléctrico", destacó.
Por su parte, el senador Waldo Fernández González respaldó la aprobación de esta reforma que convierte al Estado mexicano en garante del acceso universal al Internet.
Asimismo, recalcó que millones de personas en México aún viven sin cobertura, sin posibilidad de hacer una denuncia, tener una consulta médica o acceder a la educación en línea. “Esta ley transforma la conectividad en una política social; no más exclusión digital, no más privilegios”, subrayó.
Fernández González aclaró que la ley incluye una comisión reguladora plural que vigilará el equilibrio institucional y que el espectro radioeléctrico sigue siendo propiedad de la nación. También defendió el requisito de identificación para adquirir chips, dada la alta incidencia de fraudes y extorsiones en el país.
En tribuna, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín desmintió las versiones que acusan a la nueva reforma en materia digital de instaurar un “Big Brother” en México. Señaló que los artículos 182 y 183, sobre localización geográfica en tiempo real, ya existían en la ley desde 2014 y fueron aprobados con el respaldo del PRI y el PAN.
Ramírez Marín explicó que el artículo 182 del dictamen deja claro que cualquier solicitud de geolocalización debe ser por escrito, fundada y motivada por una autoridad judicial, por lo que advirtió que los intentos por desinformar solo buscan sabotear un avance histórico para el país.