- Busca tipificar como delito grave la usurpación de funciones médicas y sancionar a "escuelas patito" que impartan estudios sin validez oficial
El diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa para combatir el ejercicio ilegal de la medicina en México, mediante reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para establecer penas de hasta ocho años de prisión a quienes ejerzan funciones médicas sin la debida certificación.
El legislador señaló que "la salud de los mexicanos está en riesgo por una práctica que lamentablemente se ha vuelto común: la usurpación de funciones médicas. Cada día escuchamos de clínicas o consultorios donde se realizan tratamientos quirúrgicos o estéticos sin contar con la preparación, la certificación o la autorización correspondiente".
La iniciativa, construida en colaboración con la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER), busca específicamente sancionar con 4 a 8 años de prisión a profesionales de la salud que ofrezcan servicios médicos sin contar con los estudios profesionales en la materia.
Otras de las acciones incluidas en la propuesta está el penalizar la realización de intervenciones quirúrgicas que requieran especialidad sin contar con la certificación correspondiente y establecer sanciones para médicos que invadan funciones o especialidades en las que no estén debidamente acreditados.
Núñez Aguilar, también propone regular las "escuelas patito" que imparten estudios de medicina sin el Reconocimiento de Validez Oficial de la SEP.
"No podemos permitir que quienes no tienen formación profesional, ni cédula médica intervengan en la salud de las personas. Tampoco que un médico invada áreas o especialidades para las que no está autorizado. Cada profesión médica implica años de estudio, práctica, certificación y ética", afirmó.
El legislador destacó que esta reforma obliga a que toda intervención quirúrgica o de especialidad sea realizada únicamente por médicos certificados y debidamente registrados ante las autoridades competentes, además de establecer que la emisión de diplomas de especialidades médicas corresponde únicamente a instituciones oficialmente reconocidas.
"La salud es un derecho humano que no admite improvisaciones. La confianza de los pacientes debe ser protegida por la ley. Y la ética médica debe ser el escudo que preserve la vida, no un negocio sin control ni respaldo académico", concluyó.
- La protección de los animales no es solo una opción moral, es una obligación jurídica respaldada por nuestro Código Civil, dijo
La diputada animalista Elvia Estrada Barba celebró que, a partir de hoy, la Ciudad de México haya reafirmado su compromiso con el bienestar animal al reconocer a los animales en el Código Civil local como seres vivos con la capacidad de sentir y sufrir, por lo que merecen un trato digno y respetuoso.
Luego de la publicación en la Gaceta Oficial de la capital del país de la reforma al artículo 855 BIS del Código Civil local presentada por Estrada Barba el pasado 8 de octubre de 2024, todos los capitalinos están obligados a respetar la vida de los animales y velar por su bienestar, según las necesidades y características biológicas de cada especie, tal como lo mandata la Constitución Política de la Ciudad de México.
La congresista destacó que con estas disposiciones legislativas se concientizará a la ciudadanía sobre la tutela responsable y el reconocimiento de los animales como seres sintientes en el Código Civil local, en concordancia con lo establecido en el apartado B del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Finalmente, la también presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del poder legislativo local, Elvia Estrada Barba expresó su confianza en que las reformas publicadas ayuden a disminuir las cifras de maltrato animal que de acuerdo con datos de la PAOT, en 2024, de un total de 8 mil 359 denuncias ciudadanas ratificadas, el 50.4 por ciento fueron por maltrato animal.
- "La comida no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma", dijo
La vicecoordinadora de la bancada del PVEM del Congreso de la CDMX, Rebeca Peralta León solicitó a la titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, Araceli Damián González, que de manera coordinada con la Dirección General del Instituto de Reinserción Social, instale el "Come Móvil", en las afueras de los Centros Penitenciarios que hay en la capital del país, para garantizar el acceso a la alimentación de las personas que egresan de estos espacios.
Al presentar el punto de acuerdo por el que hizo dicha petición, la legisladora del Partido Verde informó que en la Ciudad de México, más de 25 mil personas están privadas de la libertad y se encuentran recluidas en 13 centros penitenciarios, y se estima que diariamente obtienen su libertad entre 200 y 300 personas, "mismas que en algunos casos no cuentan con una red de protección que les ayude a terminar su transición a la convivencia en la sociedad y mucho menos para alimentarse".
"Hoy, la Ciudad cuenta con una red de comedores que prestan distintos servicios y atienden a poblaciones diversas, dentro de este programa, el gobierno local tiene comedores móviles que se trasladan por toda la ciudad para dar alimentos a las poblaciones prioritarias y es a través de ellos que buscamos se otorguen alimentos a las personas que son liberadas de los centros de reclusión de la capital del país", indicó la también vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del poder legislativo local.
Finalmente, la diputada Rebeca Peralta recordó que el Pacto de San Salvador y otras disposiciones internacionales obligan a los estados a disminuir y erradicar el hambre; "y nuestra Ciudad, en su artículo 9 reconoce el derecho de toda persona a la alimentación".